La cueva de ‘Alí Babá’ en liquidación

VALENCIA.- La alquería de la Torre dels Pares (declarada Bien de Interés Cultural), y sus 85.000 metros cuadrados de naranjos que la rodean, tiene un valor indudable: perteneció a los duques de Gandia y a la familia Borja y está considerada como uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, su devenir no ha sido el esperado. Desde que fuera adquirida en 2010 por el gobierno municipal liderado por el socialista José Manuel Orengo, los usos pensados han sido dispares: convertir la zona en un campo de golf, ubicar la sede de la Universidad Católica o, ya con Arturo Torró (PP), crear un Centro Agrícola. Ningún proyecto fraguó y hoy el complejo se encuentra en un estado de abandono.

La alquería aparece dentro del conjunto de bienes que Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la empresa pública de la ciudad ducal, sacará a subasta próximamente con el fin de recaudar dinero y sanear las cuentas del Consistorio, al que le ha salido cara esta sociedad. Torre dels Pares saldrá a subasta por 2,09 millones de euros pero quien la adquiera deberá invertir en su rehabilitación.

Lea Plaza al completo en su dispositivo iOS o Android con nuestra app

También se subastarán parcelas y locales, con las que, como mínimo, se espera recaudar 2,53 millones de euros. No saldrán a la venta los bienes que tengan un interés social. Es el caso del centenar de viviendas que tiene la empresa y que pasarán a la esfera del Ayuntamiento de Gandia para «garantizar una bolsa de viviendas para las ayudas sociales», asegura el liquidador de IPG, Vicent Mascarell.

La subasta de gran parte del patrimonio de IPG se realiza en razón de la necesidad de cerrar la empresa pública, proceso por el que los actuales gestores de IPG están trabajando desde hace meses. También por la incertidumbre de si el Gobierno de España volverá a activar las ayudas sobre el plan de pago a los proveedores, con las que Gandia pudo hacer frente a sus deudas en 2012 y 2013. «Sería la salvación, pues toda la deuda comercial de IPG la asumiría el Ayuntamiento con un pago a proveedores y el patrimonio estaría salvado», sostiene Mascarell.

Según explica, el Consistorio quiere realizar este proceso «con mucha publicidad» para «llegar a más compradores potenciales y, por ende, sacar un mejor precio». Y lo tiene claro: «No queremos recaudar menos de lo tasado; queremos vender los bienes pero no malvenderlos». 

Dentro de ese inventario figuran también un complejo de cines y boleras, un parque infantil, chiringuitos o viviendas, a los que hay que sumar los muebles: material de oficina o incluso equipamiento deportivo. Algunos no estuvieron exentos de polémica y la oposición denunció que el Partido Popular liderado por Torró se gastara 238.370 euros en la construcción del parque infantil del Prado, un millón de euros en el Mercado Municipal o dos millones de euros por la construcción de diez chiringuitos en la playa de Gandia.  

No saldrán a subasta aquellos bienes que estén «muy hipotecados». Es el caso del complejo de cines y boleras, que se encuentra en manos de la Sareb (el denominado banco malo) y «en un estado lamentable». El Consistorio arrastra una deuda de 5,3 millones por el acuerdo de compraventa firmado en 2011 entre Vipei e Iniciatives Públiques de Gandia en el marco de la Operación Aplauso. Esa obligación de pago ha llevado al Consistorio a buscar un comprador y desde hace unos meses se mantienen negociaciones con el administrador concursal para encontrar «la mejor solución».  

En total, el valor del patrimonio es de 33,38 millones de euros, mientras que la deuda que deben «gestionar» los liquidadores asciende a 51 millones. De ella, 37,5 millones es deuda con entidades financieras y el resto se debe a diferentes proveedores. Esto supondría un desfase de 17 millones de euros si se consiguiese vender todo el patrimonio inmueble de IPG al precio de tasación.

No es baladí. En la actualidad el ente público arrastra una deuda a proveedores de 16 millones de euros, entre los que figura la Diputación de Valencia (337.198 euros), la Seguridad Social (444.653 euros) y la Agencia Tributaria (887.394 euros). A esa situación se deben añadir los más de cincuenta procedimientos judiciales abiertos que tiene IPG en estos momentos. De mayor o menor calado, todos los demandantes reclaman dinero por servicios prestados. Es el caso, por ejemplo, del letrado del Ayuntamiento de Gandia, Fermín Rabal, que llevó la defensa de la empresa pública cuando Arturo Torró era alcalde y cuyos honorarios ascendían a 470.301 euros. Finalmente se le abonarán 232.972 euros. 

