La Diputación refuerza su control interno con "una fiscalización máxima" de las subvenciones y los contratos

VALÈNCIA. (EP) La Diputación de Valencia ha destacado este miércoles la consolidación de su control interno con "una fiscalización máxima" de las subvenciones y los contratos, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La institución ha dicho que este es un proceso "en el que se implicó Presidencia en respuesta a los requerimientos y sugerencias de los habilitados nacionales" de la entidad y ha detallado que se pone de manifiesto en el Informe Resumen de Control Interno y el Plan Anual de Control Financiero presentados en el mes de abril.

El informe de control interno recoge 11.468 fiscalizaciones, más de un millar respecto a 2020. De este total, un 75% pertenece al área de Contratación y refleja "un incremento importante" en el área de Personal. Entre los 38 departamentos de la Diputación con capacidad de gestión, Carreteras, Medio Ambiente, Patrimonio, Bienestar Social y Promoción Cultural son los que más expedientes tramitan. Un 85% de las tramitaciones recibió la conformidad en primera instancia.

Asimismo, la institución ha comentado que se han incrementado los informes de estabilidad presupuestaria, 272 frente a los 227 del ejercicio 2020 y los 205 del año anterior. Sobre la fiscalización del Plan de Inversiones 2020-21, ha señalado que en el programa que engloba la financiación de infraestructuras y servicios en los municipios y mancomunidades de la provincia de Valencia, el interventor constata 2.399 informes de proyectos favorables y 82 desfavorables.

Igualmente, ha resaltado que el informe no aprecia fraccionamiento de contratos y que valora la gestión de las subvenciones a través del Gestor de Expedientes. En concreto, se fiscalizaron 1.113 subvenciones y se consolidó así la cifra del anterior ejercicio, en el cual se produjo un "punto de inflexión con un incremento del 80% en los trámites realizados con la nueva herramienta".

Intervención no ha detectado graves deficiencias en los expedientes, que "en los casos oportunos se han subsanado sin reparos". Como recomendación, insta a los gestores de la Diputación a reforzar la comunicación con los beneficiarios de las subvenciones y a instruirles en la utilización de las herramientas informáticas para hacer una correcta justificación de las mismas.

Por otra parte, la institución ha detallado que su portal de Transparencia contiene las auditorías externas realizadas a los entes del sector público dependiente de la Diputación, con la supervisión de los interventores. A través de la web, ha subrayado, pueden consultarse las cuentas de la corporación, del Consorcio Provincial de Bomberos, Egevasa, Girsa y Divalterra --esta última en el tramo final de su proceso de liquidación, ha precisado la entidad--.

El informe de la Intervención concluye que "se han aumentado considerablemente las facultades de intervenir en las decisiones de la administración mediante controles internos y la publicidad de los mismos", al tiempo que valora el Plan de Acción del presidente --el socialista Toni Gaspar-- para resolver las deficiencias detectadas por los interventores --en el pasado ejercicio incluyó mejoras en materia de informática, subvenciones, personal y protección de datos--.

Para el actual ejercicio, Intervención propone dos líneas de mejora en contratos y subvenciones y valora el trabajo que se está realizando por parte del actual equipo de gobierno, así como la "eficacia" del Plan de Acción del Presidente, que aborda estas sugerencias con "medidas correctoras estructurales".

Entre las propuestas del informe del interventor están una mayor didáctica con los beneficiarios de las subvenciones, que se traduzca en una mejor justificación de las mismas, y la supervisión de cada contrato por un técnico-profesional, que puede encontrarse en la propia Diputación, ha agregado la institución.

Toni Gaspar ha asegurado que "la transparencia no sirve de nada si se queda en una declaración de intenciones", tras lo que ha afirmado que "puede mejorar mucho las instituciones si clarificamos trámites y gestiones, dejamos trabajar a los que saben y escuchamos sus consejos en cada uno de los procesos administrativos".

El presidente ha resaltado su voluntad de reducir la burocracia, para lo cual ha presentado dos planes de acción encaminados a responder a las recomendaciones de los habilitados nacionales, principales aliados para velar por la legalidad de los procesos y la agilidad y la eficiencia en la gestión, ha expuesto la Diputación.

El segundo plan de acción se tradujo en 2021, como recoge el informe de Intervención, en mejoras en distintas áreas, desde Informática a Personal, pasando por las subvenciones y la protección de datos.

Fruto del trabajo conjunto entre Presidencia e Intervención se ha modernizado el Gestor de Expedientes e implantado el Portal de Contratación Menor, mientras que se ha intensificado la elaboración de una normativa de protección de datos a raíz de las amenazas en materia de ciberseguridad, ha agregado la institución provincial.

Ordenanza general de subvenciones

Asimismo, ha apuntado que otros proyectos impulsados desde el Plan de Acción del Presidente son la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones, para crear un plan estratégico para todas las áreas y un futuro departamento de subvenciones; y la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Personal que regula la carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño de los trabajadores de la corporación.

La Diputación ha señalado que el "refuerzo" de su control interno comenzó a ponerse de manifiesto a partir de 2016 aunque ha precisado que "el cambio drástico" se evidencia "más claramente comparando los últimos tres ejercicios con los primeros años de la década".

En 2011, la corporación no contaba con un control de legalidad financiera en ninguna de sus áreas y delegaciones. Actualmente, existe un plan anual de control financiero desde 2016; un informe resumen de control interno desde 2019; un plan de acción del presidente "pionero" estrenado el pasado año; y un control permanente sobre facturas, subvenciones, contratos, pagos, personal y puestos de alta dirección.

Las empresas y organismos de la institución --Divalterra, Egevasa, Girsa y el Consorcio Provincial de Bomberos--, cuentan con un control de legalidad financiera encargado del cumplimiento de la normativa vigente en todos los expedientes. Los tres primeros disponen de un sistema de control de legalidad operativa que analiza el resultado de la puesta en marcha de estos expedientes y las posibles consecuencias de su ejecución.