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Huelga de la EMT: trabajadores de la empresa municipal piden volver a votar los paros y cuestionan su aprobación de hace dos semanas
VALÈNCIA. Deberá aplazarse la vista oral del juicio sobre el despido de la directiva de la EMT, Celia Zafra, tras el fraude de cuatro millones de euros. La empresa y la defensa de la ex empleada han alcanzado un acuerdo este lunes para posponer la vista hasta el 10 de diciembre con el propósito de "explorar nuevas vías de negociación", según explicaron fuentes de la empresa.
Ahora bien, las conversaciones deberán acercarse a la exigencia de la ex trabajadora si se pretende evitar el juicio: la readmisión en la empresa y con las mismas condiciones que antes. Eso es, como jefa de Administración de la firma municipal. El letrado de Zafra confirmó que se trabaja en esa vía y que vio en los abogados de la EMT voluntad de negociar en ese sentido.
La voluntad, por tanto, es evitar el juicio. No sólo en la firma municipal, sino también por la parte de Zafra, desde la que prefieren agotar los plazos negociadores y buscan un acuerdo amistoso antes que llegar a la vista oral. "Un juicio siempre es un riesgo para todas las partes", explicó el abogado de la ex directiva, José Martínez, a la salida de la Ciudad de la Justicia. No obstante, ambas partes llegaron a este encuentro sin hablar desde hace casi un año, a finales de noviembre de 2019.
Aunque la readmisión de Zafra -y el pago de los salarios atrasados desde su despido- es la principal petición, hay otros caminos que, si bien menos probables, no por ello son imposibles, como una indemnización por despido improcedente.
Zafra fue despedida fulminantemente tras el fraude millonario perpetrado contra la empresa municipal que preside el edil Giuseppe Grezzi. Según defiende la firma, Zafra, que se considera una engañada más al creer a los defraudadores, se habría saltado protocolos internos al dar curso a las siete transferencias que constituyeron el fraude, pese a no tener asignadas tales funciones.
La EMT basó el despido en este motivo y la ex directiva acudió a los tribunales al considerar el despido improcedente. Este lunes, con todo, no se celebró la vista oral como estaba previsto al acordar ambas partes el aplazamiento.
"Después de 38 años trabajando [Zafra en la EMT], consideramos que no hay causa para el despido", señaló el abogado de la ex directiva. El acuerdo "debería pasar" por la readmisión, dijo, "salvo alguna otra variable" que ofrezca la empresa. Preguntado sobre ofertas realizadas por la empresa, señaló que no hay ninguna económica sobre la mesa, y que se va a estudiar "si es factible o no es factible" la readmisión.
Preguntado por las palabras del alcalde de València, Joan Ribó, y el presidente de la EMT y edil de Movilidad Giuseppe Grezzi, que responsabilizan del fraude a Celia Zafra y Caixabank, el letrado ha ironizado asegurando que, "a lo mejor, el acuerdo pasa por que el alcalde se vaya y lleguemos a un acuerdo con la empresa". "Son ganas de hablar por hablar", dijo el abogado, para continuar sosteniendo que el alcalde "está perdiendo los papeles" porque "no toca ahora buscar culpables", cosa que corresponde al otro procedimiento judicial abierto. "Los políticos que se dediquen a lo suyo y los juristas, a lo nuestro", concluyó a este respecto.
Por su parte, la ex directiva, Celia Zafra, se manifestó sobre el procedimiento casi por primera vez y dijo estar muy "tranquila" sobre su situación. Así, aseguró no encontrarse dolida por las palabras del alcalde o del presidente de la EMT, y señaló que tras trabajar 38 años seguidos en la EMT, "la empresa está por encima de todo" y que por ella han pasado múltiples gerentes y dirigentes.
Mientras, la vida interna de la firma municipal continúa. Y con ella, la huelga que los trabajadores emprendieron hace ahora una semana al negarse la dirección de la empresa a aprobar por completo el nuevo convenio acordado con los sindicatos antes del estallido de la pandemia. Grezzi se comprometió a aplicar pronto las medidas que no conllevaran gasto y la subida salarial del 2% contemplada en el convenio y que corresponde a la subida que todos los funcionarios vienen cobrando desde el 1 de enero. Pero postergó el resto de medidas económicas por la mala situación financiera de la empresa a causa de la crisis.
La convocatoria de huelga, aprobada en el Comité de Empresa por todos los sindicatos, y por mayoría a mano alzada -para evitar contagios- en asamblea de trabajadores, es ahora cuestionada por algunos empleados, que han empezado a recoger firmas para "exigir al Comité la repetición en urnas de las votaciones de los paros que se están llevando a cabo para dar voz a todos los trabajadores que han sido privados de su derecho a decidir". Consideran que la baja participación por motivos de la pandemia posibilitó el apoyo mayoritario de los paros.
Al ser el sindicato APPTUV el que promovió el rechazo a la huelga el día de antes de la votación, tuvo que salir ahora para aclarar que el sindicato "no es el autor de dicha recogida de firmas". "Respetamos las decisiones adoptadas por mayoría del comité y de la asamblea y las iniciativas de los trabajadores/as que se hayan sentido ofendidos por el sistema de votos", señalaron desde la organización sindical, "al igual que respetamos otras iniciativas similares" impulsadas por diferentes sindicatos en otros momentos. "Cada trabajador/a es libre de firmar o no estas iniciativas promovidas por los propios compañeros/as", conclueron al respecto.