Mónica Oltra. Foto: EDUARDO MANZANALos alemanes, daneses, suecos, finlandeses, e incluso los italianos, cuando conforman un gobierno de coalición suelen dedicar antes un tiempo a estudiar los temas que se deben abordar y prever las posibles disfunciones que pudieran producirse en el transcurso de la legislatura. En esto el modelo alemán es un ejemplo: durante tres o cuatro meses se establecen comisiones con políticos de las formaciones a coaligar, junto a técnicos y expertos en determinadas materias. Los ejecutivos formados por la coalición de la Democracia Cristiana (CDU) y los socialdemócratas (SPD) escribían y recopilaban, en varios tomos, los acuerdos subscritos en todos los campos, entrando en detalles, y las posibles incidencias que, supuestamente, se podrían dar en el proceso del gobierno. Después de las últimas elecciones, en que han llegado a un acuerdo socialdemócratas, liberales y Verdes, estos han aplicado la misma práctica, y puede verse en internet un resumen de lo pactado.
Algo así no ocurrió en los acuerdos del Botànic I y II, cargados de retórica, sin muchas especificaciones, donde lo principal era una comisión de seguimiento (¿seguir qué?) por si surgían problemas a lo largo de las legislaturas. Se aludía al rescate de personas, la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción, un nuevo modelo productivo, financiación justa y gobernar para las personas. Se especificaron en enero y diciembre de 2017 más de 200 medidas para transformar la economía de la CV, con un lenguaje con demasiada literatura y poca concreción, en la que no se aportaran estadísticas ni estudios detallados. Era como los programas que se presentaban de cara a las elecciones, y así se afirmaba, entre otras formulaciones, "mesura de foment de la gestió democràtica i comunitària de l´energia assessorant els municipis que aposten per ella", sin un estudio concreto de lo que significaba en términos concretos. O "Impulsarem una llei per l'Economia Circular que integre els principis d´Economia Circular de la UE…". Lo que debía ser, en todo caso, un resumen respaldado por estudios pormenorizados.
Lo principal fue cómo se distribuían los cargos de las distintas consellerias para que existiera un equilibrio entre el PSPV y Compromís, combinando conseller de un partido con secretarios autonómicos o directores generales de las otras formaciones. En algunos casos las cosas han funcionado razonablemente bien, y en otras con dificultades y desencuentros. Pero ha servido para que Ximo Puig lleve ya siete años como presidente de la Generalitat.
En el proyecto inicial también participó, en menor medida, Podemos, puesto que no se implicó en la gobernanza, pero era clave para el apoyo parlamentario, y entraría en el gobierno de la Generalitat en el Botànic II a partir de 2019. Pero la fluidez de este entramado ha dependido de las relaciones personales. Además, Compromís es en sí mismo una Coalición entre Alternativa -una escisión de IU, liderada por Mónica Oltra-, el Bloc -de Marzà y Morera- y los Ecologistas. En el fondo no eran más que una UTE (Unión Temporal de Empresas) para repartirse el poder y eligieron por su trayectoria a Oltra, habida cuenta de su papel mediático, y su protagonismo en la oposición contra el PP en la época de los grandes escándalos de la Gürtel, los tejemanejes de la visita del papa Benedicto o del accidente del Metro. Era entonces cuando Oltra llevaba camisetas con las figuras de Camps o Cotino y el lema "Wanted" (se busca) como en las películas de cowboys de Hollywood.
Al final todo ha devenido en un gobierno parecido a los del Líbano donde cada parcela era dirigida por el partido al que le tocaba en su grado más alto, la conselleria, sin que los otros pudieran inmiscuirse. Así ha pasado en los temas de Cultura, donde casi todo ha quedado en manos de Compromís, sin que el PSPV defina su modelo: ¿Es el mismo que el de Compromís? E igual ha sucedido, por ejemplo, en la Diputación de Valencia, una reproducción del Botànic, donde el presidente, Antoni Francesc Gaspar Ramos, no intervenía en lo que se decidía en la Institució Alfons el Magnànim.
Y mientras, la oposición (PP y Cs), esperando a que los que gobiernan se desgasten para ocupar sus puestos. Con todo, hay que constatar que, en conjunto, el resultado de la Generalitat no ha sido negativo, pese a toques de sectarismo lingüísticos innecesarios y un lenguaje de nacionalismo rancio. El presidente Puig ha mantenido un tono moderado, nada estridente, que podía asumir, según el auditorio, la doctrina social de la Iglesia católica o la lucha de clases si se dirige a un congreso de la UGT o CCOO. Es una posición tradicional en estos tiempos postmodernos, lo que no coincide con un autor como George Steiner, del que me cuentan que el presidente ha leído alguna de sus obras. Y que tal vez le vaya bien a una sociedad equilibrada y emprendedora en tantas cosas como la valenciana.
También se me alegará que no somos alemanes para ser tan puntillosos, pero en cambio reivindicamos los valores de la cultura y la ciencia occidental. Y estamos muy a gusto con la fábrica que va a instalar Volkswagen en Sagunto, al tiempo que pedimos más recursos para la investigación en todos los campos científicos. Y ahora salen con que todo es una conspiración fascista, término que de tanto usarlo ha perdido su significado. Y si así fuera ¿qué? Lo sustancial es la fenomenología de los hechos que los jueces tendrán que dilucidar, e importa poco que la extrema derecha haya entrado en el asunto. Las conspiraciones son habituales en las democracias occidentales, para bien y para mal, y lo que hay que dilucidar es si lo que se afirma es cierto o son solo noticias falsas (fake news en ingles).
