Reunión entre el ministro Félix Bolaños y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y sus respectivos colaboradores este jueves. Foto: EP/Eduardo ParraVALÈNCIA. El Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el Partido Popular dieron este miércoles portazo definitivo a la posibilidad inmediata de recuperación del Derecho Civil Valenciano, una reivindicación que sí apoyan las estructuras autonómicas de estas fuerzas políticas y de otras como Unides Podem y Compromís.
De esta manera, se agota la vía principal abierta por la Associació de Juristes Valencians (AJV) liderada por José Ramón Chirivella, organización que viene tratando de recuperar esta herramienta jurídica particular para la Comunitat Valenciana desde que, en 2016, varias sentencias del Tribunal Constitucional dejaran sin efecto tres leyes propias del Derecho Civil Valenciano relativas al régimen económico matrimonial, uniones de hecho o relaciones familiares de hijos cuyos progenitores no conviven.
Todas las conversaciones, negociaciones previas, ardides legislativos, conferencias y manifestaciones en el Congreso se diluyeron este miércoles como un azucarillo en la negociación, mano a mano, entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. "Hemos acordado ceñir la reforma al artículo 49 y no hemos entrado a ninguna otra de las enmiendas", sentenció el ministro. "Debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49", recalcó la dirigente del PP.
Así, el Gobierno y el PP acordaron dar una oportunidad a la reforma de la Constitución pero sólo en relación al artículo 49, es decir, limitada a la eliminación de término "disminuido" referido a las personas discapacitadas y al blindaje de las políticas en materia de discapacidad, pero sin admitir otros cambios, lo que deja fuera al Derecho Civil Valenciano.
El proyecto de reforma había quedado casi un año y medio en el 'congelador' hasta que el pasado mes de diciembre la Mesa del Congreso dio por fin el visto bueno a la presentación de enmiendas parciales. Fue en ese momento donde algunos vieron la oportunidad de incluir otras cuestiones. Así, mientras que el PP y Vox limitaron sus enmiendas al artículo de la discapacidad, otros grupos propusieron aprovechar la reforma para introducir más cambios en la carta magna: el PNV abogaba por reconocer la plurinacionalidad del Estado y la autodeterminación y por limitar la inviolabilidad del Rey; Ciudadanos reclamó una reforma electoral para implantar la circunscripción única al Congreso; Junts pidió mutilar las competencias del Tribunal de Cuentas, y Compromís exigió el citado reconocimiento de la capacidad de la Comunidad valenciana para legislar en materia de Derecho Civil propio, como ya tienen reconocido otras seis comunidades autónomas.
Tras las Navidades, el Gobierno anunció que volvería a intentar la reforma y concertó una reunión con el PP, ya que aprobar este cambio puntual de la Constitución necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara (210 votos), lo que exige el visto bueno del primer partido de la oposición. Ambas partes acordaron este miércoles dar un paso adelante en esta cuestión, pero dejando al margen toda cuestión ajena al artículo 49.
De esta manera, la reivindicación valenciana se queda congelada en el mismo punto pese a que en los últimos meses se había tratado de calentar el debate. El 30 de junio de 2022 Les Corts aprobaron con los votos de las tres fuerzas del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y también los del PP, una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Congreso "con la mayor urgencia posible", la tramitación completa y el debate y votación de la iniciativa, que previamente ya había sido aprobada en 2020 por Les Corts.
La siguiente ocasión de avanzar se presentó en el Debate sobre el Estado de la Nación, donde se redobló la presión por parte de la AJV, abriendo un resquicio importante para sacar adelante una enmienda para la recuperación del Derecho Civil incrustándola en la citada reforma constitucional. Para ello, se logró el apoyo del propio presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Cermi, Luis Cayo, quien mostró su conformidad a la tramitación conjunta del artículo 49 y también la relativa a la recuperación del Derecho Civil Valenciano, al considerarlo en ambos casos una "forma de profundización en la democracia".
El PSOE, merced al trabajo de los diputados valencianos, también se prestó a respaldar la enmienda, con lo que junto a otros grupos favorables, quedaba resultante la mayoría suficiente para sacar adelante la iniciativa. Sin embargo, un error de Compromís a la hora de presentar la propuesta conllevó que no pudiera ser votada la enmienda acordada, por lo que se perdió una gran oportunidad para la implicación cerrada de la formación socialista. Tras el verano, regresó el martilleo de la AJV para involucrar a los grupos en la comisión constitucional. Sin embargo, las dos fuerzas mayoritarias evidenciaron este miércoles que la restitución del Derecho Civil Valenciano no es prioritaria.
Conocido el resultado de la reunión en el Congreso, la coalición valencianista reaccionó al portazo a esta recuperación. La síndica de Compromís en Las Cortes, Papi Robles, tachó la reforma constitucional pactada por el PSOE y PP de "traición al pueblo valenciano" por dejar fuera la modificación que posibilitaría a los valencianos aplicar su derecho civil propio. Así, Robles lamentó que tanto los socialistas como los populares dieran "la espalda" a un derecho reconocido en el estatuto de autonomía que "tanto unos como otros votaron a favor".
Una línea de protesta que ya había avanzado el presidente de Les Corts, Enric Morera, también de Compromís, exigiendo a PP y PSOE que reconsideraran su posición. "Esperamos que este anuncio se reformule en los próximos días y se evite la perpetuación de un agravio histórico con el pueblo valenciano", sentenció.
