Jesús Carrasco (izquierda) y Vicente Torres (centro). Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El nombramiento del hasta ahora fiscal Anticorrupción Vicente Torres como nuevo magistrado por designación parlamentaria del TSJCV ha dejado varias macrocausas huérfanas de acusación del Ministerio Fiscal. Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Económicos capitaneada por Ricardo Olivares se han arremangado y ha hechos suyas las principales casusas que tenía entre manos Torres. Dos eran inminentes, los juicios al exvicealcalde de València Alfonso Grau y al exconseller Rafael Blasco. Para llevar esas causas se ha designado a los dos tótems de la sección.
El propio delegado de Delitos Económicos Ricardo Olivares será la persona encargada de sustituir a Torres como acusación en el primer macrojuicio del año, el que sentará en el banquillo al exvicealcalde de València Alfonso Grau, que se enfrenta a seis años de prisión por un delito de blanqueo y otro de cohecho impropio. Grau tiene señalado el juicio para el 1 de abril. La Fiscalía le acusa de haber recibido regalos de un empresario, en este caso relojes de alta gama que, supuestamente, cambiaba en una conocida joyería por otros más caros para así blanquear dinero negro.
Por otro lado, el también fiscal Anticorrupción y miembro de la Sección de Delitos Económicos Jesús Carrasco será la persona encargada de llevar a juicio al exconseller Rafael Blasco. El siete veces conseller deberá rendir cuentas por otras dos piezas del caso Cooperación. Blasco y otras 23 personas están acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a construirse.
El exconseller, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel y una responsabilidad civil de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat, está tratando de llegar a un acuerdo con las partes que le evite volver a sentarse en el banquillo. Tras la salida de Torres, la posible negociación queda en manos de Carrasco, un fiscal que conoce perfectamente la causa pues llevó el caso junto a Vicente Torres hasta justo antes del primer juicio, que terminó con una condena para el exconseller.
El tercer caso urgente es el conocido como caso Palau, en el que se sentarán en el banquillo la exintendente del Palau de Les Arts Helga Schmidt y otros cuatro acusados por el presunto saqueo del coliseo valenciano.
Los investigados están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental es la tercera macro causa que entrará a reparto de la sección de Delitos Económicos. Este caso aun no tiene fiscal asignado porque el juicio se retrasó hasta finales de año debido a la enfermedad que padece Schmidt, pero se repartirá en breve según las fuentes consultadas por Valencia Plaza.
Los otros dos casos que corren prisa son unas diligencias de investigación penal que acaban de ser judicializadas, que han recaído en una de las dos fiscales del caso Emarsa, y el caso IVAM, que todavía no tiene fiscal pero que tiene que ser designado de inmediato puesto que el caso está casi instruido, lo que implica que en un periodo de tiempo relativamente corto habrá que redactar el escrito de acusación.
En esta causa se investigan las supuestas irregularidades en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) durante la etapa al frente del mismo de Consuelo Ciscar. En ella están imputadas una decena de personas, entre ellas Ciscar y su hijo artista Rafael Blasco Císcar -de nombre artístico Rablaci- por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad. También figuran varios subdirectores generales en el periodo de la investigación y técnicos, así como el administrador de la empresa Logística del Arte.
Más allá de estas causas, otra decena deberán ser repartidas entre miembros de la Fiscalía Provincial. Otras, como la trama del fuego o los dos casos derivados de la Fórmula 1, dependientes íntegramente de Anticorrupción, esperarán a que se nombre un sustituto de Torres para saber quién será la persona encargada de continuar con la instrucción.
