Concentración en el Congreso por el reconocimiento del Derecho Civil valenciano. Foto: ÁLVARO MINGUITOVALÈNCIA. Si había una remota esperanza de conseguir el reconocimiento del Derecho Civil valenciano, y José Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians (AJV) la tenía, esta se esfumó este lunes con la disolución de las Cortes españolas y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio por parte de Pedro Sánchez.
La esperanza se mantenía viva gracias a una enmienda de Compromís al proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' de la Carta Magna. Una enmienda que debía votarse en el Congreso para, junto a esa reforma, introducir una frase en una disposición adicional que permitiría a Les Corts recuperar la capacidad legislativa en derecho civil propio, cercenada en 2016 por tres sentencias del Tribunal Constitucional.
A pesar de que el pasado 25 de enero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz popular, Cuca Gamarra, acordaron cerrar la reforma de la Constitución con carácter limitado a la eliminación del término "disminuido" del artículo 49, sin aceptar ninguna enmienda, la AJV mantenía la presión a ambos partidos con la esperanza de hacerles cambiar de opinión.
Sin embargo, cuando se disuelven las Cortes españolas decaen todas las iniciativas legislativas en curso, lo que significa que cualquier intento de reforma constitucional en la próxima legislatura tendrá que empezar de cero. Así, la reforma del artículo 49 vuelve a quedar en el aire por segunda vez en cinco años.
Esta iniciativa fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos". El presidente del Cermi, Luis Cayo, había mostrado su apoyo a la tramitación conjunta del artículo 49 y la recuperación del Derecho Civil Valenciano, al considerarlo en ambos casos una "forma de profundización en la democracia".
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
El nuevo texto que se pretendía incluir en la Carta Magna recoge que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación".
Además, señala que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad".
También recoge que "se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes" y que "las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".
Esta redacción contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones generales para 2019 impidió que su tramitación continuara.
En estos últimos años, el Cermi ha exigido al Gobierno, esta vez a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, retomar esta medida y tras varias negociaciones fue aprobada su toma en consideración en la Cámara baja en septiembre de 2021.
Con la nueva conformación de las Cortes en esta legislatura, partidos como PP (antes partidario) y Vox se mostraron reticentes a la medida al considerar que formaciones independentistas y nacionalistas podrían aprovechar esta iniciativa para exigir otros cambios constitucionales, como así ha ocurrido con PNV que en sus enmiendas al texto incluyó un cambio en la Carta Margan en relación al derecho a decidir y la supresión del 155.
Esto llevó a Bolaños a convocar diversas reuniones con el PP y con los socios que sustentan el Gobierno en el Parlamento para que se comprometan a limitar esta reforma constitucional al artículo 49. Además, Vox, en sus enmiendas, quiere limitar más aún este cambio dejándolo solo en el propio término 'disminuido' y cambiarlo por 'persona con discapacidad', dejando el resto de la redacción tal y como está en la actualidad.
