Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La EMT de València ha contratado a un abogado externo al gabinete jurídico de la empresa para que sirva de apoyo en el caso del fraude multimillonario perpetrado contra la compañía, que ya está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 18. El elegido es el letrado barcelonés Xavier Melero, famoso por haber participado en el caso del 'Procés' como defensa de los exconsellers Joaquim Forn y Meritxell Borràs, así como por haber participado anteriormente en el surgimiento y construcción de Ciudadanos en Cataluña.
La contratación externa se ha llevado a cabo pese a que la empresa municipal cuenta con ya con tres abogadas en plantilla. Melero, que es socio de un bufete en la Diagonal de Barcelona, tendrá la tarea de colaborar con el gabinete jurídico de la EMT con el propósito de recuperar los cuatro millones desviados, tal y como desveló este martes eldiario.es. Aunque hasta el momento, se desconocía cuál iba a ser su remuneración por realizar estas funciones.
Según fuentes de la EMT, el contrato asciende a 22.000 euros por sus servicios en la fase de instrucción, extremo que confirmó más tarde la representante socialista en el Consejo de Administración Elisa Valía. No obstante, no se ha confirmado todavía si, en el caso de que la causa vaya más allá de la fase de instrucción, la mercantil pública dirigida por el edil de Movilidad Giuseppe Grezzi continuará precisando de sus servicios.
El abogado ya ha tenido su primera aparición pública. Este martes comparecía en el juzgado en calidad de investigada la empleada despedida de la EMT, Celia Zafra. Y a su declaración acudió Melero como letrado de la acusación particular -la EMT-. A la salida, explicó que la declaración de Zafra fue "exculpatoria" y que según ella, "no tenía la menor idea de la operación".
Además, este gasto se suma a otro que ya anunció el consistorio tras el fraude: la contratación de un bufete de abogados en Hong Kong cuyo coste asciende a 28.000 euros más el 4,5% del dinero recuperado. Lo que se pretende es que hacerse con la mayoría del dinero perdido, pero especialmente con la última transferencia, que ascendió a 549.000 euros. Del total, se han conseguido bloquear en China 150.000 euros. Una cantidad que no es "muy grande", según el alcalde Joan Ribó, pero que sí es "significativa". La estrategia de la EMT ahora pasa por intentar que Caixabank, el banco que tramitó los pagos fraudulentos, abone los cuatro millones.
Otro de los debates que ha sobrevolado la empresa pública estas semanas ha sido el mantenimiento del secretario-asesor del Consejo de Administración, Salvador Martínez Tarín. Aunque se trata de una cuestión independiente al fraude de cuatro millones, lo cierto es que la estafa ha puesto el foco en el funcionamiento de la compañía municipal, especialmente en la figura del secretario del Consejo. La EMT es la única empresa pública municipal cuyo secretario no es un habilitado nacional del Ayuntamiento de València.
Es por ello que la oposición ha estado solicitando en reiteradas ocasiones que sea sustituido por un secretario municipal. Una postura por la que también ha apostado el PSPV, socio en el gobierno municipal de Compromís, de quien depende la EMT. Como publicó este diario, en las filas socialistas crecían las voces que solicitaban el cese de este secretario. Sin embargo, Compromís y PSPV acordaron que esto se dirimiría cuando finalizara la comisión de investigación abierta en el seno de la empresa sobre el fraude.
Sin embargo, lo cierto es que se trata de dos debates independientes. Nada tiene que ver el funcionamiento del Consejo de Administración con la estafa, pero los partidos del gobierno han acordado retrasar la toma de la decisión sobre Martínez Tarín hasta la emisión del informe de conclusiones de la comisión de investigación sobre el fraude.
Dentro de dicho documento, los socialistas son partidarios de incluir el cese; Compromís no se ha pronunciado. Fuentes municipales explican que todavía no se ha acordado este extremo. Ahora bien, ambas fuerzas han manifestado su intención de acatar lo que recojan las mencionadas conclusiones.
La comisión de investigación, formada por ediles del Ayuntamiento, aprobó este miércoles un nuevo calendario de comparecencias más ágil. Si el inicial contemplaba una duración máxima de seis meses a razón de dos reuniones al mes; la de ahora incluye comparecencias hasta el mes de diciembre o principios de enero y los encuentros serán más asiduos.
La próxima cita será el día 27 de noviembre y a ella están convocados tres empleados de Caixabank. No obstante, lo previsible es que no acudan -sólo están obligados los trabajadores de la EMT-. Por ello los consejeros han previsto que les sustituyan cuatro trabajadores de la empresa municipal ese día, entre ellos la jefa de Finanzas de la EMT, Esmeralda Aparisi, la secretaria del comité de compras y responsable jurídica adjunta a la dirección gerencia, el director de recursos humanos y la de administración.
Posteriormente, para el 4 de diciembre, una reunión que no estaba prevista inicialmente, se ha fijado la declaración del director de Desarrollo de la EMT, dos administrativas del área de gestión y del secretario. El calendario continúa el 11 de diciembre con el director adjunto de la empresa pública, el presidente del Comité de Empresa, el viceinterventor del Ayuntamiento y el auditor jefe del consistorio.
A estas comparecencias, insisten fuentes municipales, se podrán añadir nuevas si tienen relación con el caso del fraude o incluso que se repitan algunas que ya han tenido lugar si es necesario. No obstante, desde el Partido Popular criticaron el cambio del calendario. Su portavoz María José Català señaló que Compromís y PSPV "pretenden cerrar cuanto antes la comisión sobre el robo en la EMT tapando en falso toda una serie de irregularidades escandalosas y quitarse así de en medio este problemón".
Con estas palabras, Catalá cuestión el calendario "rápido" para la comisión y manifestó que "todo esto es un signo inequívoco de que el Partido Socialista tiene ya las conclusiones redactadas y quiere que el temporal pase cuanto antes", para agregar más tarde que "el gobierno municipal quiere cerrar con rapidez este escándalo porque no quieren que la opinión pública siga viendo la manera tan negligente en que estaban gestionando una empresa pública con más de 115 millones de euros de presupuesto".
