VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana ha recibido a través de los mecanismos de financiación extraordinaria puestos en marcha por el Gobierno en 2012 un total de 41.729 millones de euros, con los que se ha ahorrado 6.776 millones, según recoge el proyecto de Presupuestos del Estado para 2018.
En España, estos mecanismos de financiación extraordinaria de las comunidades, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), han permitido dar casi 190.000 euros de liquidez adicional a las autonomías, que de ese modo se han ahorrado unos 28.500 millones.
Para calcular la cifra de ahorro se ha tomado como referencia los tipos de interés a los que se podrían haber financiado las comunidades en el mercado de no haber existido estos mecanismos extraordinarios.
Algo más de una tercera parte de ese ahorro correspondería a cataluña, con 10.045 millones, seguida de la Comunitat Valenciana, con 6.776 millones, y Andalucía, con 4.532 millones.
Esas tres comunidades son también, en el mismo orden, las que más dinero han recibido a través de los distintos mecanismos extraordinarios de financiación: 61.454 millones Cataluña desde el 212; 41.729 millones la Comunitat Valenciana, y 29.958 millones Andalucía.
Según consta en el proyecto de presupuestos presentado hoy en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si se tiene en consideración toda la vida de los préstamos ya formalizados con estos mecanismos, el ahorro estimado ascendería a 51.900 millones en estos años.
El Gobierno puso en marcha estos instrumentos ante los problemas de algunas comunidades y ayuntamientos para financiarse en el mercado en plena crisis económica, con una caída importante de sus ingresos y sin acceso al crédito.
Respecto a las comunidades, el primero de los mecanismos que se introdujo fue el de pagos a proveedores, al cual se adhirieron 14 autonomías y a través del que se pagaron casi seis millones de facturas, por más de 30.000 millones de euros.
También en 2012 se articuló el FLA, que posibilitó a las comunidades formalizar préstamos por importe de casi 138.000 millones entre 2012 y 2017.
Se trata de un mecanismo de apoyo a la liquidez, que permite no solo atender la deuda comercial autonómica, sino también sus vencimientos de deuda financiera.
A partir de 2015 se reestructuraron los fondos y se crearon dos nuevos compartimentos más, el de Facilidad Financiera (ha otorgado financiación de cerca de 21.000 millones desde entonces) y el Fondo Social (sólo en vigor aquel año, con 683 millones de euros de financiación extra).
De forma global, todos estos instrumentos han repartido liquidez a los entes territoriales por cerca de 190.000 millones de euros entre 2012 y 2017 y, de esa cantidad, más de la mitad ha ido destinada a pagos de proveedores de servicios fundamentales.