A mediados de los años ochenta se creaba por la Generalitat Valenciana (GVA) el Instituto valenciano de la mediana y pequeña empresa (IMPIVA) cuyo principal objetivo era ayudar a nuestras empresas a incorporar de todo tipo de inputs intangibles (calidad, diseño, cumplimiento de normas técnicas internacionales, formación especializada, etc.) necesarios todos ellos para transformar un modelo productivo mayoritariamente basado en estrategias competitivas de bajo coste salarial, y, por tanto, de precios bajos, a uno fundamentado en el alto valor añadido y la diferenciación del producto.
Pero para que ello fuera posible, no bastaba con facilitar ayudas bajo demanda, en forma de subvenciones, aunque ello resultara necesario. Con un tejido productivo formado por empresas de muy pequeño tamaño, sin posibilidad de obtener economías de escala, se hacía imprescindible disponer de un conjunto de infraestructuras de servicios avanzados en el núcleo mismo del territorio en donde se ubicaban las principales aglomeraciones industriales (Calzado, Juguete, Textil, Agroalimentaria, Mueble, Cerámica, etc.) de manera que las empresas, del tamaño que fueran, pudieran disponer de todos aquellos servicios intensivos en conocimiento, laboratorios de ensayo y tecnologías relevantes para el sector, a menos de 10 km. de la puerta de sus fábricas. Así nacieron los llamados Institutos Tecnológicos (IITT), bajo la forma de Asociaciones de Investigación, fruto de la cooperación público-privada, aunque financiados por completo en sus inicios por la GVA y los fondos europeos.
El éxito de los IITT es muy fácil de medir si consideramos que, entre 1988 y 1993 que son los años de consolidación de la red, ya se alcanzaron las 2.500 empresas asociadas (pronto llegarían a las 7.000), contribuyendo éstas desde entonces a la financiación privada de aquellos, cosa que ex ante hubiera sido completamente imposible. Pero hay otros indicadores positivos de relevancia, como por ejemplo el hecho constatado de que las devoluciones de productos, a causa del incumplimiento de normas técnicas internacionales, cayeran en picado, que la cultura de la calidad arraigara incluso en las pequeñas empresas manufactureras, o que el diseño pasara a ser un componente generalizado de la competitividad de éstas.
Naturalmente, ahora nadie cuestiona ni la utilidad, ni la importancia estratégica que una red como la de Institutos tecnológicos (REDIT) tiene para la innovación y la mejora competitiva de nuestras empresas; pero no siempre fue así, y desde luego no fue así en sus orígenes. Con una patronal politizada en extremo, una oposición beligerante hasta cotas inimaginables, y la inapreciable contribución de ciertos medios de comunicación, empeñados en que nada que tuviera que ver con el mundo de la empresa y viniera de un gobierno progresista tuviera éxito, sólo la firmeza de la GVA y el apoyo implícito de la base empresarial directamente concernida por unas políticas que (ellos no dudaban) iban a su favor, permitió culminar el proceso con éxito.
Si he de ser sincero, todo hubiera sido más fácil, más rápido, y más potente, si aquella política hubiera sido considerada desde el principio como una auténtica Política de Estado, como se pretendió desde el inicio. Pero, como suele ocurrir por estos lares, aquí lo importante no fue nunca qué se hace, sino quién lo hace. Y, claro, así nos va.
Ahora, tras 20 años casi en blanco en materia de políticas de innovación, con una productividad de nuestras empresas que no alcanza para pagar más de 20.000€ de media a nuestros trabajadores, con la globalización instalada en las puertas de nuestras fábricas y en las calles de nuestras ciudades, con un cambio tecnológico de proporciones aún desconocidas, y con la economía del conocimiento llamando a las puertas de todas las actividades susceptibles de desembocar en un mercado que, por otra parte, es cada vez es más único, no debiera ponerse en duda, otra vez, la necesidad perentoria que tenemos de generar una nueva política de innovación, mucho más ambiciosa que en el pasado, capaz de movilizar todo el conocimiento disponible en el territorio para ayudar a nuestras empresas a competir en las nuevas condiciones propias del S. XXI, y contribuyendo así a definir nuestras propias estrategias de desarrollo en medio de la enorme incertidumbre en la que todos estamos inmersos.
Pero, naturalmente, para que ello sea posible, resulta necesario, no solo un alto grado de consenso, sino también la participación activa de los diversos actores económicos, sociales, científicos, tecnológicos y políticos en torno a un diagnóstico y una estrategia compartida por todos.
Y aquí es donde estamos ahora. Durante un año, el Consell Valencià de la Innovació, en el marco del nuevo modelo productivo que el Consell de la GVA pretende impulsar, ha estado trabajando en la definición de dicha estrategia, contando con todos los “productores” y “usuarios” de conocimiento disponibles en la Comunidad valenciana (organizaciones empresariales, sindicatos, universidades, CSIC, Red de Institutos Tecnológicos y administración de la GVA). Un proceso en el que participaron alrededor de dos centenares de empresarios, técnicos sindicales, científicos, tecnólogos y profesionales, y que culminó exitosamente con la aprobación unánime del anteproyecto de creación de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) que ahora va a ser sometido a la correspondiente tramitación parlamentaria por Les Corts.
De nuevo, la propuesta de creación de la AVI, tiene la clara pretensión de ser un instrumento de Estado al servicio de la economía de la Comunidad Valenciana en su conjunto, y no de uno u otro gobierno, como se demuestra palpablemente en la propia composición de su comité de dirección, en el que se incluyen todos los representantes de las instituciones arriba indicadas, y no solo de la administración. Como se demuestra también proponiendo que su dependencia funcional directa sea de la Presidencia de la Generalitat. Y como se demuestra, en fin, exigiendo que la persona responsable de su dirección requiera el visto bueno de, al menos, 2/3 de los miembros de Les Corts Valencianes y su mandato sea de 5 años, aislándole así del “ciclo electoral”.
Confiemos en que, esta vez sí, el consenso alcanzado por todos los actores económicos, sociales, científicos y tecnológicos, encuentren en los responsables políticos que los representan la más que deseable unanimidad, con el fin de transformar esta generosa iniciativa del gobierno de la GVA, en un proyecto compartido por todos. Podría ser una oportunidad de oro para demostrar que la política valenciana, también en este caso, es capaz de recoger las aspiraciones colectivas más esenciales y convertirlas en acciones positivas que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.
Naturalmente, podemos no hacerlo, y retroceder a la casilla de salida, pero entonces será, de nuevo, una oportunidad histórica perdida. Y la pregunta es ¿quién acabará pagando el coste de tamaño desacuerdo?
