La clase política, dividida por la venta del Banco Popular

MADRID (EP). El PSOE cree que la venta del Banco Popular por 1 euro al Banco Santander puede costar 1.800 millones de euros por la contabilización de créditos fiscales con el aval del Estado, que en el caso de la entidad financiera liquidada ascendió a esta cantidad. Así lo ha manifestado el portavoz económico de esta formación en el Congreso, Pedro Saura, durante la comparecencia del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, para explicar la resolución de venta del Banco Popular.

Refutando el argumento de que la operación no tendrá coste para el contribuyente, Saura ha asegurado que "el Popular va a tener un coste al erario público" y le ha recordado la modificación del Impuesto de Sociedades para que las entidades financieras pudieran contabilizar los créditos fiscales como capital regulatorio.

"Estos créditos tendrían el aval del Estado. Estamos hablando de en torno a 40.000 millones que en el caso del Popular podrían ser de 1.800 millones", ha apostillado Saura, que ha señalado que los supuestos para "monetizar" estos créditos son las pérdidas contables o insolvencia judicialmente declarada. "La primera de las causas, en 2016, es evidente, luego el Banco Popular va a tener un coste que puede llegar hasta 1.800 millones. Si es así, nos ha engañado doblemente", ha dicho.

Saura ha criticado al ministro por "no haber inspirado soluciones durante los últimos cinco años", tildando esto como un "gravísimo error". "¿Cómo se mantiene durante cinco años un banco zombi?", se ha preguntado, afeando que, si el Popular tenía un problema de exposición al crédito inmobiliario, la decisión de no desplazar esos créditos respondió a una actitud de "mirar a otro lado". Asimismo, ha recordado que el Popular superó el examen de calidad de sus activos y las pruebas de resistencia hace menos de un año, y que sus fondos propios han pasado de casi 11.000 millones a, según su auditor, en el peor de los casos, casi 2.800 millones de euros, por lo que ha tildado de "pésimo" el "papel de los gestores.

A través de una metáfora cinematográfica, Unidos Podemos ha comparado la evolución del Popular como una mezcla de 'El sexto sentido', "pero en versión Berlanga", pues ha recordado que el propio De Guindos defendió la solvencia del banco en abril. "Bruce Willis estaba muerto y no se había enterado o no quería que nos enteráramos", ha espetado el portavoz de Economía, Alberto Montero.

El diputado de Podemos ha señalado que la valoración de la Junta Única de Resolución, mecanismo comunitario a través del cual se decidió su venta, debe de ser económica y financiera y no únicamente contable. "Solo un euro responde solo a criterios de contabilidad", ha dicho, recordando que otra "situación paradójica" es que el precio fuera sólo de un euro cuando el valor económico y financiero llegaba a ser negativo. "Lo que han hecho es un deterioro en Bolsa para acabar convenciéndonos de que el banco era inviable", ha aseverado, subrayando que el patrimonio neto del Popular es positivo y que éste "permitirá atender a nuevas previsiones y otros gastos extraordinarios derivados de su absorción".

Así, cree que la anunciada ampliación de capital del Santander de unos 7.000 millones de euros "no es para cubrir un boquete", sino para aprovisionar los requisitos de capital "que su nueva dimensión exige". "Lo que han hecho es entregar el Popular al Santander a precio de saldo", ha resumido, argumentándolo con la rentabilidad prevista de la operación, un 20% "si las cosas van bien". "Esto tiene nombre en España: un pelotazo", ha dicho.

¿Pelotazo?

"Han facilitado un pelotazo con la adquisición. Si no, ¿a cuenta de qué no prohíbe la CNMV las venta de acciones como en el Liberbank? ¿Lo han aprendido hace dos días?", ha dicho Montero, que ha reclamado que Bankia "se mantenga como banca publica para garantizar lo que estas entidades (en referencia a las privadas) no van a poder hacer". Ésta idea ha sido rechazada por parte de Ciudadanos, cuyo portavoz de Economía, Toni Roldán, considera un "éxito" que no haya habido dinero público en la operación, tampoco en el caso de Bankia. "No sé si no han tenido suficiente", ha dicho, respondiendo a Montero.

En todo caso, se ha preguntado por cómo, después de pasar los controles de los reguladores europeos "con holgura", se haya llegado a esta situación, por lo que ha reclamado al ministro saber "qué están haciendo mal los reguladores". Asimismo, ha reclamado que, cuanto antes, impulse la separación de la CNMC, instaure un sistema de nombramiento "meritocrático", y establezca una autoridad independiente de protección al consumidor que permita desarrollar un "control más exhaustivo".

Por parte de Esquerra Republicana, Ester Capella ha criticado que el banco no tuviera un problema de solvencia, sino que carecía de capital necesario, pues contaba con patrimonio, lo que deduce "una transferencia de riqueza al nuevo accionista". Así, ha hecho referencia a que con la absorción, el 70% de la cuota de mercado "queda en manos de los cinco grandes grupos". "No le pediré la dimisión porque pedir la dimisión de un ministro es un oxímoron, ¿pero por qué dijo que era solvente?", ha dicho Capella, concluyendo con un deseo: "Váyanse todos a sus casas".

La portavoz de Economía del PNV, Idoia Sagastizabal, ha criticado que la CNMV se quedara "dormida", pues cree que "debería de haber tenido una actuación preventiva" y "prohibir las ventas a corto plazo", mientras que Ana Oramas, de Coalición Canaria, se ha interesado por la retirada de fondos de las administraciones públicas y en qué medida pudo afectar a su falta de liquidez. Asimismo, ha dicho que sí que existirá un coste para el contribuyente con la liquidación del banco, pues corren en riesgo 3.000 puestos de trabajo y también pensionistas que tenían ahorros en acciones del banco han perdido su dinero.

A vueltas con la supervisión

Por su parte, el Partido Popular ha esgrimido que no era al Banco de España al que le correspondía la supervisión de la entidad, sino al Banco Central Europeo (BCE) a través del Mecanismo Único de Supervisión. "En cualquier caso, la actuación del BCE en cuanto a exigencias de solvencia y de capital, han sido rigurosas", ha defendido la diputada 'popular' Teresa Palmer. Así, ha asegurado que se requirieron mayores niveles de capitalización y una cobertura de activos cada vez más elevada, y que estos requisitos se estaban cumpliendo, siendo, ha dicho, "solvente hasta el mismo día de su venta".

Por otro lado, ha aseverado que su depreciación "no tuvo que ver con sus niveles de contabilidad ni de solvencia", sino por la "pérdida de confianza de sus clientes". "El principal activo de un banco es la confianza, el cemento de cualquier entidad financiera", ha subrayado. Asimismo, ha diferenciado las actuaciones del Gobierno español e italiano respecto a las actuaciones con sus entidades financieras, defendiendo la "solución rápida y efectiva" del Ejecutivo de Mariano Rajoy, frente a las inyecciones de liquidez en el Monte Paschi, algo que se ha reflejado en la evolución de la prima de riesgo. "Algo se ha hecho bien", ha dicho.