Foto: EVA MÁÑEZTras mes y medio de confinamiento, la semana pasada, por fin, las cosas comenzaron a evolucionar. Con los paseos de los niños comenzó la desescalada, el camino hacia lo que el Gobierno español ha denominado la "Nueva Normalidad", a la que todos esperamos llegar lo antes posible (porque, aunque no sea como la normalidad que teníamos antes, sin duda será mejor que lo que hay ahora). Más que nadie, la oposición, que recientemente ha exigido al gobierno español volver a la vida que teníamos antes del 14 de marzo, es decir: a la vida normal. Como si eso fuera algo que estuviera al alcance del gobierno central. De este o de cualquier otro gobierno del mundo.
Por desgracia, la "Nueva Normalidad", que en el mejor de los casos durará meses (en el peor, años), comportará distanciamiento físico, mascarillas, aforos al 50% o menos, medidas profilácticas, confinamiento de la población más vulnerable y, probablemente, la suspensión de las grandes aglomeraciones de gente por motivos recreativos, como espectáculos deportivos o fiestas populares.
El plan de desescalada del gobierno central tiene aspectos discutibles, sin duda; pero en líneas generales parece una planificación bien articulada y prudente, ante una situación que en España ni mucho menos está controlada. El peligro de un rebrote es enorme, y por esa razón el desconfinamiento ha de hacerse progresivamente.
Seguro que todos vemos aspectos del plan que no nos convencen. Por ejemplo, a mí me parece que se abren los bares y restaurantes, aunque sólo sean las terrazas, demasiado pronto, y que si así se hace es, precisamente, por la importancia del sector y el deseo de reactivarlo de cara al verano (y la temporada turística). Curiosamente, el sector de la hostelería ha reaccionado con hostilidad a los planes del Gobierno, porque les parecen excesivamente rigurosos los porcentajes de ocupación permitidos (inicialmente del 30% de las terrazas) y exigen, en consecuencia, que se revisen al alza, en un nuevo ejemplo de pensamiento mágico; como si el gobierno adoptara esas medidas por el mero afán de fastidiar a los hosteleros, por el capricho de que no se extienda incontroladamente el dichoso coronavirus.
Sin embargo, en líneas generales el plan parece una hoja de ruta bien trazada; al menos, sabemos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. También hay que citar, como acierto elemental, que la desescalada pueda ser asimétrica. Por fin, en el Gobierno han decidido que, después de todo, el coronavirus sí que entiende de fronteras, y que, si hay zonas con muchos contagios y otras con muy pocos, o con ninguno registrado, carece de sentido que todos tengan que pasar por el aro del mismo confinamiento. Ojalá el gobierno español hubiera asumido antes esta realidad y hubieran optado por cerrar a tiempo los focos de infección principales que surgieron en marzo, en lugar de esperarse unos cuantos días (durante los cuales el virus siguió campando a sus anchas), para acabar cerrando todo el país a la vez.
Ahora, en cambio, cada zona de España podrá desarrollar su propio ritmo de desconfinamiento, siguiendo las cuatro fases marcadas por el Gobierno: todos comenzamos la primera fase, o "Fase cero", el lunes, salvo algunas islas de Baleares y Canarias donde no hay casos en los últimos días, que empiezan directamente en la "Fase uno". El problema que nos encontramos, nuevo trasunto del afán centralizador y controlador del gobierno central, se encuentra en la unidad de medida escogida: la provincia. El desconfinamiento podrá ser asimétrico, pero los territorios evolucionarán según las demarcaciones provinciales. Como en 1833.
El Gobierno y algunos analistas políticos y expertos en la materia han desplegado argumentos en favor de esta decisión: la provincia es la menor unidad territorial de la que pueden obtenerse rápidamente datos fiables para determinar si hay un rebrote de contagios o no; por otro lado, como las provincias, obviamente, responden a una organización territorial controlada desde el Estado central, no desde las comunidades autónomas, es una garantía de que el Gobierno mantendrá el control, evitando veleidades o experimentos de los presidentes de las comunidades autónomas, tal vez tentados de aplicar sus propias hojas de ruta, que atenderían más a los deseos del empresariado local que a motivos de salud pública.
La organización provincial, en esta crisis, no responde a una cuestión de organización racional de los territorios
Estos argumentos, desde mi punto de vista, carecen de sentido si de lo que se trata es de defender que, a partir de ahora, vivimos fundamentalmente en una provincia. Precisamente porque las competencias sanitarias son autonómicas, las comunidades autónomas son las que están mejor preparadas y cuentan con más recursos para hacer frente a una crisis como esta. Y esto ha sido así desde el principio. No hay más que ver la impotencia del ministerio de Sanidad para tratar de aplicar una recentralización de competencias, para centralizar las compras o incluso para desarrollar el estudio de anticuerpos que, por fin, casi un mes después de anunciar su comienzo inminente parece que ha echado a andar esta semana.
La organización provincial, en esta crisis, no responde a una cuestión de organización racional de los territorios, sino que se trata de una medida de control. Es el mismo error con el que está operando el Gobierno en muchos aspectos de su gestión: comportarse como si pudieran adoptar las medidas que quisieran, con independencia de la lógica y de la aritmética parlamentaria. Como si tuvieran 220 escaños (en lugar de los 155 que tienen), y como si en España el sistema sanitario fuera una competencia nacional, como el NHS británico.
Esta desconfianza en las comunidades autónomas, absolutamente impropia de un Gobierno compuesto por partidos supuestamente federalistas (aunque ya sabemos que el federalismo, en el PSOE, es una cuestión de quita y pon; y más de "quita" que de "pon"), es totalmente contraproducente para la gestión exitosa de esta crisis; y el principal perjudicado, además de los ciudadanos en su conjunto, será el gobierno central, que necesita gestionar la desescalada lo mejor posible, y para ello ha de encontrar complicidades en las administraciones que, a fin de cuentas, tendrán que ejecutar el plan: comunidades autónomas y ayuntamientos. Precisamente por eso, y por la debilidad del Gobierno, es previsible que haya una rectificación y se permita decidir a las comunidades autónomas cómo gestionar el desconfinamiento en sus territorios. Si hay dicha rectificación, podremos decir, una vez más, que el Gobierno acierta cuando rectifica.
