VALÈNCIA. La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha reprochado este lunes a la Conselleria de Justicia que dirige Elisa Núñez el recorte de funcionarios de refuerzo en la Fiscalía. Durante una comparecencia en Les Corts para presentar la Memoria correspondiente a 2022, Gisbert ha calificado de "cambio negativo" esta decisión por parte del nuevo Ejecutivo autonómico conformado por el PP y Vox.
Justicia comenzó a finales de año a comunicar que no iba a prorrogar refuerzos en determinados juzgados, lo que suponía el cese de funcionarios a partir de enero, tal como publicó Valencia Plaza. Algo que también se ha extendido a la Fiscalía, a la que ha trasladado la no renovación de algunos de estos profesionales.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Gisbert, se han eliminado un total de 12 refuerzos en la Comunitat Valenciana: 6 en Valencia, 4 en Castellón y 2 en Alicante. "Corresponden a plazas que deberían ser estructurales. Y en vez de incrementarlas o, al menos, mantenerlas, se ha producido un descenso", ha señalado.
La fiscal superior hizo hincapié en la carga de trabajo que soportan y en la necesidad de apoyo de funcionarios, aunque se trate de una medida que debería ser temporal. El desacuerdo, ha explicado, ya ha sido comunicado a la Conselleria, con la que en breve celebrarán una comisión mixta, para tratar de solucionar la situación. Cree que existe voluntad de hacerlo, pero, ha comentado, "el daño ya está hecho porque los Presupuestos ya están". "El problema es que la Fiscalía no es un juzgado de instrucción o de primera instancia, sino que tiene unas competencias, unos servicios y un volumen de trabajo que excede y que no se puede contar como unidad administrativa lo que corresponde a un juzgado con lo que corresponde una fiscalía del tamaño de Alicante, Valencia y Castellón", ha expuesto.
Gisbert ha reclamado asimismo la mejora de las instalaciones judiciales –"todavía hay espacios que no son los adecuados para la dignidad de la función ni son salubres", ha criticado– y la urgencia de que exista un sistema informático común para jueces y fiscales. Actualmente, se encuentran implantando una experiencia piloto en Castellón con el programa Just@. "Esperemos que vea la luz pronto porque tenemos muchos problemas al funcionar con sistemas incompatibles", ha comentado.
Sobre los datos estadísticos de la Memoria, la fiscal superior ha alertado –al igual que en años anteriores– del aumento progresivo en las tres provincias de los delitos de abuso sexual, de agresión sexual y de delitos contra la libertad sexual. Igualmente, ha avisado del "preocupante" incremento en la comisión de estos delitos hacia menores de 16 años y de los cometidos por menores de 14. En Valencia, por ejemplo, en 2022 cometieron más delitos de abusos sexuales menores de 14 años que menores de 16 y 17 años.
Las causas, ha reflexionado Gisbert, son "muy complejas". En su opinión, hay factores como la carencia de educación afectivo-sexual o el acceso precoz a material pornográfico, que lleva a trivializar las conductas violentas y a tener una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas. "Cuando el autor es menor de 14 años, el fiscal sólo puede remitir testimonio a entidades públicas. Pero las medidas no son obligatorias. Hay que lograr que la familia colabore, hacer un estudio de la labor educativa. Todo ello requiere de muchos medios", ha destacado.
Para Gisbert, los menores "necesitan una intervención clara de reeducación" porque si no se hace desde antes de los 14 años, "ese niño cumplirá 18 años y continuará en la rueda de mayores de edad". Asimismo, ha abogado por un plan de educación a nivel estatal y por una "escuela de padres" para que les enseñen a trasmitir a sus hijos "educación en valores de igualdad, solidaridad y empatía" y herramientas para controlar el acceso a la pornografía en las nuevas tecnologías.
Preguntada sobre si es partidaria de rebajar la edad penal del menor, ha considerado que lo que debería haber es un procedimiento de protección reeducativo para los menores que cometen delitos graves, con intervención del fiscal y del juez de menores y del equipo técnico, en el que se dicte una sentencia de cumplimiento obligatorio para todos, incluyendo los padres. Ésta puede consistir en una libertad vigilada con tratamiento psicológico, con asistencia, etc.
Respecto a la violencia de género, considera que es "especialmente necesario prevenir" los asesinatos porque "la Justicia actúa, pero cuando actúa el daño está hecho". Motivo por el que ha defendido los juzgados de lo penal especializados en esta materia, además de una sala de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo especializada.
Igualmente, ha hecho mención a "la importancia y la grave incidencia" que tiene la dispensa de las víctimas de la obligación de declarar recogida en el artículo 416 de la Lecrim porque supone "el mayor motivo" de sobreseimiento o de absolución en todas las causas de violencia contra la mujer. Así, ha aludido a los fallos que se producen tras la reforma de 2021 donde se moduló que una vez hubiera denunciado, la víctima no podría acogerse a la dispensa.
Respecto a la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', ha comentado que lo que "más consecuencias" ha supuesto es "el trabajo que nos ha dado en la revisión de las sentencias" pero "no tiene nada que ver" con que "aumenten o no aumenten los delitos contra la libertad sexual". Otra cosa, ha dicho, son "las dificultades técnicas" al unificar agresión sexual y abuso sexual.
En un momento dado de la comparecencia, la diputada de Vox Ana Vega le ha preguntado por las denuncias falsas de mujeres o denuncias de falso testimonio, a lo que Gisbert ha respondido que son "prácticamente inexistentes". "Absoluciones por este motivo puede que haya alguna, pero nunca porque sea denuncia falsa y prácticamente nunca -un 0,01%-, se deduce testimonio porque la mujer haya faltado la verdad en lo que dice", ha aclarado.
La fiscal superior se ha referido al aumento cada vez mayor de los llamados querulantes (un querellante patológico). Normalmente, esas denuncias las remiten a la sección civil de personas con discapacidad para que se haga un estudio y "para que no se continue con la hipérbole de escritos". "Esas personas están sufriendo. Creen que les vigilan, que les han puesto un chip. La última moda son los 'chemtrails' (las estelas químicas blancas que dejan los aviones en el cielo por la condensación) y que hay quienes atribuyen a una teoría de la conspiración). Ni nos quieren envenenar ni nos echan gases tóxicos, ni es para la lluvia, ni son los indios cantando a ver si llueve", ha indicado la fiscal. "Pero no saben el tiempo que eso ocupa porque tenemos que responder a todos", ha añadido.