Un momento del pleno ordinario de julio, con las ausencias en la bancada de Compromís (izquierda).CASTELLÓ. La Diputación de Castellón ha aprobado en su sesión plenaria de este martes, en la que no ha habido representación de Compromís, comprometer una inversión de más de 30 millones de euros para mejorar las carreteras de la provincia de Castellón en los próximos cinco años.
El pleno ha dado de esta manera vía libre a la propuesta del equipo de gobierno, presidido por Javier Moliner, para reforzar las conexiones viarias entre la costa al interior de Castellón a través de un contrato de conservación y mejora de carreteras por valor de 6,7 millones de euros anuales en 2019 y 2020, que será prorrogable a un total de cinco años.
Además, esta inversión sienta las bases de lo que será una actuación histórica en carreteras que incorpora 700.000 euros anuales más a este contrato, a lo que hay que sumar actuaciones puntuales que el Gobierno Provincial pueda impulsar al margen de este contrato hasta alcanzar cifras como la estimada en este 2018 de un total de 9 millones de euros en carreteras, según ha puesto de manifiesto el diputado de Carreteras, Juan Bautista Juan, durante el desarrollo de la sesión.
El máximo responsable provincial en materia de carreteras ha detallado que “este contrato de obras y servicios es uno de los más importantes que realiza la Diputación y afecta a 700 kilómetros de carreteras provinciales titularidad de la Diputación", además ha señalado la convicción del equipo de gobierno de que estas actuaciones repercutirán de manera favorable en extender "las oportunidades de nuestros pueblos a través de carreteras bien conservadas, vías de comunicación de los tiempos actuales y con altos estándares de confort para los usuarios", ha indicado.
Como principales novedades, el nuevo contrato de conservación de carreteras reforzará especialmente las labores de conservación ordinaria que potencien labores como la mejora de la señalización horizontal y vertical, la limpieza de márgenes, balizamiento y labores similares con tal de alcanzar una revisión completa de toda la red en un plazo máximo de cinco años. Se trata de actuaciones de elevado impacto en la mejora de la seguridad vial. El objetivo es, según ha especificado la Diputación a través de un comunicado "aumentar la dotación presupuestaria para estas actuaciones de alto impacto que tenderán a homogeneizar la mejora de índices de estado de todas las carreteras de la red provincial".
El salón de plenos presentaba este martes un aspecto inusual por la llamativa ausencia de los dos representantes de Compromís. Mientras su portavoz, Xavier Trenco, se encontraba de viaje, su compañero en las filas nacionalistas, Pau Josep Ferrando, no acudió por motivos personales, según confirmaron fuentes de la formación.
La sesión también ha tenido otros puntos de interés, como la declaración institucional para minimizar las molestias a los usuarios de cercanías. Todos los grupos políticos han respaldado pedir al Gobierno y a la Conselleria la gratuidad del billete de cercanías entre Castellón y Valencia mientras duren las obras de implantación del tercer hilo en la segunda vía de la plataforma ferroviaria en este tramo siguiendo la misma solución que se ha adoptado en procesos similares de mejora en otras comunidades autónomas, como en el caso de Cataluña.
También los populares han visto respaldada una iniciativa en la que, a través de una moción, se pedía al Gobierno de España la reforma inmediata del sistema de financiación y que ésta permita a los valencianos disponer de los recursos suficientes para poder disfrutar de unos servicios públicos de calidad, además de desarrollar las propias competencias.
Por otro lado, el PP también ha sacado adelante, pero esta vez solo con el apoyo del grupo de Ciudadanos, una petición para que la Generalitat se involucre más a la hora de combatir los mosquitos y se firme un convenio que permita avances en los tratamientos contra el mosquito tigre, la mosca negra y las garrapatas.
Finalmente, el pleno de la Diputación ha aprobado con el apoyo del Grupo Popular y Ciudadanos y el voto en contra del resto de grupos políticos la moción conjunta que habían presentado para instar al Gobierno de España a no llevar a cabo ningún tipo de acercamiento de los presos de ETA en tanto que todos y cada uno de sus integrantes sean entregados ante la justicia, pidan perdón a las víctimas y manifiesten su arrepentimiento.
Al respecto, la portavoz adjunta del equipo de gobierno, Elena Vicente-Ruiz ha señalado que “nadie debe tener privilegios penitenciarios por ser aliado del Gobierno, y sin haber recibido a las víctimas del terrorismo ha habido declaraciones de acercamiento de los presos etarras sin contar con el consenso político que un tema de Estado como éste requiere y sin ser tratado además en el Pacto Antiterrorista”.
El texto que ambos grupos han respaldado insta al Gobierno a que cualquier medida concerniente a los presos de ETA deba ser consensuada y comunicada previamente a su adopción con las víctimas y sus respectivas asociaciones.
