VALÈNCIA (EP). El Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este jueves en Madrid, ha aprobado el reparto por comunidades autónomas de 214,5 millones de euros para que las destinen a financiar programas de interés social dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social. Este importe procede de la llamada 'X Solidaria' de la declaración de la renta, con cargo al 0,7% del IRPF. La Comunitat Valenciana recibirá 18,1 millones de euros; 1,7 más que el año pasado.
Según ha explicado en rueda de prensa la secretaria de Estado de Servicios Sociales en funciones, Ana Lima, el reparto se ha aprobado por unanimidad de los representantes de las comunidades autónomas, y la cantidad corresponde al 81,14% de los fondos obtenidos de la 'X Solidaria' de la renta de 2018. La cifra supone un incremento de casi 12 millones respecto al año anterior.
El 18,86% restante de lo recaudado lo repartirá la administración central en subvenciones de ámbito estatal para desarrollar actividades sociales. En total, la 'X Solidaria' de la declaración de la renta de 2018 logró 264,4 millones de euros, un 5% más que en el anterior ejercicio.
Por comunidades, Andalucía obtendrá 45,6 millones; Cataluña, 31,5; Comunidad de Madrid, 26,5; Castilla y León, 20,3; Comunitat Valenciana, 18,1; Galicia, 13,9; Castilla-La Mancha, 11,5; Aragón, 8,9; Canarias, 7,6; Extremadura, 7,4; Región de Murcia, 7,3; Asturias, 4,4; Islas Baleares, 4; Cantabria, 2,7; La Rioja, 1,6; Melilla, 1,3; y Ceuta, 1,2. En el reparto no figuran País Vasco ni Navarra.
La vicepresidenta valenciana ha denunciado "el retraso de este encuentro que no se convocaba desde julio de 2018". A juicio de Oltra, este retraso repercute directamente en la convocatoria de las ayudas por IRPF y, en consecuencia, en los plazos que tienen las administraciones autonómicas para valorar proyectos y poder resolver.
No obstante, la vicepresidenta ha señalado: "desde la Generalitat vamos a trabajar para que esto no afecte a las propias entidades y ONG y cobren las ayudas antes del 31 de diciembre".
La convocatoria para subvencionar programas de carácter social con cargo al IRPF en la Comunitat Valenciana contempla la financiación de actuaciones recogidas en quince ejes con un importe de 15.440.000 euros, y otros dos ejes con 2.695.309 euros.
Asimismo, Oltra ha insistido en que el Estado "debe aportar el 50%" de los fondos que se destinan a la atención a las personas con dependencia, ya que en el caso de la Comunitat Valenciana, "aporta un 12% y el otro 88% carga en los hombros de la Generalitat".
"Tienen que entender que no hay atención a la dependencia óptima si la administración general del Estado no aporta el dinero que tiene que aportar, que por ley es la mitad", ha aseverado.
La vicepresidenta ha asegurado que, en los últimos años, la deuda de los fondos de dependencia ha ascendido a "1.200 millones de euros", alrededor de "unos 350 millones al año, que son mucho dinero", ha expresado Oltra. A esto, ha añadido que si tuvieran "más pulmón económico", podrían contratar más personal y "poner el sistema al día en un tiempo razonable".
Mónica Oltra también se ha referido a otros asuntos que se han tratado en la reunión de este jueves, como la actualización del baremo para la valoración de la discapacidad "para adecuarlo a las nuevas realidades y sustituir un baremo obsoleto que retrasa y dificulta la valoración de la discapacidad". La vicepresidenta se ha mostrado esperanzada en que el próximo año con el nuevo gobierno "se pueda aprobar la actualización de este baremo y por lo tanto agilizar todo el procedimiento".
Asimismo, se ha referido a la escasa financiación de la Administración General del Estado al sistema de la dependencia en el caso de la Comunitat Valenciana alcanza el 12% del total del gasto que supone para la administración valenciana en lugar del 50% que por ley debería aportar.
Oltra ha señalado que no puede haber una atención a la dependencia "óptima" si el Estado no aporta lo que debe aportar, y ha mostrado su deseo de poder vincular al nuevo gobierno de España la necesidad de dinero y esfuerzos para el sistema de la dependencia.
El Consejo Territorial también ha aprobado el Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023, que según el Ministerio "recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan".
El plan, tal y como ha detallado Lima, tiene cuatro ejes de actuación: la sensibilización y transformación del entorno con el propósito de cambiar la visión que la sociedad tiene del Alzheimer, situar a la personas en el centro de la atención sanitaria y social, el derecho, la ética y la dignidad de la persona, y las medidas para fomentar, la investigación la innovación y el conocimiento.
La secretaria de Estado ha destacado que se trata de un plan de "largo proceso y amplio consenso" con las comunidades y los municipios, así como participado por profesionales, científicos y sociedad civil, y supondrá en la práctica una mayor coordinación entre administraciones. "Para que vayamos todos en la misma línea y no haya duplicidades", ha precisado.
Según Ana Lima, el plan no tiene un presupuesto específico y algunas de las medidas que contempla no requieren financiación, aunque espera que pueda contar con dotación para desarrollar otras medidas que no están en marcha "por falta de financiación".
Por otro lado, la reunión del Pleno del Consejo Territorial ha dado luz verde al nuevo modelo de contrato de intermediación en adopción internacional, que establece que el modelo de contrato entre las familias adoptantes y los organismo acreditativos de adopción debe ser único, así como los costes de los trámites para cumplir "los principios de igualdad y de seguridad jurídica".
Según este nuevo modelo, cada contrato se referirá a un país y a un organismo acreditado. "Además, habrá una parte común y una parte económica diferenciada en función del país de origen y los organismos acreditados de adopción", explica el Ministerio. Entre otras novedades, cada familia tendrá, a la firma del contrato, una estimación básica del coste total del expediente.
El Consejo Territorial también ha acordado el levantamiento de la suspensión de la tramitación de adopciones de niños sin necesidades especiales en Vietnam, y se ha acordado entre el Gobierno y las comunidades autónomas criterios de cobertura, calidad y accesibilidad comunes para el acogimiento familiar y en centros residenciales para menores.
Asimismo, se ha establecido un marco común en los estándares de calidad en programas de estancias temporales de personas extranjeras menores de edad. El documento técnico establece, entre otras cuestiones, los procedimientos de seguimiento y coordinación. También determina los requisitos y buenas prácticas para las peticiones que hagan de acogida tanto las personas físicas como las jurídicas.
El Pleno ha estado presidido por la secretaria de Estado ante la ausencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, que este jueves se encuentra en la ciudad francesa de Lyon participando en la VI Conferencia de Reposición del Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Una "cita ineludible e inesperada", según Lima, que ha excusado la ausencia de Carcedo.
