La colaboración público privada, clave del éxito de la atención a personas dependientes

VALENCIA. La  Comisión de Cooperación Público Privada de la Confederación Empresarial Valenciana  (CEV)  ha celebrado esta mañana la jornada “Buenas prácticas de la   cooperación   público  privada.  La  atención  de  la  dependencia en Castilla-León:  Un  modelo de éxito”, en la que han participado Carlos Raúl de  Pablos,  Gerente  de  Servicios  Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad  de  Oportunidades de Castilla y León, y Diego Juez, Presidente de la  Federación  de  Castilla  y  León  de  Residencias  de  la Tercera Edad (ACALERTE).

Ssegún ha informado la CEV en un comunicado, Castilla  y  León es la Comunidad Autónoma que mejor valoración media tiene en  la  aplicación  de  la  Ley  de Dependencia según el Observatorio de la Asociación Estatal  de  Directores y Gerentes y ello lo hace con el octavo puesto en cuanto al presupuesto destinado per cápita, 556 euros frente a la media nacional de 473.63, lo que demuestra que es "muy importante contar con recursos pero tanto o más realizar una gestión eficiente".

Según  ha explicado Carlos Raúl de Pablos, por cada millón de gasto público en  Castilla-León  se generan 49 puestos de trabajo; este mismo gasto en la Comunitat  Valenciana  genera  25  empleos. Raúl de Pablos y Diego Juez han destacado  que  las  políticas sociales de Castilla-León se enmarcan en los acuerdos  del  diálogo social y que el nuevo sistema de atención a personas mayores  se  ha  construido desde el acuerdo y consenso entre las entidades que  trabajan en el sector y la Administración.

Es un modelo que pone en el centro  de  la  actuación  la calidad del servicio y la colaboración de las diferentes administraciones, lo que permite avanzar desde la red actual de centros para cubrir las nuevas necesidades que van surgiendo. Por tanto, la negociación  y  el  diálogo han sido constantes para la puesta en marcha de este  modelo  consensuado, sostenible y de mejora constante de la atención.

Según  han  informado,  en  Castilla-León  transcurren 6 meses desde que se solicita la atención al dependiente hasta que es efectiva. En el caso de la Comunitat  Valenciana,  tal  y  como  se  ha  puesto  de  manifiesto  en el encuentro, este plazo se alarga dos, tres y hasta cuatro años.

En  la  apertura  de  la  jornada  ha participado Mercé Martínez, Directora General de  Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, que ha  explicado brevemente  las  líneas  en  las que se mueve actualmente la Consellería  de Igualdad y Políticas Inclusivas en materia de colaboración público  privada.  La clausura  ha  corrido  a  cardo  de María José Mira, Secretaria  Autonómica  de Modelo Económico y Financiación, que ha valorado la potencialidad del sector de servicios sociales para mejorar el bienestar de  la sociedad al tiempo que genera empleo estable, diverso, inclusivo, no deslocalizable y muy intensivo en mano de obra.