VALÈNCIA. (EFE). La Diputación de Valencia y los sindicatos CCOO, UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han llegado a un acuerdo para estabilizar la situación laboral de 96 empleados (63 mujeres y 30 hombres) que dejarán de ser personal laboral y se convertirán en interinos.
En la negociación se ha consensuado por unanimidad la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para redistribuir y crear los nuevos puestos, un acuerdo que será llevado al pleno de mañana para su aprobación, ha señalado la corporación provincial en un comunicado.
El diputado responsable del área de Administración General, Pepe Ruiz, ha agradecido "el esfuerzo negociador y la buena predisposición de los sindicatos para llegar a un acuerdo".
Entre los contratos que se consolidarán hay 23 profesores que trabajan en las escuelas que gestiona la Diputación de Valencia, como la de Viticultura y Enología de Requena o la de Capataces de Catarroja.
También hay diecinueve administrativos, seis arquitectos técnicos, cuatro analistas, tres restauradores y quince auxiliares que se encargarán del servicio de información corporativa hasta ahora gestionado por una empresa privada.
La apuesta de la corporación, según Pepe Ruiz, es que "a partir de este año, y en los próximos ejercicios, se convocarán ofertas públicas de empleo que incluirán el 100 % de las plazas que la Ley de Presupuestos del Estado nos permita".
También ha señalado que su objetivo "es consolidar el máximo empleo público y reducir la precariedad laboral en la medida de nuestras posibilidades".
"Esta medida hay que contemplarla dentro de las iniciativas organizativas que vamos a impulsar para paliar el envejecimiento y la pérdida de puestos de trabajo que se está produciendo debido a las restricciones impuestas por el Gobierno", ha añadido Ruiz.
Además, ha indicado que estas políticas están ocasionando "graves problemas de futuro a todas las Administraciones" porque la edad media de las personas que trabajan en la Diputación "supera los cincuenta años, con una antigüedad de más de 25 años".
"En las dos próximas legislaturas alcanzarán la edad legal de jubilación unos 440 empleados y empleadas, aproximadamente el 35 % de la plantilla", ha añadido Ruiz.
El diputado de Administración General ha confirmado que "vamos a hacer lo que esté en nuestra mano pero, de seguir esta tendencia de restricciones en las ofertas de empleo público, la futura prestación de muchos servicios puede verse comprometida por la falta de personal".
