VALÈNCIA. La gran manifestación impulsada por los agentes sociales para exigir la mejora de la financiación de la Comunitat está más en el aire que nunca. La movilización, que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que se celebraría en torno del 9 d'Octubre, se pospone como mínimo hasta noviembre. La razón son las discrepancias surgidas entre sus convocantes –los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV y la patronal CEV– sobre la idoneidad de esa protesta y, sobre todo, la proximidad de la consulta por la independencia de Catalunya, convocada para el próximo 1 de octubre.
Los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, Ismael Sáez y Arturo León, y el presidente de la organización empresarial, Salvador Navarro, retomaron este martes los contactos para perfilar el manifiesto que precederá a la convocatoria de la movilización y definir el formato de la misma. Aunque las formaciones sindicales accedieron a aplazar la manifestación hasta noviembre, las diferencia esencial se mantiene: UGT-PV y CCOO-PV están decididos a seguir adelante con la protesta, con o sin la patronal, mientras que la CEV se mantiene en su postura de no formar parte de ninguna movilización que no cuente con total consenso político.
Tal y como publicó Valencia Plaza, la patronal autonómica no tiene intención de situarse detrás de ninguna pancarta si no es junto a los líderes de los partidos representados en Les Corts, incluido el PP. Sin embargo, la presidenta de los populares en la Comunitat, Isabel Bonig, ya ha dejado claro en varias ocasiones durante las últimas semanas que su partido no se suma porque entiende que el ámbito para la negociación política es el Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF), no la calle, un argumento que este mismo martes volvió a deslizar en Les Corts al criticar la política de "pancarta" que a su juicio hace el Consell.
La ruptura del frente político multiplicó las dudas de la patronal para continuar adelante con esta movilización de protesta por la situación de infrafinanciación de la Comunitat, que surgió en el seno de la Mesa de Diálogo Social entre sindicatos y patronal, pero fue lanzada el pasado junio por los líderes de UGT-PV y CCOO-PV tras un encuentro privado.
Además de consenso político, la CEV exige como premisa la elaboración por parte de los agentes sociales de un manifiesto al que posteriormente puedan adherirse todos los partidos políticos y distintos representantes de la sociedad civil valenciana. Los sindicatos y la patronal comenzaron a perfilarlo este martes con la intención de tenerlo listo durante la primera mitad de septiembre.
En principio, la reunión de este martes se iba a celebrar en los primeros días del mes, casi al mismo tiempo que se publicó el informe de los expertos autonómicos convocados por el Gobierno central para la reforma del sistema de financiación. Sin embargo, los sindicatos y la patronal no llegaron a verse y se emplazaron para la última semana de agosto.
Entre ambas fechas, la tranquilidad habitual del mes de agosto se vio alterada por hechos que dejaron al descubierto las discrepancias que existen incluso entre los organizadores. A la falta de acuerdo de los expertos sobre la posibilidad de aplicar una quita a la deuda de las comunidades se sumó el informe de Fedea que confirmó que los valencianos son los peor tratados con el sistema actual. Mientras, las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escudándose en la división de los expertos autonómicos para posponer otro año más la reforma del sistema aumentaron la indignación valenciana.
Mientras, en el Palau de la Generalitat también han ido creciendo las dudas sobre la conveniencia manifestarse en la calle en fechas próximas al referéndum catalán. Aunque la propuesta fue inicialmente bien acogida por el Consell, Ximo Puig ha preferido en todo momento que los agentes sociales llevaran la voz cantante: "Es una iniciativa de UGT y CCOO… Por tanto, nosotros estamos a la espera de las decisiones que tome la sociedad civil. Porque esto no es una reivindicación del gobierno valenciano, sino del pueblo valenciano".
A todo ello se suma, además, que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) –a la que también se pretende añadir al manifiesto que se aprobará en los próximos días– va a celebrar un acto reivindicativo el próximo 3 de octubre en Madrid para reivindicar las inversiones en el Corredor Mediterráneo. La asistencia, a la vista del poder de convocatoria exhibida por el lobby en actos anterior en Tarragona, Almería o València, se prevé masiva.
Sindicatos y patronal trabajarán en los próximos días en el borrador del manifiesto y se volverán a reunir el próximo día 5 de septiembre. El espíritu, según trasladan ambas partes a este periódico, es llegar a una redacción "en la que todo el mundo se sienta cómodo". Los sindicatos pretenden aprobarlo cuanto antes, pero la ronda para sumar adhesiones al mismo no se abrirá hasta que los órganos de la CEV lo aprueben en una reunión que celebrarán el próximo día 14. Según concreta la patronal, la celebración de la manifestación no estará expresamente recogida en el documento, que será "aséptico".
Es en este punto donde el asunto entra en dos planos distintos. La determinación de los sindicatos es celebrar sí o sí la manifestación, haya o no unanimidad en las adhesiones. Incluso si se descuelga de la misma la patronal, una de las tres patas que sustentan en acuerdo básico. Por el contrario, la protesta sigue siendo el "último recurso" que contempla la CEV, siempre con el consenso como premisa.
La intención de la organización que lidera Salvador Navarro es trabajar con el manifiesto en distintos ámbitos, fundamentalmente en Madrid, desde ministerios y medios de comunicación a representantes empresariales en la capital, para lo que se espera contar con la complicidad de la Fundación Conexus.
"Hay que presionar, pero hay que hacerlo bien, con tiempo, gastando todas las balas posibles. Es difícil salir a la calle a defender algo sobre lo que no existe unanimidad total. Esto no se puede convertir en un circo político, si salimos a la calle hemos de salir todos", manifiestan fuentes de la organización.
Así las cosas, el aplazamiento de la movilización hasta noviembre y esta diferencia de criterio sobre la estrategia a seguir añade dudas sobre el carácter mayoritario de la que se pretende de que sea la gran manifestación contra la infrafinanciación de la Comunitat. En este sentido, hay que tener en cuenta que es previsible que la comisión técnica para la reforma de la financiación ya haya iniciado sus reuniones en el seno del CPFF.
La formación que hasta el momento no ha enseñado sus cartas es la que lidera Albert Rivera y cuyo portavoz en la Comunitat Valenciana es Fernando Giner. Así, Ciudadanos todavía no ha desvelado si se sumará o no a la manifestación si finalmente llega a convocarse.
Preguntado por esta cuestión en rueda de prensa, Giner aseguró no tener "conocimiento alguno de forma oficial" de esta iniciativa. Ante la insistencia de los medios acerca de la posición que adoptaría Cs de fijarse una fecha, el portavoz de la formación naranja subrayó que de ser así escucharán "el lema, las condiciones y de qué se trata", si bien consideró que este método no resulta "efectivo".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
