Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La semana pasada el gobierno conformado por PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de València dio luz verde al Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar. Un nuevo plan urbanístico que no solo enmendaba de arriba abajo el proyecto de la ex alcaldesa Rita Barberá, sino que también protegía su patrimonio, contemplaba restricciones al despliegue de apartamentos turísticos, ampliaba un 47% las zonas verdes del barrio y ofrecía soluciones habitacionales a los residentes de los Bloques Portuarios, entre muchas otras cuestiones.
Una semana después, sin embargo, el Ayuntamiento de València ha recibido un informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital que es un jarro de agua fría para el ejecutivo municipal. El Gobierno central pone varios reparos al plan urbanístico, principalmente al despliegue de cableado y la instalación de antenas que plantea el PEC por considerar que los condicionantes que pone a los operadores son "desproporcionados". Objeciones que insta al Ayuntamiento a resolver si quiere obtener un informe favorable para la poder validar de forma definitiva el plan.
Así, el Gobierno pone en entredicho varios aspectos del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar por chocar con la Ley de Telecomunicaciones. Hace hincapié en cuestiones que en su día introdujo la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat e instó al Ayuntamiento a incorporar, como la necesidad de soterrar el cableado de fibra óptica para que -simplificando- este no afectara a la fotografía del barrio al discurrir por las fachadas de los edificios.
Con este telón de fondo, con su informe el Ministerio cuestiona por una parte las "restricciones desproporcionadas al despliegue de infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas" o las "limitaciones para efectuar despliegues aéreos o apoyándose en las fachadas de edificaciones". Pero también la "exigencia de documentación excesiva en la tramitación de licencias y permisos" o la "regulación incorrecta del uso del suelo" que, a su juicio, realiza la corporación municipal.
Respecto al primer 'pero', el Ejecutivo central menciona varios elementos que recoge el Plan y que considera desproporcionados. Por ejemplo, la obligatoriedad de que las antenas de telecomunicaciones no sean "visibles desde los espacios públicos", que estas tengan que ser colocadas "en lugares que no perjudiquen la imagen o percepción urbana" o que se prohíba colocarlas "en los paramentos de las fachadas". Unas limitaciones que el Ministerio de Economía aceptaría, reconoce, en caso de que el edificio o espacio donde se fuera a realizar la instalación tuviera acreditada la catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC), pero que rechaza en caso de que el inmueble goce de una condición inferior.
De esta manera, el informe subraya que la legislación estatal determina que si un instrumento urbanístico contempla restricciones para la implantación de infraestructuras de telecomunicación, también deberá tener en cuenta que la elección de la ubicación "no se hace de forma aleatoria", sino que se tienen en cuenta diferentes factores. Por lo que la normativa insta a que, si se rechaza la instalación de una determinada infraestructura, esta vaya acompañada "de alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones".
"La normativa de planificación objeto del presente informe no debería establecer restricciones absolutas o desproporcionadas tales como restringir la ubicación de las antenas únicamente a emplazamientos no visibles desde los espacios públicos; prohibir la colocación de antenas de cualquier tipo en los paramentos de las fachadas de las edificaciones, sin especificar a qué tipo de antenas va dirigida la medida; y la obligación de que las antenas de telecomunicación y dispositivos similares sean instaladas únicamente en las cubiertas de las edificaciones", expone el documento.
"Este tipo de medidas dificultaría a los operadores los despliegues de la infraestructuras de redes públicas de telecomunicaciones, pudiendo tener como consecuencia la inadecuación de los despliegues a las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas, para atender las demandas de los usuarios en esta materia con los consiguientes perjuicios para los mismos", concluye en este apartado el Ejecutivo. En definitiva, que esta serie de condicionantes podría tener consecuencias no solo en las empresas -por el despliegue que puedan o no hacer los operadores-, sino también en los ciudadanos. No en vano, serían en última instancia los perjudicados si una empresa no puede instalar fibra óptica o antenas que garanticen su acceso a la red de telefonía o internet.
