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La Comunitat encabeza los registros de incidentes por delitos de odio e intolerancia en 2018

9/05/2019 - 

VALÈNCIA (EP). El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha advertido este jueves del "sunami de intolerancia y xenofobia" que se vive en toda Europa. España no está al margen, ha dicho, "y menos la Comunitat Valenciana", que en 2018 fue la región que registró más incidentes y hechos relacionados con delitos de odio e intolerancia, junto a Andalucía, Madrid y Cataluña.

Así lo revela el 'Informe Raxen Comunitat Valenciana 2018', que recoge 118 casos, aunque señala que esta muestra representa el 11,5% de la cifra real estimada, ya que la Unión Europea que el 80% de los casos no se denuncia y el Ministerio del Interior no ha publicado datos de este período.

Más allá de los datos cuantitativos, Ibarra ha querido llamar la atención sobre el "crecimiento del populismo xenófobo espectacular", el aumento de la violencia ultra y neonazi, la homofobia y la transfobia, "la emergencia de la disfobia" --odio al discapacitado--, los ataques a personas sin hogar y una reacción antes no detectada: la violencia radical antisistema que se enfrenta a la violencia ultra evidenciada.

También ha advertido sobre la proliferación de discursos en las redes sociales tanto de "hispanofobia" como de "catalafobia", a raíz de los incidentes que se han vivido en Cataluña.

Y es que según ha advertido el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, "cuando crece la intolerancia crece en todas las direcciones y se producen polarizaciones". "Cuando se crea un clima de intolerancia, hay violencias reactivas", ha remarcado.

Además, ha resaltado un el "avance" de la violencia escolar no solo en la Comunitat Valenciana, también en el resto del país, "a través de las redes sociales, un escenario donde mucho más difícil de controlar por parte de los profesores, familias e instituciones y donde se tarda más tiempo en detectar".

El bullying está ahí, ha dicho, ya sea con connotaciones racistas, xenófobas, por la orientación sexual, discapacidad, por el hecho de ser mujer o por cualquier otro-- y "si se junta el crecimiento de la intolerancia con la normalización de la violencia, sobre todo en escenarios juveniles y escolares, el flujo será inquietante de aquí a 4 años". Para hacerle frente, platea la "deslegitimación de la violencia poniendo a la persona y su dignidad por encima de cualquier otra identidad o atributo".

En este escenario global, Ibarra ha reclamado a la Generalitat --cuyo "trato próximo y cercano" ha valorado-- que se comprometa con u a 'Ley de Igualdad de Trato, Contra la Discriminación y los Delitos de Odio', una norma que exige también en el ámbito estatal para evitar la "indefensión de las víctimas", ante por ejemplo insultos de este tipo de sus propios vecinos.

Por ahora, existe una "insuficiencia en materia de prevención", ha lamentado. Según Ibarra, las instituciones los ven importante pero no es considerado fundamental".

Juicio por los incidentes del 9 d'Octubre 2017

Respecto al juicio por las agresiones registradas durante la manifestación del 9 d'Octubre de 2017, Día de la Comunitat Valenciana, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha manifestado que, se trata de un "juicio duro con 23 imputados", y que como acusación popular han vivido "un calvario" y han tenido que pagar una fianza de 1.500 euros para personarse.

Ibarra ha apuntado que la instrucción ha dio "muy lenta" como consecuencia de la amplia cantidad de imputados y de la cantidad de recursos que han interpuesto, pero Movimiento contra la Intolerancia va a "seguir hasta el final", ha asegurado, porque tiene un "compromiso con el pueblo valenciano", ha sentenciado.

A su entender, "vivimos en un ecosistema de intolerancia en el que hay que tener cuidado con las polarizaciones y ser muy demócratas".

"Acoso vecinal"

En cuanto a la Oficina de la Solidaridad de atención a las víctimas en València, el coordinador del informe Raxen, Ángel Galán, también ha constatado un aumento de los incidentes relacionados con delitos de odio e intolerancia, con 44 atendidos en 2018 en la ciudad --a los que se suman otros 14 en el resto de la Comunitat--, entre los que los vectores principales han sido racismo y xenofobia, odio ideológico, junto con homofobia y transfobia.

"Y llama la atención el incremento de situaciones de acoso vecinal racista y xenófobo, con situaciones que desde la reforma del Código Penal de 2015 no están penalizadas, y que son principalmente insultos u ofensas por la condición de la persona" y muchas veces las victimas se ven desamparadas y obligadas a seguir viviendo en el mismo espacio donde personas siguen acosándolas y se viven situaciones muy trágicas".

Avisa al ayuntamiento: "Con esto no se hace política"

Además, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha incidido en una "mala noticia" como es que el Ayuntamiento de Valencia finalizó un convenio que tenía para dos años dentro de este programa para atención a víctimas. Según ha explicado, a finales del año pasado les trasladaron que "iban a poner en marcha una oficina municipal y no era necesario porque había que reducir gastos", gastos que Ibarra ha fijado en 17.500 euros.

Aún así, Movimiento contra la Intolerancia ha decidido seguir con la actividad de esta oficina, que ha tenido que "reducir mucho", ha lamentado Ibarra. A su juicio, el consistorios "se ha equivocado seriamente" y "su argumento de que lo van a hacer ellos choca con las recomendaciones del Parlamento Europeo que dice que este tipo de servicios deben ser independientes de la instituciones", ha avisado.

Ibarra ha apuntado que le "cuesta mucho trabajo pensar que es un problema económico. Nos gustaría que nos hablaran claro y de frente pero yo sé que esto se produjo después de tres denuncias que pusimos al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por sus expresiones xenófobas y al dirigente de la crida por sus manifestaciones en artículos, que por cierto un juzgado nos dio la razón aunque decía que estaba prescrito", ha recordado.

En todo caso, ha continuado, "queremos pensar que no tiene nada que ver porque si tiene algo que ver esto sería un problema político de envergadura. Queremos pensar que no es así pero los hechos muestran que nos avisaron del final del convenio en noviembre y estamos en mayo y aquí no ha aparecido ninguna oficina (municipal)".

Ahora dicen que para la próxima legislatura, ha agregado, pero las "consecuencias son para la ciudadanía y han incurrido en un déficit importante". "Con esto no se hace política", ha sentenciado.

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