Imelsa calcula que el fraude de los contratos amañados ascendería a 100 millones de euros

VALENCIA. La Diputación de Valencia estudia personarse en el caso Imelsa. Según fuentes de la corporación provincial, el objetivo del presidente de la institución, Jorge Rodríguez, es "recuperar el dinero presuntamente robado por la trama de comisiones ilegales" que supuestamente lideraba Alfonso Rus, su predecesor en el cargo y ex presidente del PP en la provincia de Valencia.

Así, este mismo miércoles Rodríguez ha ordenado a los servicios jurídicos de la casa que estudien la manera de personarse en el caso por parte de la corporación provincial. En este sentido, fuentes de su entorno recalcan que en su toma de posesión el presidente de la Diputación ya anunció que una de sus prioridades iba a ser "la lucha contra la corrupción", una tarea que, según las citadas fuentes, se ha mantenido desde un segundo plano "proactivo" a favor "del esclarecimiento de los hechos".

De esta manera, las citadas fuentes señalan que desde el gobierno de la nueva Diputación se ha puesto a disposición tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del juzgado instructor y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investigan las distintas causas que afectan a exdirigentes del PP de Valencia, no solo toda la documentación y medios a su alcance, sino que se encargó en pleno mes de agosto una "auditoría forense" a una empresa especializada de Madrid para determinar el alcance penal de todos los correos electrónicos y bases de datos obrantes en los archivos y servidores informáticos de Imelsa. El informe encargado por la corporación provincial apunta a en torno a 100 millones de euros en contratos amañados en los últimos ocho años, señalan fuentes de la Diputación.

En cuanto a la elaboración de la citada auditoría, durante todo un fin de semana se mantuvo cerrada la sede de Imelsa para que los especialistas, en presencia permanente de un notario, escrutaran la empresa pública. El resultado de la auditoría forense encargada por la nueva Diputación fue entregado íntegramente a los investigadores y ha permitido, según subrayan desde la institución, "ampliar las pesquisas y acelerar el esclarecimiento de los hechos". 

Otra de las decisiones clave tomadas por el nuevo gobierno de la diputación, fue facilitar a la Fiscalía Anticorrupción el acceso a las cintas de seguridad, que hasta ese momento habían impedido los responsables políticos de la anterior corporación provincial, ahora detenidos. 

En paralelo, la nueva Diputación está implantando, por primera vez en las empresas públicas, un sistema de organización destinado a evitar la comisión de delitos, un método que ha encontrado amparo en la última reforma penal de 2015. Este sistema, denominado Corporate Compliance, incorpora un mecanismo de denuncias anónimas con el fin de evitar que el miedo a represalias impida la colaboración de empleados en la lucha contra la corrupción.