La falta de acuerdo entre vecinos y el Ayuntamiento alarga el conflicto de Tabacalera en los tribunales

VALÈNCIA. Parecía que asomaba el final del conflicto de Tabacalera, pero no. El Ayuntamiento de València recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la recalificación de de suelo que el consistorio aprobó en el barrio de Penyaroja para dar solución al embrollo urbanístico de Tabacalera. 

Una decisión motivada, según explican fuentes municipales, por una mera cuestión procedimental. Los vecinos del citado barrio han trasladado a los servicios municipales y confirman a este diario que han recurrido la sentencia para lograr la nulidad de todo el proceso, no solo lo que afecta a dos pastillas del barrio de Penyaroja que el Cap i Casal recalificó de suelo educativo y zonas verdes a residencial. 

Al hacerlo, el Ayuntamiento se ve "obligado" a presentar también un recurso para tener acceso a toda la documentación del proceso judicial, dado que es parte afectada, según subrayan fuentes cercanas al alcalde, Joan Ribó. Una pugna que, por ende, supone alargar en los tribunales un conflicto que parecía llegar a su fin.

El origen de toda la controversia surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 que anuló el plan de Tabacalera. Doce años atrás, en 2005, el anterior gobierno municipal dirigido por Rita Barberà desprotegió parcialmente las naves de la Antigua Fábrica de Tabacos para intercambiar el suelo con una promotora -Igsa- y que esta construyera dos torres de viviendas. Pero el fallo anulatorio del tribunal llegó cuando la compañía ya había erigido una de las dos fincas.

En este contexto, tras lo dictaminado por el Supremo y ante la necesidad de compensar a la compañía por la edificabilidad que no había materializado, el nuevo equipo de gobierno, con el edil del PSPV Vicent Sarrià al frente de la concejalía de Urbanismo, decidió trasladar la edificabilidad no construida a dos pastillas del barrio de Penyaroja, que recalificó como suelo educativo y zonas verdes a residencial. Ya con Sandra Gómez al frente, la concejalía acabó aprobando la operación pese a la oposición vecinal del barrio, que llevaron la cuestión a los tribunales, como adelantó este diario.

Así pues, el pasado 30 de diciembre el TSJ el valenciano falló a favor de los vecinos de Penyaroja: el Ayuntamiento no podía trasladar allí la edificabilidad no materializada por Igsa porque dicha edificabilidad dejó de existir cuando se anuló el plan de Tabacalera en 2017. "La edificabilidad que se calificó en la Modificación anulada [...] ha quedado sin efecto, por lo que no cabe sumar edificabilidad en las dos parcelas" de Penyaroja, señalaba en su literalidad el auto judicial. Trasladar esta edificabilidad, decía, "sí es contrario" a la sentencia del Supremo, que "anula y deja sin efecto" el plan de Tabacalera.

En el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana defendían que la solución aprobada por la concejalía de Urbanismo, y ratificada por la administración autonómica, había incurrido en un simple "error terminológico" al aprobar una transferencia de edificabilidad cuando no se quería hacer estrictamente esto.

Sin embargo, el TSJ era tajante en su dictamen: Urbanismo aprobó expresa y literalmente que se estaba "trasladando la edificabilidad a otro punto de la ciudad". Por lo que acaba dando la razón a los vecinos y anula esta operación. Mantiene vigente, sin embargo, otros cambios de planeamiento que afectaban fundamentalmente al edificio de la antigua Tabacalera.

La Asociación de Vecinos de Penyaroja ha presentado un recurso de reposición, según ha confirmado a este diario, al objeto de que se anule toda la recalificación, y no sólo la de las parcelas que afectaban a su barrio. Un recurso "preventivo", según explican desde la asociación, que se han comprometido a retirar, junto a otro contencioso-administrativo que tienen en marcha, siempre que el Ayuntamiento rechace proseguir con la batalla legal.

Por ahora, no hay acuerdo, por lo que los recursos de los vecinos de Penyaroja y del Ayuntamiento, el lío de Tabacalera se enreda aún más y se mantiene en los tribunales. 

24 millones para compensar a Igsa

El resultado de todo este embrollo urbanístico y judicial ya se preveía en los despachos del Ayuntamiento de València. De hecho, hace ya más de dos meses el equipo de gobierno aprobó la tramitación de 6,7 millones de euros para indemnizar a Igsa por esta edificabilidad que no pudo hacer realidad y que, según el TSJ, tampoco se puede trasladar a otro suelo para ejecutar la compensación.

Para abonar este dinero, el consistorio tuvo que echar mano del fondo de contingencia del presupuesto de 2022. Pero además de ello, el consistorio debe expropiar el suelo en cuestión, propiedad de la compañía. El interrogante que todavía tardará en resolverse entonces es la cuantía a la que ascenderá el pago por esa expropiación.

Los expedientes municipales valoran el suelo en 17,2 millones de euros. Sin embargo, según subrayan las mencionadas fuentes consultadas, "la cantidad se sabrá cuando se realice el proyecto de expropiación". Hasta ese momento, no se podrá cuantificar a cuánto ascenderá la factura total del pelotazo de Tabacalera para las arcas municipales. Aunque teniendo en cuenta los datos que manejan las valoraciones del Ayuntamiento, en total supondrían unos 24 millones de euros.

Con todo, hay que recordar que el Ayuntamiento asumió el pago de esos 24 millones en total frente a los 50 que reclamaba la promotora. Según explicó Gómez en su momento, el consistorio no está dispuesto a asumir la totalidad de la "pretensión disparatada" de Igsa, que a su juicio estaría intentando "duplicar el pelotazo" al exigir el pago por el edificio de Tabacalera sin tener en cuenta en la ecuación el solar de Plaza América que adquirió la promotora.