VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana adelantó el dinero de las obras del circuito de la Fórmula 1 y se endeudó para ello. Una década después de que dejara de celebrarse el gran evento en la fachada marítima de la ciudad de València, la administración autonómica todavía no ha cobrado aquel adelanto que asciende a más de 42 millones de euros y sigue pagando el crédito que pidió de 60 millones de euros a razón de 7,5 millones anuales hasta 2023.
El macroproyecto, impulsado por la Generalitat Valenciana cuando la dirigía Francisco Camps y el Ayuntamiento de València que lideraba Rita Barberá, acabó en fiasco y sigue condicionando el desarrollo urbanístico de la zona, apodado como PAI del Grao, todavía en el aire con motivo del embrollo económico que acabó suponiendo para la administración pública la celebración del Gran Premio.
La idea era simple: el Eige (rebautizado ahora como EVha), organismo dependiente de la Generalitat, se hacía cargo de los más de 40 millones que suponía la inversión de las obras del circuito y más tarde, el Ayuntamiento devolvería ese dinero tras imponerlo en cargas urbanísticas a los propietarios del suelo, que emplearían como calles del barrio portuario el trazado urbano por donde habían discurrido los monoplazas. Y todo ello se rubricó en un convenio suscrito entre ambas administraciones en 2007. Pero las cosas no salieron como se esperaba.
El motivo: el Ayuntamiento de València y los propietarios de las parcelas mantienen una discrepancia de criterio sobre cuánto de los 42 millones de euros puede serles repercutido. Esto es, las partes privadas rechazan a todas todas hacer frente al total de la inversión porque la obra en su totalidad no será aprovechable. Es Aumsa, la empresa municipal urbanística del Ayuntamiento, dependiente de la concejalía de Urbanismo que dirige ahora Sandra Gómez, la que lleva estas conversaciones, que todavía no han llegado a ningún puerto y que pretenden evitar un litigio que retrase el desarrollo del PAI sine die.
Fuentes conocedoras de la situación explican que, según el criterio jurídico del Ayuntamiento, seguramente se podrán repercutir todas las actuaciones relativas a la electrificación del sector, el soterramiento de la subestación eléctrica y otras obras en algún viaducto, que suponen gran parte del montante total de dinero en liza. Se trata de intervenciones que se tendrían que haber realizado igualmente si no hubiera existido el circuito.
Pero señalan, por contra, que lo que puede estar en el aire es la financiación del propio trazado del circuito, aunque señalan que esto es una parte menor de los 42 millones en cuestión. De ocurrir esto segundo, serían las administraciones públicas las que deberían asumir el coste del trazado. Y en este caso, se plantea la posibilidad de que no lo hiciera únicamente el Ayuntamiento sino que también la Generalitat Valenciana se hiciera cargo de una parte de ese coste.
Este panorama tiene muchas más implicaciones más allá de la estrictamente económica: si el consistorio no puede repercutir el coste del circuito a los propietarios, no tiene la obligación de mantenerlo, lo cual abre la puerta a que el diseño del futuro PAI del Grao, que mantenía algunos viales del circuito, experimente modificaciones. En concreto, el dibujo presentado por el gobierno municipal de València en 2018 mantenía dos importantes rectas del trazado, si bien en él desaparecía el resto del circuito y los canales de agua previstos inicialmente.
Hay que recordar que en mayo de este año, Camps aparecía públicamente ante los medios para presentar en el Ayuntamiento un escrito en el que reclamaba al Ayuntamiento, ahora dirigido por Joan Ribó, que se cumpliera el "compromiso municipal" recogido en el convenio de repercutir el canon de urbanización a los propietarios del sector para recuperar el dinero, que debería sumarse a los intereses bancarios. Escrito que el gobierno municipal inadmitió de plano "por inexistencia de acción pública y falta de legitimación" de Camps.
La Fórmula 1 volvió a la palestra mediática este martes cuando, por sorpresa, el conseller de Vivienda y presidente del EVhA, Rubén Martínez-Dalmau, anunciaba que su departamento había iniciado las acciones para pedir al Consell Jurídic Consultiu la nulidad el convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento y que dio origen a todo el embrollo. Según el conseller, se han encontrado "irregularidades" en el procedimiento de su firma, como que las personas que lo firmaron no tenían competencias y que el gobierno de Barberá no lo pasó por el pleno municipal.
Asimismo, según informó la Conselleria, tampoco se habría informado a los propietarios privados del sector de la obligación de pagar la urbanización "ni pudieron hacer alegaciones en su defensa". Tampoco "se tramitó simultáneamente la modificación del Plan General ni el Programa de Actuación Integrada, por lo que además hoy en día se desconoce si los tribunales de justicia hubieran aprobado esta fórmula que afecta a terceros que no fueron oídos".
La decisión del Consell Jurídic Consultiu será de carácter vinculante. En caso de aceptar la invalidación del convenio, la Conselleria de Vivienda ha solicitado también que se pronuncie sobre la pertinencia de solicitar responsabilidades a las personas que dieron lugar a la nulidad. Pero más allá de esto, las implicaciones económicas sobre la Generalitat o el Ayuntamiento se antojan mínimas, si no inexistentes.
Por un lado, la Conselleria ha consultado si la nulidad del convenio supone también la extinción de la 'deuda' del Ayuntamiento de 42 millones con la administración autonómica. En el consistorio deslizan que no, porque la nulidad obligaría a la liquidación del convenio, y al estar todas las obras realizadas y finalizadas, la corporación local tendría que seguir haciendo frente. En la Generalitat admiten que es una de las cuestiones en el aire.
Y por otro lado, sobre lo que sí hay certeza es que el EVhA deberá continuar pagando 7,5 millones de euros anuales hasta 2023, pues el crédito bancario solicitado para financiar las inversiones no está vinculado con el convenio suscrito por la Generalitat. Así pues, aunque el convenio se anule, la deuda permanece y la administración autonómica ha de seguir abonando todas las cuotas. Algo que confirmaron en la propia Conselleria: "La Generalitat seguirá cumpliendo con sus obligaciones de pago aunque se anule el convenio".
