La declaración de Máximo Caturla se vuelve a aplazar y comparecerá el día 20 junto a Benavent

VALÈNCIA. (EP). La declaración de Máximo Caturla, ex secretario autonómico de Educación, prevista para este lunes, dentro del caso Imelsa, se ha vuelto a aplazar y comparecerá en el juzgado el próximo día 20 junto a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Ciegsa, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Caturla estaba citado este lunes para declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 18 de València pero su comparecencia se ha aplazado esta misma mañana por decisión del juez. Tenía que declarar por la nueva pieza del caso Imelsa en la que se investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de Ciegsa.

No es la primera vez que se aplaza la declaración de Caturla, puesto que inicialmente estaba citado el pasado 8 de marzo. También ha sufrido diversos aplazamientos la comparecencia de Benavent, quien se ha autodenominado 'yonki del dinero'.

Junto a Caturla y Benavent, en esta nueva pieza de Imelsa también tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.

Esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una "finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa", Marcos Benavent, según exponía el juez en su auto.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano, y si justificaron sobrecostes sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente perjuicio económico para el erario público de la Generalitat.

El informe policial recoge indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.