La Generalitat aprueba el Plan Cabanyal condicionado a tres informes

VALÈNCIA. La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó este miércoles el Plan Especial del Cabanyal tras resolver los reparos que, como adelantó Valencia Plaza, pusieron días atrás tanto la Demarcación de Costas como el servicio territorial de Urbanismo de la Conselleria de Política Territorial. 

La luz verde, eso sí, se dio de forma condicionada: pues queda pendiente que la Generalitat reciba tres informes favorables de la Demarcación de Costas, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital -en concreto, de la Secretaría de Telecomunicaciones- y de la Conselleria de Educación. Una vez lo haga, solicitarán formalmente al Consell Jurídic Consultiu la emisión de su dictamen para poder aprobar definitivamente Plan. 

La vicealcaldesa de València y responsable de Urbanismo, Sandra Gómez, manifestó en este sentido que cuando estén todos los informes, incluido el del Consell Jurídic Consultiu, se convocará la Comisión extraordinaria para aprobarlo definitivamente, ya que no requiere de una aprobación posterior del pleno del Ayuntamiento, sino que se publicará directamente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Con este último paso, Urbanismo está más cerca de ver aprobado definitivamente el PEC. El pasado 18 de abril, la Conselleria de Política Territorial que dirige Rebeca Torró acordó proponer la suspensión de la aprobación definitiva del Plan Especial del Cabanyal hasta que se resolvieran las deficiencias detectadas en varios informes en materia de "infraestructura verde y paisaje, patrimonio cultural, educación, movilidad urbana, costas, afectaciones ferroviales y telecomunicaciones". Una propuesta que fue trasladada a la Comisión Territorial de Urbanismo, que estaba previsto que se celebrara este jueves, pero que finalmente se adelantó a este miércoles. En ella, la Comisión debería decidir qué hacer con el PEC. 

Así, de los once informes que reclamaba la Comisión para poder dar el visto bueno al Plan, este miércoles llegaron ocho con criterio favorable: de la Conselleria de Vivienda, de Ferrocarriles (Ministerio de Transportes), Aviación Civil, Carreteras, Conselleria de Cultura, Confederación Hidrográfica del Júcar y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). También entró a última hora el informe de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, aunque, como el caso de Cultura, de forma condicionada. 

Un escenario por el que la Conselleria decidió en la reunión de ayer miércoles dar el luz verde al Plan de forma condicionada a que los tres informes que quedan por llegar sean favorables y, con ello, pedirle al Consell Jurídic que emita su dictamen. En este punto conviene apuntar que es necesario que el órgano consultivo se pronuncie sobre el incremento de zonas verdes que plantea el proyecto.   

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente 'dibuja' que las zonas verdes calificadas suman una superficie total de 124.429 metros cuadrados, mientras el PEC propone ampliarlas a 192.342, lo que supone un incremento del 54%. Un porcentaje que, al ser superior al 10% (el máximo que fija la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje, LOTUP, tras su modificación de 2021), obliga a contar con informe preceptivo del Jurídic.

Informe de Costas y Telecomunicaciones

Con todo, dos de los informes que se esperan para poder validar definitivamente el PEC deberán ser emitidos por la Demarcación de Costas y por el Ministerio de Transición Digital. El primero ha puesto objeciones hasta en tres ocasiones al edificio de 15 alturas que proyectaba el Plan por contravenir lo regulado en el artículo 30 de la Ley de Costas, que obliga a que los volúmenes se distribuyan "de modo homogéneo atendiendo al entorno". 

Así, intaba a plantear el edificio en "una disposición y altura" armónicas y "sin romper la perspectiva litoral" para poder informar favorablemente. De lo contrario, el PEC no podría aprobarse porque el criterio de Costas es vinculante.  

Desde Urbanismo señalan que se han hecho correcciones. En concreto, desaparecería la proyección de la citada edificación y, en su lugar, han propuesto a Costas dejar dibujada la parcela sin definir la volumetría, sino que esta se establecerá "en diferido". Es decir, que cuando la parcela se venda, será el promotor que la adquiera el que defina el volumen del inmueble que pretenda construir, al que Costas deberá dar su visto bueno. La propuesta, no obstante, todavía debe ser aceptada por el Ministerio. 

Respecto al segundo, el Ayuntamiento de València recibió un informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en febrero que ponía un importante número de pegas al plan urbanístico, principalmente, al despliegue de cableado y la instalación de antenas que planteaba el PEC por considerar que los condicionantes que se ponía a los operadores eran "desproporcionados".

El Gobierno advertía que el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar chocaba con la Ley de Telecomunicaciones e instó al Consistorio a incorporar en él la necesidad de soterrar el cableado de fibra óptica para que -simplificando- este no afectara a la fotografía del barrio al discurrir por las fachadas de los edificios.