VALÈNCIA. El gobierno municipal de València, conformado por PP y Vox, aprobó hace dos meses la resolución anticipada del contrato de gestión del Balneario La Alameda por la deuda que arrastraba la concesionaria de más de 450.000 euros, entre otros incumplimientos contractuales. Una decisión con la que no está de acuerdo la empresa gestora, Balneario La Alameda 2016, que recurrió el acuerdo del Ayuntamiento y pidió su anulación. Con poco éxito. El gobierno local ha rechazado las pretensiones de la ya exconcesionaria, a la que ya le quedaría la vía contenciosa para reclamar.
El Ayuntamiento inició el proceso para la resolución del contrato el pasado verano por los impagos no sólo del canon sino también de la garantía del contrato. Además, la firma tampoco había acreditado la cesión de la concesión después de adquirirla en 2016 a la antigua concesionaria, que había quebrado. Circunstancias que motivaron la decisión del Ayuntamiento de acabar echando a la firma del Balneario, sustentada también en el visto bueno jurídico del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
La compañía, sin embargo, decidió dar la batalla ante el consistorio contra su decisión. Para ello, por ejemplo, alegó que en los impagos figuraban anualidades (de 2012 y 2013) que se habían satisfecho con el aval de la primera concesionaria. Una deuda de más de 216.000 euros que el consistorio mantiene en pie porque, insiste, la subrogación el contrato incluía expresamente la asunción de las obligaciones respecto a esos años, lo cual "constituye una deuda cierta y exigible que, por otra parte, no ha sido pagada".
Otra de las alegaciones de la empresa es que el Ayuntamiento no empezó a cobrar el canon hasta 2020, lo que le hizo deducir a la firma que el Ayuntamiento había acordado reclamar ese dinero al principio del contrato y que lo pediría después, generando así una situación de "confianza legítima". Aspecto que, para los técnicos municipales, es "una errónea suposición" por parte de la empresa, por lo que descarta también esta alegación.
A ello se suma, decía la firma, que presentó un plan de pagos en 2020 con un "nuevo concepto de negocio" pero el consistorio recuerda que para entonces "ya existían varios cánones pendientes" y que la inversión para la nueva propuesta "recaería sobre el propio Ayuntamiento". Además, la reclamante acusaba al Ayuntamiento de haberle ocasionado "daños" por el cierre del establecimiento entre 2022 y 2023 por la presencia de legionela en las aguas termales, que ascenderían a 433.000 euros. Pero el Ayuntamiento asegura que son daños que "ni se han acreditado que se hayan producido, ni se ha explicado cómo han sido cuantificados ni serían imputables al Ayuntamiento de València".
Así, una vez finiquitada la cuestión, la concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Eva Coscollà, pidió a la alcaldesa María José Català que se dé "prisa" en reabrir el balneario porque, según explicó, "no se está haciendo nada por elaborar los pliegos de condiciones para sacar adelante la nueva licitación" del balneario que, asegura, "es único en Europa". La concejalía de Patrimonio, de la que se encarga el edil José Marí Olano, aseguró que espera sacar el nuevo concurso "en el último trimestre de este año" con unos pliegos que "sean competitivos".
Coscollá ha reclamado también que esos pliegos incorporen precios públicos, asequibles y con distintos descuentos dado el carácter público de la instalación. "Una promesa que en su día hizo el PP pero que nunca llegó a aplicar", afea la edil, según la cual ahora hay una nueva "oportunidad de tener un espacio que de servicio a los vecinos y vecinas de València a precios razonables".
Una de las posibilidades que se estudian es que, por ejemplo, el que fuera asilo de la Lactancia, pueda ofrecer otros servicios más allá del propio balneario de aguas termales, como hostelería. Asimismo, Patrimonio va a aprovechar el impás para "evaluar el estado en el que se encuentran las instalaciones" y verificar si son necesarias nuevas inversiones. Cabe recordar que el centro está clausurado desde finales de 2022.