La Conselleria de Educación suma otro conflicto ante el TSJCV

VALENCIA. Que el TSJC haya admitido a trámite el recurso de Fcapa contra el decreto de admisión tan solo supone un conflicto más para la Conselleria de Educación frente al organismo judicial. Tendrán ocasión de verse las caras en los próximos meses. A los tres procesos abiertos con esta federación de padres por la admisión del alumnado y la jornada continua, cabe sumar los que la Generalitat mantiene con las universidades privadas por las becas y las prácticas, así como el de Feceval por las aulas de 2 años.

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 40/2016 del Consell por el que se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados, que fue admitido a trámite el 24 de junio y publicado en DOCV el 4 de julio. Ayer mismo aparecía en el boletín la comunicación de la Dirección General de Centros de Remisión y el plazo de personación, que será de nueve días para que las personas interesadas en comparecer como demandados. El mismo proceso ha seguido su recurso contra la orden de admisión, cuyos plazos de personación se anunciaron el pasado 3 de agosto.

LA resolución no paraliza los criterios aplicados para el próximo curso

El presidente de la Fcapa, Vicente Morro, recuerda que esta resolución no paraliza los criterios aplicados para el próximo curso y está convencido de que Conselleria querrá “mantenerlos hasta el final”. Cabe recordar que entre sus principales reclamaciones se encuentra la eliminación del distrito único y la modificación de la baremación, medidas que suponen “una limitación y un recorte de libertad de las familias para elegir” atendiendo a su opinión. Es por ello que lamenta la situación. El tribunal ha reclamado a Educación el expediente del procedimiento y la Conselleria ha acordado remitirlo.

Por su parte, sigue prevista de anuncio la resolución del recurso 5/448/2016 interpuesto por Fcapa contra la orden de jornada continua, que en este caso sí podría suponer una congelación inmediata “por afectar a derechos fundamentales”, según explica Morro. Fue presentado el 24 de junio, formalizado el 25 de julio y esta misma semana se comunicaron diligencias, dando a la Administración ocho días para contestar la demanda. En base a su respuesta, el Tribunal se pronunciará finalmente.

La batalla universitaria

El veto de los alumnos de universidades privadas para hacer prácticas en hospitales públicos es otra de las cuestiones que requerirá la presencia de la Administración valenciana en los tribunales. El TSJCV determinó la suspensión cautelar de esta medida impulsada por la actual Administración educativa, pero la Generalitat anunció que recurriría la resolución a través de su Abogacía amparándose en diferentes argumentos legales.

La Universidad Católica de Valencia (UCV) también presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales tras las exclusión de los alumnos de las universidades privadas de las becas del Consell. Asimismo, se dio a conocer que el TSJCV ha admitido a trámite los cinco recursos judiciales interpuestos por la Fundación Universitaria San Pablo CEU contra las mismas órdenes. Todas estas cuestiones siguen pendientes de resolución definitiva.