La Comunitat pierde 2,1 millones para centros de empleo por la descoordinación entre Hacienda y Economía

VALENCIA. Los centros de empleo valencianos son 2,1 millones menos modernos de lo que deberían de haberse utilizado los fondos asignados por el Estado para mejorar sus instalaciones y equipamiento tecnológico. De los 2,6 millones que le correspondieron a la Comunitat en 2015 para mejorar los medios de los centros públicos de empleo, el anterior Consell tan solo utilizó 485.000 euros. El resto del dinero se perderá.

El motivo, según lamenta la dirección actual del Servicio Valenciano de Empleo (Servef) ha sido la falta de coordinación entre la Conselleria de Economía, de la que depende el Servef, y la de Hacienda, que tiene integradas las competencias de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Según una resolución firmada por el anterior secretario autonómico de Economía y Empleo, Fernando Díaz, el pasado 22 de abril, correspondía al DGTI gestionar los 2,6 millones de euros asignados a la Comunitat para modernizar sus centros de empleo.

Se trata de una partida reservada expresamente a renovación de cajeros autoservef obsoletos, impresoras, páginas web o aplicaciones informáticas, entre otros conceptos. La cantidad era una parte de los 140,7 millones del total de fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) adjudicó a la Comunitat dentro del reparto que cada año realiza entre las diferentes comunidades autónomas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Los responsables del Servef, que actualmente apenas gestiona el 1% de los contratos laborales que se firman en la Comunitat, señalan que la cantidad finalmente ejecutada, apenas 485.000 euros, está muy por debajo de sus necesidades. Según explican fuentes del departamento que encabeza María José Mira, se trata de una partida "esencial para el básico funcionamiento de los centros de empleo" que ha sido desperdiciada en su mayor parte. 

Según explica, Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación del Servef, el problema fue la falta de coordinación entre el servicio de empleo, encargado de gestionar los programas, y la DGTI, que tiene encomendadas todas las funciones relativas a la modernización de la administración.

"Nuestra sorpresa fue que los fondos de modernización estaban en un nivel de ejecución muy bajo", señala la responsable del Servef, quien destaca que el nuevo equipo descubrió la situación casi al final del ejercicio, en el momento de preparar la certificación, por lo que apenas tuvieron "capacidad de reacción".

Según Briones, no existía entre los dos departamentos un protocolo de coordinación establecido para asignar las partidas. Frente a ello, destaca que en actualmente existe un continuado intercambio de información entre los dos departamentos, con funcionarios de la la DGTI asignados para trabajar directamente con los del Servef.

Al perjuicio que supone no haber podido hacer uso de los fondos ya asignados, es probable que se le añada una peor valoración a la hora de repartir los fondos del ejercicio 2016. Según Briones, uno de los criterios que el SEPE valora a la hora de repartir los fondos entre las diferentes comunidades son las certificaciones que las autonomías aportan sobre la ejecución de los programas, de tal manera que las regiones en peor punto de partida son las que tienen niveles más bajos de ejecución.