La comisión de investigación de la EMT se retomará el 27 de noviembre con tres empleados de Caixabank

VALÈNCIA (EP). La comisión de trabajo que investiga el fraude de 4 millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València se retomará el próximo 27 de noviembre con la comparecencia prevista de tres empleados de Caixabank.

Si no acudieran estos trabajadores de banca tras ser citados, les sustituirían cuatro trabajadores de la EMT, entre ellos la directora del Departamento de Finanzas de la EMT, la secretaria del comité de compras y responsable jurídica adjunta a la dirección gerencia, el director de recursos humanos y la de administración.

Posteriormente, para el 4 de diciembre, se ha fijado la declaración del director de Desarrollo de la EMT, dos administrativas del área de gestión y del secretario. El calendario continúa el 11 de diciembre con el director adjunto de la empresa pública, el presidente del Comité de Empresa, el viceinterventor del Ayuntamiento y el auditor jefe del consistorio.

En la sesión de la comisión de investigación celebrada este martes, estaba prevista inicialmente la comparecencia de la jefa de Gestión y de trabajadores de CaixaBank. No obstante, el banco comunicó que no irían sus empleados y, entonces, se decidió incluir a otros comparecientes previstos para otro día.

En concreto, para cubrir el hueco de los trabajadores de CaixaBank se incluyó a la directora del Departamento de Finanzas de la EMT y a la secretaria del comité de compras y responsable jurídica adjunta a la dirección gerencia. Pero, finalmente, ayer solo compareció María Rayón después de que la oposición se quejara de la modificación del calendario sin previo aviso.

Desde el PP subrayaron que no se había dado tiempo de preparar las nuevas comparecencias y pidió dejarlas para más adelante como en un principio se había programado.

Al respecto, en el receso hecho tras la comparecencia de la responsable de gestión, la concejala y consejera del PP en la EMT Marta Torrado criticó que "sin avisar", dado que "nos hemos enterado en el mismo momento en que hemos llegado" a la reunión, se había decidido "unilateralmente" adelantar comparecencias previstas para más adelante "de personal de la EMT" al no acudir los empleados del banco.

"Nos hemos negado porque no se nos puede avisar en el mismo momento. Hemos pedido que tras el receso decidamos las próximas comparecencias previstas y hacer una reformulación" del calendario.

En esta línea, la edil 'popular' resaltó que la decisión de adelantar comparecencias ayer se hizo "sin consultar con ningún consejero de la oposición, ni con Vox, ni con Cs ni con el PP".

Por su parte, la concejala y consejera socialista y presidenta de la comisión de investigación, Elisa Valía, señaló que se habían adelantado comparecencias para "aprovechar el tiempo" y cubrir así el hueco que dejaban en el calendario los trabajadores de CaixaBank que no acudieron.

"Se ha llamado a dos personas --más-- de la EMT para adelantar", dijo, al tiempo que explicó que el lunes por la tarde recibió un correo que no vio hasta el martes por la mañana en el que se le indicaba que no acudirían los representantes del banco a la comisión.

Sobre este asunto se ha pronunciado hoy miércoles la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha considerado que Compromís y PSPV "pretenden cerrar cuanto antes la comisión sobre el robo en la EMT tapando en falso toda una serie de irregularidades escandalosas y quitarse así de en medio este problemón".

Con estas palabras, Catalá ha cuestionado que ayer se aprobara un calendario "rápido" para la comisión y se pretendiera adelantar comparecencias que no estaban previstas y que, por tanto, no había sido posible preparar. Al respecto, ha manifestado que "todo esto es un signo inequívoco de que el Partido Socialista tiene ya las conclusiones redactadas y quiere que el temporal pase cuanto antes".

La portavoz 'popular' ha agregado que "el gobierno municipal quiere cerrar con rapidez este escándalo porque no quieren que la opinión pública siga viendo la manera tan negligente en que estaban gestionando una empresa pública con más de 115 millones de euros de
presupuesto".