VALÈNCIA. El 23 de julio -si no han votado ya por correo- tienen una cita. En apenas unos días se celebrarán las Elecciones generales de 2023, unos comicios en los que, cómo no, también entra en juego la cultura. Si bien no es habitual que sea el centro de la conversación en entrevistas, encuentros o debates, como el reciente 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, nos permitirán que en Culturplaza pongamos el foco en ella. Hoy analizamos, como ya hiciéramos en las elecciones autonómicas y locales, los programas electorales de los principales partidos -PSOE, PP, Sumar-Compromís y Vox- en clave cultural, un recorrido con casi ninguna referencia valenciana pero que sirve para dibujar algunos de los caminos que se abrirán, mantendrán o romperán tras las elecciones para los profesionales de las artes.
El Partido Socialista despliega un a amplia batería de medidas en su programa electoral que pasa, en primer lugar, en ampliar o reforzar programas ya existentes, como el Bono Cultural o las entradas de cine a 2 euros para mayores de 65 años. Además, en el plano institucional, proyecta dotar “de mayor autonomía” tanto lCAA (audiovisuales) como al INAEM (artes escénicas y música).
Encabeza la batería de 55 medidas la propuesta de un “Pacto de Estado por la Cultura”, al igual que ha habido por la Violencia de Género o en materia antiterrorista, “con el resto de las fuerzas políticos, gobiernos autonómicos y la Federación Española de Municipios y Provincias”. Dentro de ese refuerzo institucional de la cultura, el programa proyecta un Plan Nacional de la Danza y una Red Nacional de Centros Coreográficos
En cuanto a organismos e iniciativas de nueva creación, destacan un Centro Nacional de Fotografía y convertir el Centro de Tabacalera de Lavapiés en un centro de producción y residencias culturales. También la creación de un Comité Asesor Juvenil dentro del organigrama del Ministerio, un Observatorio de Igualdad de Género cultural y mejoras normativas para mejorar el acceso de personas con discapacidad y “personas con otros orígenes culturales y/o étnico-raciales”. Destaca también, en el ámbito del acceso universal a la cultura, la propuesta de un “cine de verano en municipios sin salas de exhibición”.
En el ámbito industrial, el programa promete la “creación de Fondos de Inversión especializados en activos culturales”, el fomento del “turismo cultural”, ampliar las las deducciones actuales para el cine y las series a las artes escénicas y la música, actualizar la normativa de derechos de autor para adaptarse a la realidad de los podcasts o el amparo legislativo a los “creadores, artistas y personas” que usan la inteligencia artificial , “Sin olvidar el principio fundamental de garantizar la protección de los creadores y artistas, así como una justa remuneración de toda la cadena de valor”.
Así mismo, se propone la puesta en marcha de una “Mesa de la Música” con agentes públicos y privados, “métricas eficaces” para el cálculo del impacto de la cultura en España, revisar sistemas y leyes que afectan al mecenazgo y esquemas de subvenciones, o reconocer el patrimonio audiovisual como histórico, además de declarar la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural.
Bajo el lema ‘España, una potencia cultural en el mundo’ presenta el Partido Popular de Núñez Feijóo su proyecto de ámbito cultural, en el que se compromete, entre otras cuestiones, a ampliar el número de sedes del Instituto Cervantes, que destaca como “el mayor organismo cultural del mundo en lengua española”, así como a crear nuevas líneas de financiación para el sector audiovisual y videojuegos e impulsar los planes de fomento de la lectura, especialmente enfocados en el público infantil y juvenil.
Con respecto al Estatuto del Artista, el PP plantea la simplificación del nuevo régimen de prestación de desempleo o modernizar el sistema de jubilación, así como la promoción de incentivos fiscales que “favorezcan” el ejercicio de actividades artísticas y de creación. De igual forma, el grupo se compromete a impulsar una nueva Ley de Patrimonio Cultural, "agilizando" la convocatoria y ejecución del 2% cultural destinado a la conservación y protección del patrimonio español o reservando una partida específica para obras de rehabilitación destinadas a municipios rurales.
Por lo que se refiere al mecenazgo, los populares plantean la aprobación de una nueva Ley de Mecenazgo con la que se "elimine el exceso de burocracia que impide la gestión eficaz en el ámbito cultural", favoreciendo de esta manera la creación de nuevas empresas culturales y la formación de gestores especializados. De igual forma, se comprometen a “promover” fórmulas de mecenazgo para la creación de un Centro Nacional de Danza que sirva como lugar estable de representación tanto para las Compañías Nacionales (Compañía Nacional de Danza y Ballet Nacional de España), como para compañías nacionales e internacionales. El PP también prevé que el centro sirva de laboratorio de creación y punto de encuentro para bailarines, coreógrafos y todos los implicados en el arte de la danza, y que sirva de referente para la creación, formación y difusión de la danza en todo el territorio nacional.
