VALÈNCIA. La magnitud de las lluvias del pasado 29 de octubre estuvo fuera de lo normal y su acumulación en la zona baja de los barrancos provocó las devastadoras inundaciones que se cobraron la vida de 223 personas en múltiples municipios de la provincia de Valencia. El suceso, sin embargo, llegó cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tenía pendientes desde hacía lustros diferentes obras en los barrancos y de nuevos cauces. Actuaciones que se ha comprometido a llevar a cabo, tal como trasladó a los alcaldes este jueves.
Sin embargo, la gran avenida de agua ha hecho que el organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se haya propuesto volver a evaluar aquellos planes y obras pendientes todavía para plantear un aumento de las capacidades en cauces y barrancos, y conseguir así que puedan canalizar mayor cantidad de agua. Todo ello a modo de preparación y de cara a futuros temporales, que se dan por sentados.
Así lo explicaron a este diario fuentes presenciales en el encuentro de este jueves entre alcaldes de municipios afectados por las inundaciones y el equipo de la CHJ, dirigida por el presidente, Miguel Polo. En el organismo estatal confirmaron esta predisposición y expusieron que "se están reestudiando los proyectos que están por aprobar para ver si es posible aumentar la capacidad de desagüe hacia el nuevo cauce respecto a la que tenían en principio", todo "a la vista de este episodio" de lluvias.
El Plan Sur, que supuso la construcción del nuevo cauce del Túria bordeando la ciudad de València, previó en su momento un caudal máximo de más de 4.000 metros cúbicos por segundo, y en esta ocasión llegó a portar picos de hasta 2.000 metros cúbicos por segundo, mientras que en el barranco del Poyo se registraron picos de hasta 1.800.
Cabe recordar que el plan de la Confederación para la zona afectada por el desbordamiento, autorizado en 2009 por la Dirección General del Agua del Ministerio, tenía un importe total estimado de 221,4 millones de euros y cuenta con siete proyectos diferentes. Se trata de obras que los municipios hacía años que venían reclamando al Gobierno central. Y de ellos, son tres los más avanzados, cada uno en diferente situación de tramitación, incluidos ya en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación.
Los siete proyectos son: una vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia y la adecuación del barranco del Poyo entre el acueducto Júcar–Turia y Paiporta; el drenaje del barranco de La Saleta a su paso por Aldaia y Quart de Poblet; una vía verde del barranco Pozalet entre la zona verde inundable y el barranco de la Saleta Quart de Poblet; la adecuación del barranco Pozalet entre Loriguilla y la zona verde inundable; la adecuación del barranco Poyo y afluentes entre el cruce con la A-3 y el acueducto Júcar–Turia; la restauración forestal de la cuenca alta del barranco del Poyo y las correcciones hidrológicas en la misma zona.
Uno de los proyectos avanzados, como informó en su momento Valencia Plaza, consiste en la adecuación del barranco de la Saleta en el tramo comprendido entre Aldaia y el nuevo cauce del río Túria. Este plan, cuya redacción se encargó en 2021, abarca no solo el acondicionamiento del barranco entre la autovía A-3 y la CV-33, sino también la construcción de una conducción subterránea de 3,5 kilómetros bajo los municipios de Aldaia y Alaquàs, así como la continuación de la canalización mediante una vía verde que conectará Alaquàs y Xirivella hasta llegar al Túria.
La CHJ informó que el proyecto "ha sido adaptado" y actualmente se encuentra "en la fase final de la tramitación ambiental simplificada", iniciada en agosto de 2022. Aunque inicialmente el presupuesto se estimó en 26 millones de euros, "la adecuación y el cumplimiento de todos los condicionantes técnicos, ambientales y sociales en busca de un mayor consenso han generado un aumento significativo en el coste", que ahora alcanza los 90 millones de euros.
El organismo destacó que "no se pudo avanzar en el proyecto" hasta contar con el informe de la Generalitat Valenciana, emitido el 23 de julio de 2024, el cual exige la elaboración de un estudio de integración paisajística que deberá ser aprobado por esta misma administración. A pesar de los retrasos, según fuentes presenciales, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, expresó su esperanza de licitar las obras en 2025, siempre que no surjan nuevos contratiempos.
Otro de los proyectos destacados es la vía verde que conectará el barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Túria, lo que implicará la construcción de un nuevo cauce que enlazará el barranco con el Plan Sur antes de alcanzar Paiporta, abarcando una extensión de 2,1 kilómetros. La redacción de este proyecto fue encargada por la Confederación en octubre de 2021 a una consultora. Aunque inicialmente se valoró en 35 millones de euros, fue necesario ajustarlo "al nuevo marco legal y a los nuevos condicionantes", ya que la propuesta original databa de 2010, según explicó este jueves la CHJ.
Como ya había señalado el organismo, el proyecto presentaba conflictos con la Ley valenciana de l'Horta, aprobada en 2018 durante el gobierno de Ximo Puig. Esta normativa establecía la protección "sobre determinados terrenos afectados por las obras". Ante dicha "incompatibilidad", el organismo comunicó a los alcaldes este jueves que se ha diseñado "una solución compatible" para la zona conocida como "Pla de Quart".
El plan plantea ahora "una actuación blanda" combinada con una "restauración ambiental", con el objetivo de reducir el riesgo de inundación para periodos de retorno bajos. Además, "deberá completarse con soluciones compatibles con las nuevas restricciones derivadas de aquella protección". A pesar de estas limitaciones, el actual Ejecutivo autonómico, liderado por Carlos Mazón, ha anunciado que modificará la Ley de l'Horta para facilitar las intervenciones destinadas a mitigar los riesgos de inundaciones.
Un tercer proyecto se centra en la restauración fluvial y la ampliación de las áreas de laminación en el barranco del Pozalet, con actuaciones previstas entre la A-7 y el polígono industrial de l'Oliveral. Este plan tiene como objetivos integrar el entorno natural del barranco, mejorar su capacidad de laminación, restaurar las riberas, optimizar la continuidad tanto transversal como longitudinal del cauce y combatir los problemas de contaminación. Además, permitirá disminuir los riesgos de inundación para avenidas con un período de retorno de hasta 10 años.
En relación con este proyecto, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informó que la finalización de la redacción del mismo depende "del visto bueno de la solución por parte del Ayuntamiento de Riba-Roja".