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asesoramiento financiero

La CNMV aplicará las requisitos de idoneidad de la MiFID II desde marzo de 2019

21/12/2018 - 

MADRID (EP). La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comenzará a aplicar las directrices de la Autoridad Europea de valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) relativas a los requisitos de idoneidad de MiFID II sobre las entidades que prestan servicios de asesoramiento financiero o gestión de carteras a partir del 7 de marzo de 2019. Así lo ha notificado este viernes el supervisor nacional a la autoridad europea, mostrando su intención de cumplir con las directrices y requerimientos que establece la nueva regulación de los mercados.

Estas directrices actualizarán las existentes en materia de idoneidad (publicadas por ESMA en 2012) con el objetivo de adaptarlas a las modificaciones introducidas por MiFID II y de proporcionar detalles adicionales. También se recogen criterios específicos en relación con la prestación de un servicio automatizado.

En relación a la toma de decisiones en el proceso de emisión de recomendaciones o gestión de carteras, se desarrollará la obligación de evaluar si otros instrumentos financieros equivalentes pueden ajustarse mejor al perfil del cliente, teniendo en cuenta el coste y la complejidad de cada producto. Así, establecerá la adopción de políticas y procedimientos que aseguren que, antes de recomendar un producto o adquirirlo para la cartera gestionada en nombre del cliente, se realice una amplia evaluación de las posibles alternativas de inversión.

Análisis de coste-beneficio

Se considerará que, de un solo tipo de producto, el cliente está siendo plenamente consciente de esta circunstancia, por lo que se tendrá que informar de tal situación. Para ofrecer un producto con mayor coste o complejidad, la entidad deberá ser capaz de justificarlo. Este tipo de decisiones deberán de estar documentadas y registradas, al tiempo que tendrán que ser sometidas a una especial atención por parte de la función de control de la entidad.

También se aborda la obligación de realizar un análisis de coste-beneficio cuando las entidades se planteen cambios de inversiones, de forma que sean razonablemente capaces de demostrar que los beneficios del cambio superan los costes. En este sentido, resultará oportuno recabar toda la información necesaria para evaluar las ventajas y desventajas de las nuevas inversiones consideradas.

Entre otros aspectos, las nuevas directrices también abordarán como buenas prácticas, y por primera vez, la consideración sobre las preferencias de los clientes por factores medioambientales, sociales y de gobierno, así como la importancia de implantar mecanismos que eviten que las entidades sobreestimen los conocimientos y experiencia de los clientes en temas financieros.

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