Entre otras medidas, el PP dibuja en su programa electoral un ‘mapa’ de centenarios para reivindicar a “referentes culturales” como Ana María Matute (2025), Gaudí (2026), Buero Vallejo (2026) y, "de forma muy especial", el de la Generación del 27.
La coalición Compromís-Sumar presentan dos programas separados, aunque complementarios en la gran mayoría de medidas. En el preámbulo de las más de 30 medidas propuestas, Sumar marca distancia con el PSOE remarcando que la cultura no es “solo” “un escaparate” ni un “reclamo turístico”. En este sentido, en el ámbito más simbólico, la formación liderada por Yolanda Díaz plantea crear “herramientas jurídicas” para proteger “la libertad de creación” y “evitar la injerencia política y la censura” desde las instituciones culturales. También el desarrollo de una “Ley de derechos culturales” para garantizar “el derecho a la cultura de todas las personas y en todos los territorios”. En la misma dirección, plantea “normativas, herramientas y recursos” para que la participación y presencia de las personas en la cultura no dependa de “divisiones de clase, renta y capital cultura; diversidad sexual y de género; diversidad étnico-racial o personas con discapidad”. Proponen desarrollarlo a través de estadísticas y análisis e implementar “medidas de acción positiva” en convocatorias de ayudas y subvenciones.
En cuanto a la igualdad de género, Sumar propone “la paridad en jurados tribunales y comisiones de valoración”, “cláusulas de género en la contratación pública” y reivindicar desde los museos y los archivos la memoria de las mujeres artistas.
Ya en el campo de las medidas más industriales, el programa plantea cambiar la Ley de Contratos del Sector Público para adaptarla a las especificidades de la cultura, tener en el horizonte un gasto del 1% en los PGE, una casilla cultural en el IRPF, incentivos fiscales para la innovación y renovación de infraestructuras culturales privadas o una Agencia pública del algoritmo y la inteligencia artificial para generar una serie de “derechos para la cultura digital”. También pone el foco en combatir la precariedad del trabajo cultural.
Otra batería amplia de medidas plantea una revisión amplia de las dinámicas institucionales, que afectaría desde el reparto territorial de los fondos hasta la difusión de la cultura en el medio rural, pasando por la creación (al igual que propone el PP) de un Centro Nacional de Danza, o (al igual que propone PSOE) impulsar un Pacto de Estado por la Cultura.
Compromís, remarca las medidas de Sumar que hablan de descentralizar la política cultural, proponiendo un premio similar al Cervantes pero para idiomas cooficiales, una Ley de financiación de infraestructuras culturales estatales para estrechar la brecha entre centros de Madrid y Barcelona con el resto del territorios, la reciprocidad de las televisiones autonómicas de lengua compartida o el retorno permanente de la Dama de Elche, entre otras cosas.
El partido de extrema derecha Vox está liderando o liderará –no sin polémica- la cartera de Cultura de distintos ayuntamientos y gobiernos autonómicos tras su alianza con el Partido Popular, entre ellas la de la Generalitat Valenciana, que capitaneará el torero Vicente Barrera. Esto choca, como ya apuntamos en el repaso a los programas electorales autonómicos y locales, con la inexistencia de medidas o propuestas concretas sobre este sector, algo que se repite en el ámbito nacional. En las 178 páginas de programa electoral, la formación liderada por Santiago Abascal no cuenta con un apartado específico relativo al área de cultura. De hecho, la palabra “cultura” apenas aparece mencionada en dieciséis ocasiones y, en su mayoría, en un contexto que poco tiene que ver con las artes. Así, se habla de “cultura de la muerte”, en referencia al derecho al aborto, o de “Cultura de la Defensa”, sobre la difusión de las Fuerzas Armadas. De ámbito propiamente cultural, pues, sus principales propuestas serían “reforzar el papel del Instituto Cervantes en su labor de promoción universal de la lengua española y difusión de la cultura española” o el impulso de “iniciativas culturales y educativas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, destinadas a combatir la “leyenda negra” y a dar a conocer la labor civilizadora de España en América”, tal y como reza el documento.