Rafael Monterde, gerente de Las Naves. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El borrador de la auditoría de Las Naves sobre la legalidad de sus procesos de selección y contratación ya está sobre la mesa y no son todo buenas noticias. El informe, realizado por Iberaudit Kreston FRP, recoge salvedades que van desde el fraccionamiento de contratos a subidas de sueldo y contrataciones de las que no se ha presentado justificación alguna.
En febrero del año pasado el concejal de Innovación del Ayuntamiento de València, Jordi Peris y el gerente de Las Naves, Rafael Monterde, proponían realizar esta auditoría para despejar dudas tras la acusación de realizar procesos de contratación ad hoc para personas vinculadas con València en Comú. No hay reproches sobre las doce contrataciones en 2016 a través de Inndea, que según recoge la auditoría el procedimiento fue publicado en la web cumpliendo con la legalidad. Sí que señala a Crea, de cuya fusión con la anterior se consolidó la marca de Las Naves.
Por un lado, no se le facilitó a la auditora el informe que justificaba la necesidad de contratación de personal y tampoco ha recibido la documentación justificativa relativa a los cambios de categoría y aumento de retribuciones salariales. En 2016, a pesar de que se reserva un 7% de las ofertas de empleo público a personas con discapacidad, la Fundación tampoco no tiene contratado a ningún trabajador de estas características.
Durante el año pasado, numerosos trabajadores vinculados con Partido Popular fueron despedidos y se registraron indemnizaciones por importe de 261.426,32 euros -184.549,59 euros de la Fundación Inndea y 76.875,73 euros de Fundación Crea-, una cantidad considerable teniendo en cuenta que el presupuesto total de Las Naves es de algo más de tres millones. Las retribuciones del director gerente, Rafael Monterde, alcanzaron un importe de 58.999 euros, cantidad. según la auditoría, superior a la estipulada en el artículo 21 de la Ley 48/2015, si bien y por analogía con la legislación autonómica, la cantidad no supera el importe establecido para altos cargos de la Generalitat.
"Hemos comprobado que existen importes acumulados en los modelos 347 en los tres últimos ejercicios superiores a 18.000 euros, porque se han suscrito contratos menores sucesivos, en los que se supera dicho importe, por lo que deberían haber seguido un procedimiento negociado sin publicidad", señala el documento.
Existen proveedores y acreedores con los que se han suscrito contratos menores sucesivos para la prestación de servicios y que responden a necesidades de carácter recurrente, periódico o permanente que en algunos casos puede ser contrario a la normativa legal y que insisten en que no es la fórmula más adecuada. "Es un caso de fraccionamiento de contratos sucesivos, que se renuevan periódicamente, con el mismo o similar objeto, por lo que no se cumple lo dispuesto en el art.86 del TRLCSP".
Además, la auditora refleja en el informe que no se ha puesto a su disposición documentación relacionada con la adjudicación, los términos de contratación o la resolución de adjudicación de algunos de los contratos. También se destaca que han verificado que existen proveedores y acreedores que no figuran en la relación de expedientes de contratación y que deberían constar. Con todo esto, la gerencia de Las Naves se comprometió a solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores para todos los contratos superiores a 6.000 euros.
Entre las recomendaciones de la auditoría se pide que los procesos de selección de personal cumplan lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 7/2077, que realicen expedientes de contratación para los contratos artísticos y que para todas las contrataciones se realice un proceso de selección.
En 2016 tampoco cumplió con todo lo respectivo a la transparencia. "Hay que indicar que la entidad no cumple con toda la información que debe publicar en su portal web respecto a lo establecido en los artículos 18 a 23 del Reglamento", recoge el documento y señala que la Fundación no remite en plazo la obligación anual de suministro de información a la corporación local.
Hace unas semanas, Valencia Plaza, recogía a través de una conversación con el concejal de Innovación, Jordi Peris. Acusaciones de "mobbing y extorsión" por parte de empresas adjudicatarias, malestar de algunos trabajadores del complejo o la salida forzosa de algunas asociaciones han lastrado la relación con algunos agente que habían sido una parte importante de la organización. A esta se suma la contratación a dedo de la asociación dirigida por la hermana de una de las trabajadores que fueron incorporadas con la nueva dirección.
La salida forzosa de algunas de las asociaciones que hasta ahora tenían su sede allí, la conversión de las salas de ensayo y biblioteca en salas multiusos y de trabajo y el cartel de 'cerrado' desde diciembre en su teatro están lastrando un proyecto que, explica el edil, es "bueno" pero puede no estar siendo comunicado bien.
