El consejo de administración de la EMT. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Dos meses después de que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València sufriera una estafa de cuatro millones de euros, el Consejo de Administración que preside el edil Giuseppe Grezzi ha vuelto a retrasar la propuesta del PSPV y la oposición de acudir al Tribunal de Cuentas y al Banco de España por este motivo.
El abogado contratado por la EMT para llevar la defensa de la empresa en la fase de instrucción judicial, Xavier Melero, entregó un informe al respecto ese martes al Consejo de Administración extraordinario. Un documento que la empresa pidió la tarde de antes y en el que el letrado asegura que "lo más prudente es no comunicarlo, al menos en este momento", a los mencionados organismos.
El abogado recuerda que es un asunto bajo instrucción judicial en el Juzgado número 18 de Valencia, por lo que lo más procedente "es ver cómo esta investigación evoluciona" dado que "el ordenamiento penal prevalece ante cualquier jurisdicción". Así, insiste, "aunque se denunciara al Tribunal de Cuentas, éste estaría a la expectativa de lo que pasa en el procedimiento penal".
Asímismo, el informe de cara y media elaborado la tarde anterior asegura que el Tribunal de Cuentas trata "posibles irregularidades contables" y la estafa perpetrada contra la EMT no entra en este supuesto. "Sería prematuro y (...) desaconsejable, al menos en este momento, interponer denuncia ante cualquier otra jurisdicción", apunta a este respecto.
Sobre el Banco de España, el letrado insiste en que sí que hay que realizar la comunicación, pero es preciso antes esperar al desarrollo del procedimiento penal porque éste "está dando información de cómo actuó Caixabank" a la hora de tramitar los pagos fraudulentos. En el juzgado se pedirán, a este respecto, las llamadas telefónicas entre el banco y la empleada que presuntamente fue engañada por los estafadores, así como la existencia o no de protocolos de actuación en la entidad bancaria o la concurrencia de algúna infracción en materia de blanqueo de capitales.
Con todo, el Consejo de Administración, acordó comunicar el fraude a la Sindicatura de Cuentas con el propósito de poner sobre aviso al organismo antes de que éste fiscalice las cuentas de la empresa municipal. Ahora bien, las comunicaciones al Tribunal de Cuentas y al Banco de España deberán esperar, al menos hasta dentro de dos semanas.
Los socialistas, compañeros de gobierno de Compromís, donde se integra Grezzi, apuntaron en la reunión que este informe era "pobre" y solicitaron un documento -otro documento- más elaborado sobre dos cuestiones: cómo afectaría acudir a los mencionados órganos en la estrategia judicial de la EMT, y sobre la posible responsabilidad de los consejeros en caso de no realizar las comunicaciones.
El documento deberá ser entregado en dos semanas como máximo para que se tome la determinación. Y en ese sentido, el PSPV recordó que "no es vinculante", por lo que se podría tomar una decisión distinta a los consejos del abogado. Hay que recordar que esta decisión se lleva demorando casi un mes. Ya se llevó al Consejo de Administración del pasado 30 de octubre, donde el que fuera secretario asesor del Consejo, Salvador Martínez Tarín, abogó por no llevar el fraude a ninguno de los tres órganos de control, lo que motivó el retraso. Ahora, el Consejo lo vuelve a retrasar.
La oposición votó en contra de estos informes, según han apuntado fuentes de este sector, no por estar en desacuerdo con practicarlos, sino por el hecho de aplazar de nuevo la determinación. Desde el Partido Popular, los ediles Marta Torrado y Carlos Mundina denunciaron que el informe del abogado es "misérrimo, con una extensión que no llega al folio y medio y que está hecho para salir del paso".
"No entendemos que se vaya a demorar más el dar constancia al Tribunal de Cuentas", apuntó el edil de Ciudadanos Narciso Estellés, "máxime cuando este consejero hace un mes ya interpuso una comunicación ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía del Tribunal lo aceptó". En este línea, sentenció que cada segundo que pase sin advertir sobre el fraude, "es un problema".
El que fuera secretario de la EMT, Salvador Martínez Tarín, dimitió la pasada semana de su puesto tras conocerse sus vinculaciones laborales con el cuñado del alcalde de la ciudad Joan Ribó. Su renovación como secretario en la empresa municipal el pasado mes de octubre explicitaba que facturaría sus servicios a través del bufete Abastos Abogados, bufete presidido por el cuñado del primer edil, Daniel Pérez Martínez.
No obstante, al parecer, al destaparse su estrecho lazo profesional y empresarial, no llegó a facturar a la EMT desde octubre. Así, ahora, la decisión de Martínez Tarín tras su dimisión es rechazar que se le pague por los servicios que ha estado prestando durante los meses de octubre y noviembre como secretario del Consejo de Administración. Con este movimiento, practicado a conciencia o no, en la práctica significará que Martínez Tarín evitará facturar a la EMT mediante la empresa del cuñado del alcalde, tal y como se especificaba en el contrato de octubre. Algo que hubiera confirmado a todas todas la relación y podría haber derivado en suspicacias y críticas todavía más agudas.
La defensa que había sostenido el primer edil cada vez que se le preguntaba al respecto es que su parentesco "nunca" había facturado directamente unos servicios a la EMT de València, empresa que dirige el edil de Compromís Giuseppe Grezzi. Así era hasta el pasado mes de octubre, cuando se suscribió el nuevo acuerdo, en el que se reflejaba negro sobre blanco que la EMT debía pagar a Abastos Abogados, bufete del cuñado del alcalde, como desveló Las Provincias. Finalmente, el movimiento del ex secretario ha evitado que haya pruebas documentales de estas facturas.
"Es una vergüenza", aseguró el edil de Ciudadanos Narciso Estellés. "Él ha estado en los Consejos de Administración desde el día 1 de octubre, por lo que percibía 3.000 euros mensuales". "Tenemos muy claro que está evitando hacer una factura a Abastos Abogados, y eso es ocultación", ha subrayado el edil naranja. Ciudadanos pedirá que se emitan las facturas porque los servicios se han prestado y que el secretario renuncie a cobrarlas por escrito. El Partido Popular, mediante sus consejeros, Carlos Mundina y Marta Torrado, también puso sobre la mesa que se trata de "una maniobra para evitar que se emitan nuevas facturas al despacho de abogados del cuñado de Ribó".
La dimisión del secretario externo contratado por el Consejo de la EMT ha conllevado su sustitución por un secretario municipal, esto es, un habilitado nacional, tal y como solicitaban tanto el PSPV como la oposición. No obstante, también ha provocado que la dirección de la empresa haya decidido ascender a la que hasta ahora era la responsable jurídica de la empresa, Virginia Álvarez, a letrada asesora del Consejo.
Este ascenso, según fuentes de la empresa, es del nivel salarial 3 al nivel 1 fijados en el convenio laboral de la EMT, lo que reportará en un incremento salarial desde los 36.000 euros anuales aproximadamente hasta los 52.000 euros. Los consejeros del PP, Mundina y Torrado, criticaron duramente este incremento de emolumentos al considerar que "no está justificado" dado que la empleada realizará "unas funciones que ya tenía atribuidas en su cargo". Asimismo, huelga resaltar que este incremento salarial se aprueba un día antes de que la citada Virginia Álvarez acuda a declarar a la comisión de investigación de este miércoles con motivo del fraude de cuatro millones perpetrado contra la empresa.
