La firma investigada por la financiación del PSPV facturó 3 millones con el Gobierno de Zapatero

VALÈNCIA. (EFE). La investigación judicial abierta por la supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2011 analiza varios contratos por un valor cercano a los tres millones de euros que una empresa de comunicación valenciana recibió de varios ministerios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según consta en documentación de la causa, a la que ha tenido acceso EFE, se analiza el papel que pudo desempeñar en la supuesta financiación ilegal la firma de comunicación Crespo Gomar, adjudicataria también de otros servicios para el PSPV-PSOE o ayuntamientos gobernados por este partido.

Esta firma, supuestamente, trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.

También resultó adjudicataria de servicios de comunicación para los ministerios de Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente (a través de Acuamed, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar) por 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009.

La mayor de estas adjudicaciones (2.077.678 euros) fue tramitada por el Ministerio de Sanidad a través de la dirección general de Consumo, dirigida por Etelvina Andreu.

Andreu fue elegida para este cargo por el entonces ministro, el valenciano Bernat Soria, con el que trabajó en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Esta campaña tuvo por objeto "informar a los consumidores sobre el alcance y el contenido del nuevo real decreto sobre el sistema arbitral de consumo" entre el 23 de noviembre y el 31 de diciembre de 2008.

Crespo Gomar también fue la firma adjudicataria de la campaña de publicidad de la desalinizadora de Torrevieja por parte de la empresa pública Acuamed (perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente que dirigió Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, entre 2004 y 2008).

Además, Aguas del Júcar (otra sociedad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente posteriormente fusionada con Acuamed) adjudicó en noviembre de 2005 a esta misma firma de comunicación por 234.700 euros el diseño, la producción y el plan de comunicación sobre las actuaciones de infraestructuras hidráulicas sobre las que Aguas del Júcar tenía la encomienda de gestión por parte del Estado.

El Ministerio de Vivienda -gestionado por Beatriz Corredor- adjudicó a Crespo Gomar en diciembre de 2008 una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del plan de vivienda 2009-2012 por 148.800 euros.

Ese mismo mes fue adjudicataria, por parte del Ministerio de Sanidad, de una campaña para promover el consumo responsable y seguro durante la Navidad y en época de rebajas por un total de 200.000 euros.

Crespo Gomar estuvo dirigida por Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EFE, trabajaron además en esta firma José Ramón Tiller, actual adjunto a la gerencia de la empresa pública mixta de la Diputación Egevasa, que ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident Joan Lerma; Orengo y la también exalcaldesa socialista de Gandia Pepa Frau.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe del Cuerpo Nacional de Policía sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, según confirmó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, ese juzgado -encargado de otras causas como el accidente del metro de 2006, el caso Cooperación y el caso IVAM- se declaró en enero no competente para proseguir con la investigación, que actualmente instruyen otros de Madrid, Gandia y Benidorm.

El juzgado valenciano tomó esa decisión tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia.