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a raíz de un recurso de cuatro sindicatos minoritarios

La Fiscalía pide al TSJ que estime la demanda contra la ley que blinda las subvenciones a sindicatos y patronal

27/04/2016 - 

VALENCIA. La Fiscalía de Valencia insta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat a que estime la demanda presentada por CSI·F, SI, Intersindical y USO contra el reglamento de la Ley de Participación Institucional, la norma autonómica que blinda las subvenciones públicas a los sindicatos y organizaciones empresariales.

Los cuatro sindicatos mencionados plantearon el pasado mes de noviembre un recurso contencioso administrativo contra el Consell por “vulneración de los derechos a la igualdad y la libertad sindical”. La medida fue adoptada debido a que el reglamento concentra todos sus efectos en UGT y CCOO, sin tener en cuenta la representatividad del resto de fuerzas sindicales, asegura el CSIF en un comunicado.

En aplicación de esta ley, a los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV les corresponden este año 5,2 millones de euros, la misma cantidad que se les asignó en 2015, primer año de vigencia de la ley. Los recurrentes pidieron la suspensión cautelar de la ley para no abonar esas cantidades.

En sus alegaciones, el fiscal recuerda que la Constitución reconoce la libertad de creación de sindicatos y la libertad de estos en el ejercicio de su actividad, "sin que las administraciones públicas puedan interferir o alterar, con su intervención, la libertad o igualdad en el ejercicio de su actividad sindical o discriminar a algún sindicato de modo arbitrario o irrazonable”.

Además, recuerda que el Tribunal Constitucional estableció en sentencia que la promoción de los trabajadores se atribuye por la Constitución "a todos los sindicatos sin distinción, por lo que toda actuación de la Administración injustificadamente limitada a los sindicatos más representativos incidirá en el orden competitivo”.

En su recurso de interposición, los cuatro sindicatos recurrentes destacaban “el trato injustificadamente diferenciado a los sindicatos más representativos”, y señalaban que el Consell les otorga “beneficios económicos que son privilegios exorbitantes, por los que se sitúan en mejor posición, lo que rompe cualquier principio de competitividad igualitaria”.

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