La comisión del metro prepara sus conclusiones tras escuchar a 74 personas

VALENCIA, (EFE). La comisión de Les Corts que investiga el accidente de metro del 3 de julio 2006, donde murieron 43 personas, prepara sus conclusiones tras casi nueve meses de trabajo en los que se ha escuchado a 74 personas, entre ellos los dirigentes políticos de ese momento y los familiares de las víctimas.

Tras constituirse el pasado 28 de septiembre, la comisión parlamentaria ha celebrado veinte sesiones, la primera para aprobar el calendario y el resto para atender las comparecencias de expertos, responsables de emergencias, trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), periodistas, gestores políticos y víctimas.

Las más esperadas fueron las del expresident de la Generalitat Francisco Camps y la del exconseller Juan Cotino, quienes defendieron la gestión realizada por el Gobierno valenciano en aquel momento y aseguraron que el objetivo principal fue intentar paliar el "dolor" de las víctimas.

Negaron, además, que hubiera "consignas mediáticas" ni "apagón informativo", algo que también dijeron los entonces máximos responsables de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y Canal 9, quienes aseguraron no haber participado en los contenidos ni haber dado o recibido consignas por parte del Consell.

Tras ellos se escucharon las voces de los familiares de las víctimas, muchos de los cuales han seguido todas las sesiones, quienes coincidieron en afirmar que se han sentido "muy maltratados institucionalmente" estos años y que la gestión del siniestro por el anterior Gobierno autonómico no pudo ser "peor".

Pruebas documentales

Los diputados encargados de esta investigación han recibido también numerosa documentación relacionada con el accidente, que les servirá para elaborar las conclusiones que, una vez aprobadas en la comisión, deberán ser ratificadas por el pleno de Les Corts.

En concreto, han recibido documentación de FGV, de las consellerias de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas; del Sindic de Greuges, y de la Facultad Derecho de la Universitat de València.

Los parlamentarios cuentan además con numerosa documentación aportada por los propios comparecientes, aunque no han podido acceder a los autos solicitados al Juzgado de Instrucción número 21, que investiga el siniestro, según han informado fuentes de la comisión parlamentaria.

Comisión especial

Les Corts Valencianes acordaron el pasado 3 de julio, a petición del PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos, la creación de una nueva comisión especial de investigación sobre este accidente, coincidiendo con el noveno aniversario de la tragedia, iniciativa que el PP votó en contra. La sesión constitutiva se produjo el 28 de septiembre y el 23 de octubre se aprobó, con la única abstención del grupo popular, el plan de trabajo que se ha seguido y que incluía unas 70 comparecencias, así como la petición de unos 80 documentos.

Las comparecencias comenzaron el 15 de enero, con los portavoces parlamentarios en la comisión de investigación de 2006, y acabaron esta semana con la declaración de un forense, dos miembros de la Unió de Periodistes, un exasesor del Consell, una técnico del SAMU y un funcionario del Ayuntamiento de Torrent (localidad de la que procedían numerosas víctimas del accidente). Por la comisión han pasado técnicos, peritos, expertos en seguridad, trabajadores y extrabajadores de FGV, representantes sindicales, personal y responsables de los servicios sanitarios y de emergencias, periodistas, ex dirigentes políticos y familiares de las víctimas, entre otros.

Dos de los citados, los exdirectivos de FGV Vicente Contreras y Francisco García Sigüenza, se acogieron a su derecho a no declarar alegando su condición de investigados (antes imputados) en la causa judicial que investiga el accidente, mientras que los policías judiciales citados no acudieron tras remitir un informe negativo.

Ahora, los miembros de la comisión deberán analizar toda la información recabada en estos meses y elaborar unas conclusiones que está previsto que puedan aprobarse la primera semana de julio, coincidiendo con el décimo aniversario de la tragedia, y posteriormente elevarse al pleno del Parlamento valenciano para su debate y ratificación definitiva.