VALENCIA, (EFE). La Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, dispondrá para 2017 de un presupuesto total de 291 millones de euros, 16,4 millones más que este año, que suponen un 6 % más y que permitirán colaborar en "recuperar derechos sociales y la superación de la crisis".
Así lo ha destacado la consellera Gabriela Bravo en la comisión de Economía de Les Corts donde ha detallado unas cuentas que le hubieran gustado "más elevadas" aunque considera que son "realistas" y que "reflejan un cambio radical de actitud" respecto al Consell del PP y permitirán "mejorar los recursos de Justicia" y mantener el proceso de modernización en la Administración de la Generalitat.
La dirección General de Función Pública contará con 6,7 millones de presupuestos, un 4,5 % más, Reformas Democráticas dispondrá de más de 3,3 millones y Justicia absorbe 275,4, 17 millones más que este año, lo que significa un aumento del 6,5 % respecto a las anteriores cuentas.
La diputada del PP María José Ferrer ha reprochado la "complacencia" y el "conformismo" de Bravo con sus presupuestos porque las cuentas pesan el 1,6 % del presupuesto total de la Generalitat, igual que en 2016, lo que convierten a "Justicia en la maría de este Botánico", la "única" que no sube su peso.
Ferrer le ha recriminado su queja de que hace 7 años, con el PP, el presupuesto pesaba el 2 % y ahora está por debajo, en octavo lugar, solo delante de Transparencia, por lo ha dicho que "no es momento de complacencias" y ha criticado que "no es poner la justicia en la agenda política ni en la carta de servicios sociales".
Bravo ha defendido el "papel estratégico" de la formación de los empleados públicos y ha valorado que las ayudas directas a ésta cuentan con 400.000 euros frente a los 260.000 de 2016 (66,7 % más).
El reto, ha dicho, es lograr un profundo cambio en el modelo formativo para que los empleados públicos asuman con "éxito los nuevos retos derivados de la transparencia en su actividad, de la participación y de la rendición de cuentas".
Además, ha anunciado que en 2017 remitirán a Les Corts el anteproyecto de Ley de Función Pública valenciana, que irá acompañado del plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la Función Pública y del Plan Estratégico de Recursos Humanos y ha defendido que 2017 "será un año clave para la función pública valenciana".
Ha recordado que a partir del 1 de enero, el personal funcionario recibirá el cien por ciento correspondiente a la carrera profesional y que se convocarán los concursos y procedimientos de selección para "reducir la interinidad y provisionalidad" del empleo púbico.
Dispondrá de 1,5 millones en Reformas democráticas, un 69,3 % más, entre otras cuestiones, para actuaciones del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, cuya aprobación está prevista para el último trimestre de 2017 y supondrá crear el Instituto Valenciano de Memoria Democrática (224.000 euros).
Bravo ha detallado que la partida de Justicia se destinará a crear nuevos juzgados, mejorar las condiciones retributivas del personal y ampliar la plantilla en los institutos de medicina legal, entre otras cuestiones, además de a la nueva red de oficinas de víctimas del delito, dotada con más de 1,1 millón.
El capítulo II de Justicia supera los 37,6 millones, casi 3,8 más que en 2016 para mantenimiento, limpieza o seguridad, mientras que el capítulo IV, tendrá 35,8 millones (4,57 % más), de los que se aumenta casi uno para remunerar la Justicia Gratuita y que "paliará las drásticas reducciones" impuestas por el Consell del PP.
Como novedad, ha anunciado una línea de 60.000 euros para impulsar un centro probono jurídico de la Generalitat para asistencia jurídica que no tienen derecho a asistencia gratuita pero son colectivos desfavorecidos o defienden interese públicos.
También ha informado de que habrá algo más de un millón de euros para reformas de edificios y 18,9 millones, 2,5 más, para inversiones, que contemplan cantidades "hipotecadas" del anterior Consell para construir la ciudad de la Justicia de Elche (1,6 millones), la de Paterna (casi 1 millón) y la de Vila-real (1,6).
Bravo ha defendido que se trata de unos presupuestos "realistas" y que no necesita más porque lo que quiere es poder cumplirlos y ha asegurado que van a "exprimir hasta el último céntimo con esfuerzo e imaginación".
El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha calificado de "auténtica barbaridad" que se destine más de 800.000 euros a memoria democrática porque "no es una prioridad ni una necesidad real del ciudadano" y ha lamentado "otro nuevo instituto, otra agencia de colocación del PSPV" que ha augurado que será el nuevo Instituto de Memoria democrática.