Para Mascarell es «paradójico» que empresas y trabajadores que «accedieron sin ningún procedimiento ni de capacidad ni publicidad ni de libre concurrencia estén actuando contra IPG o que muchas empresas estén condenadas a ir contra el ente público por la mala gestión de los anteriores administradores». Y va más allá: «Si se hubiesen hecho bien las cosas no estarían en condiciones de pedirnos el oro y el moro».

Opacidad y ‘enchufados’

La empresa fue creada en 2006 por el Gobierno socialista encabezado por José Manuel Orengo en coalición con el Bloc con el objetivo de promover políticas sociales, pero con el paso de los años y la llegada a la alcaldía del popular Arturo Torró, la oposición socialista denunció la opacidad del ente público y su transformación en una mercantil bajo sospecha. En la denominada «cueva de Alí Babá».

Con la llegada al poder de la izquierda gracias al apoyo del único concejal de Ciudadanos, salieron a la luz algunas maniobras calificadas «de dudosa legalidad». En sus dependencias se encontraron desde pagos a «empresas afines», cajas con dinero en metálico, cerca de 700.000 euros en pagarés, contrataciones «a dedo» o cesiones ilegales de trabajadores, entre otros. También la verdad sobre sus cuentas: las pérdidas de IPG en los cuatros años que el Partido Popular gestionó Gandia se elevaron 28,4 millones de euros. 

Igualmente, la oposición no conocía el número de trabajadores en plantilla —sólo tenía estimaciones— ni tenía acceso a parte de la documentación relativa a contratos y facturas de la sociedad de capital público. En este sentido, Vicent Mascarell comenta que la plantilla pasó de cinco trabajadores bajo el mandato de Orengo a más de cien de la mano del anterior gobierno del PP y «muchas de ellas estaban vinculadas de forma indirecta, facturando como falsos autónomos por la intermediación de servicios». Entre las personas que cobraban o trabajaban indirectamente para IPG estaba Lola Moncho, quien fue mano derecha de Torró y cobró 4.000 euros mensuales durante 2014 a través de una sociedad propiedad de su sobrino. Otros nombres son Carlos Bolta, exdirigente local del PP, que tuvo un salario de más de 3.000 euros brutos al mes en IPG, o Cristina Serrano, jefa del servicio de actuaciones empresariales y exasesora de Esteban González Pons y Rafael Blasco. 

Acción social de responsabilidad

Una de las últimas decisiones tomadas por Arturo Torró como presidente y consejero delegado de IPG fue la de firmar todos los documentos él mismo y exonerar al Consejo de Administración del conjunto de las decisiones tomadas, asumiendo en primera persona todo aquello que aconteciera a posteriori. En opinión de Mascarell, este documento lo firma porque carece de patrimonio —está en concurso de acreedores personal— y para que una posible acción de responsabilidad recayera sobre él. 

Sin embargo, esto no será así porque «el resto del consejo es corresponsable de las acciones tomadas en esos cuatro años». De hecho, desde el Gobierno aseguran que los responsables de esta «ruina» son los administradores de la mercantil por lo que se han decidido a ejercer la acción social de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración anterior de la sociedad, todos ellos del Partido Popular: el exalcalde Arturo Torró; el asesor del partido Javier Reig; el actual presidente del PP de Gandia, Víctor Soler; el concejal Guillermo Barber, y Lola Moncho.  

El documento, que se está ultimando, se presentará antes de final de año y con él se pretende «recuperar los recursos económicos que se han malgastado». Según estima el gobierno municipal, la responsabilidad social a la que se pueden enfrentar los anteriores gestores de IPG es de más de seis millones de euros.

 Y es que, para Vicent Mascarell, todas las informaciones que han ido apareciendo sobre la empresa pública sólo demuestran una cosa: «Arturo Torró convirtió a IPG en un instrumento para eludir el control político, presupuestario y procedimental» pues, en su opinión, podía gastar cuánto quisiera y de la forma que quisiera, pagar en base a los criterios que deseara y contratar a quien le diera la gana. Tanto es así que, asegura, en determinados momentos «IPG gastó más en un mes que nosotros en todo un año».

Un historial que ha arrastrado a la empresa municipal a su liquidación antes de que finalice en 2019 la legislatura del actual gobierno municipal. 

* Este artículo se publicó originalmente en el número 25 de la revista Plaza (noviembre/2016)