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LAS AUTONOMÍAS RECIBIRÁN MÁS DE 6.100 MILLONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE

El Gobierno entregará 951,63 millones del FLA a la Comunitat Valenciana

24/02/2016 - 

VALENCIA, (EFE). El Gobierno ha aprobado la distribución de algo más de 6.100 millones de euros entre las autonomías para el primer trimestre de 2016 -de ellos 951.6 millones para la Comunitat Valenciana- con cargo a los fondos de Facilidad Financiera y Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León y las de régimen foral (País Vasco y Navarra), se han adherido a estos fondos.

Los recursos previstos para el primer trimestre del año 2016 del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas ascienden a 6.113,61 millones de euros, de los que 5.834,30 millones corresponden al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico y otros 279,31 son del de Facilidad Financiera.

Cataluña será la más beneficiada con estos fondos y recibirá 2.041,82, aunque el desembolso de los recursos a esta comunidad, con cargo al FLA, se realizará al menos en dos tramos mensuales.

Andalucía, por su parte, recibirá 1.247,17 millones, en tanto que la Comunidad Valenciana tendrá 951,63 millones.

Sólo dos comunidades (Canarias y Galicia) están adheridas al Fondo de Facilidad Financiera.

Todas las operaciones formalizadas en 2016 con cargo a estos fondos tendrán un mismo tipo de interés fijo, equivalente al rendimiento medio de la deuda pública del Estado a plazo equivalente.

Los préstamos tendrán una duración de 10 años, con un periodo de carencia de dos.

Además, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno ha acordado modificar el calendario de tramos mensuales que fijó el pasado 20 de noviembre.

La citada comisión delegada ha decidido que siguen siendo aplicables en 2016 las condiciones adicionales previstas en el acuerdo del 20 de noviembre para garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña, hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general o se considere necesario para garantizar dichos servicios públicos. 

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