En relación a esto, el Ministerio también cuestiona que el PEC prohíba "el tendido de redes aéreas o adosadas a las fachadas" y obligue a que toda instalación eléctrica, telefónica "o de cualquier otra naturaleza" se canalice de forma subterránea. "No están teniendo en cuenta que en determinadas circunstancias la medida podría suponer una restricción absoluta para los despliegues de infraestructuras", señala el informe, dado que -añade a continuación- "pudiera darse el caso que, estando ubicado el Conjunto Histórico del Cabanyal- Canyamelar en un suelo urbano consolidado, no pudieran ejecutarse dichas canalizaciones subterráneas por la colmatación".
El Gobierno recuerda que la legislación estatal obliga a las administraciones a exigir a los operadores una documentación determinada para obtener las licencias de instalación. Pero el requerimiento siempre debe estar "motivado" y "limitarse a lo estrictamente necesario". Sin embargo, el Ministerio considera que el PEC exige documentación "relativa a aspectos de impacto visual" o "que poco o nada tienen que ver con el desarrollo de las competencias encomendadas (tales como tecnologías empleadas, frecuencias y niveles de señal planificados)". Algo que considera "desproporcionado" y que invita a revisar.
En este caso, cita como desmedido, por ejemplo, que en la instalación de antenas de telecomunicación se obligue a los teleoperadores a presentar un estudio que desarrolle no solo la "relación de las instalaciones a implantar y sus componentes", sino también los "materiales que van a utilizar para revestir" los distintos elementos por los que transcurra el cableado en las fachadas, una "valoración de la integración arquitectónica, así como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales" o las medidas que adoptará la operadora en cuestión para garantizar la "adecuada integración o la estética del edificio".
Con todo, el Ministerio emite el informe desfavorable sobre la adecuación del PEC a la ley de Telecomunicaciones e insta al consistorio a realizar en el plazo de un mes las modificaciones necesarias sobre las salvedades que el Ejecutivo ha señalado y volver a remitirlo al Estado. En caso de volver a resultar desfavorable, advierten que no podría aprobarse el Plan de manera definitiva -el Ayuntamiento lo aprobó de forma provisional la semana pasada-.
El informe, huelga subrayar, no paralizaría por el momento el nuevo plan urbanístico del Cabanyal. Sin embargo, sí deberán hacerse modificaciones sobre el mismo. En definitiva, el criterio del Ejecutivo central choca con el que aplicó la Conselleria de Cultura para dar el visto bueno al PEC, por lo que ahora mismo existirían dos criterios opuestos sobre el citado Plan y se deberá dirimir cuál prevalece.
En uno (el de Cultura, que es el que se ha incorporado en el Plan del Cabanyal) se prima la protección del patrimonio y la imagen del barrio a la hora de realizar el despliegue de cableado, mientras el otro (el del Ministerio) advierte que todos los condicionantes no pueden finalmente hacer inviable la operación de despliegue. Tanto económicamente, como a nivel urbanístico, dado que al exigir -por ejemplo el soterramiento de la fibra óptica- el coste del despliegue se encarecería de forma significativa y podría provocar que algunos operadores opten por no realizar determinadas instalaciones. Algo que, a la postre, afectaría al acceso de los ciudadanos a la red de telecomunicaciones.
El balón, ahora, está en la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat que, según fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento de València, será quien deba acordar qué criterio prevalece o estudiar cómo conjugar los intereses culturales con el derecho de los operadores a ocupar espacios de dominio público. En esta, están representados miembros de todas las administraciones, desde la Generalitat y el Ayuntamiento de València, hasta la Delegación del Gobierno, la Diputación de Valencia o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Una vez exista una conclusión al respecto y se traslade el PEC de nuevo al consistorio, será la Concejalía de Urbanismo la que incorpore este dictamen y lo aplique al Plan para que pueda ser aprobado definitivamente.
