Economía aprobó fuera de plazo el reglamento de la Ley de Participación Institucional

VALENCIA. El desarrollo de la Ley de Participación Institucional, la norma que blinda las subvenciones a los agentes sociales mayoritarios y que ha sido recurrida por los sindicatos que quedan fuera del reparto de esas ayudas, va camino de convertirse en uno de los mayores quebraderos de cabeza para la Conselleria de Economía. El reglamento que desarrolla esa ley, cuyo retraso ha sido criticado con contundencia por las organizaciones receptoras de los fondos (Cierval, CC OO y UGT), fue aprobado por el departamento que dirige Rafael Climent fuera del plazo fijado por la propia ley, lo que dejaría la puerta abierta a nuevos recursos.

La Ley de Participación y Colaboración Institucional fue aprobada en Les Corts en la recta final de la pasada legislatura con el voto a favor de todos los partidos excepto Compromís -coalición de la que procede Climent-, que se abstuvo. La norma, que compensa económicamente a los agentes sociales más representativos por su participación en órganos colegiados de la administración, fue aplaudida de forma unánime por la patronal autonómica Cierval y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, a quienes este año les corresponden en conjunto 5,2 millones de euros.

La Ley fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat el pasado 2 de abril con la firma del expresidente Alberto Fabra. En su disposición final segunda se autorizaba al Consell para que, en el plazo de seis meses desde la publicación de la ley, aprobase su desarrollo reglamentario, requisito imprescindible para poder aplicarla y, por tanto, proceder al reparto de los fondos.

Cierval ya advirtió en septiembre del riesgo de que no se llegase a tiempo

Con la llegada del nuevo Consell, la demora en la ratificación del reglamento ha generado una inquietud creciente en las organizaciones beneficiadas. El propio conseller, en medio del proceso, expresó públicamente su opinión contraria al reparto previsto en la ley, por lo que las citadas organizaciones sospechan de un retraso deliberado.

A finales de septiembre, a pocos meses de que expirasen los seis meses de plazo previstos, Cierval advirtió del riesgo de que no se llegase a tiempo. Mediante un comunicado, la junta directiva de la patronal expresó su "preocupación" por el agotamiento de los plazos máximos establecidos en la propia ley.

Pese a ello, el texto aún se hizo esperar. El reglamento fue aprobado finalmente por la Conselleria de Economía Sostenible mediante el decreto 191/2015 de 23 de octubre, 21 días después del periodo máximo fijado. Esta circunstancia dejaría la puerta abierta a un nuevo recurso contra el mismo, que ya ha sido objeto de un primer recurso por parte de CSI·F, USOCV, Intersindical Valenciana y SI que acaba de ser admitido a trámite por el TSJCV.

Tal y como ha venido publicando Valencia Plaza, tanto la aprobación del reglamento como la posterior liberación del 50% de los fondos pendientes han sido objeto de diferentes retrasos durante la tramitación de los mismos por parte de la Conselleria de Economía, que ha justificado la demora en la petición de informes adicionales a la Abogacía de la Generalitat o a la Intervención antes de pagar. Las organizaciones que están pendientes del cobro ven relación entre este retraso y la oposición de Rafael Climent al desarrollo de una ley que le viene heredada.

Sin ir más lejos, el secretario general de CC OO-PV, Paco Molina, lamentaba en una reciente entrevista con este periódico la gestión de este asunto por parte de la Conselleria de Economía. "Tuve la ocasión hace pocos días de manifestarle a la cara al conseller de Economía, Rafael Climent, una reflexión, y es una reflexión que no es personal -que también- sino que está instalándose en nuestra organización, lo cual nos preocupa: o hay una clara intencionalidad política en retrasar esta circunstancia o hay una manifiesta incompetencia para sacar un reglamento adelante", señaló Molina.

Intersindical estudia pedir la suspensión

Intersindical, uno de los sindicatos que ha recurrido el reglamento de la norma por el trato "injustificadamente diferenciado" a los sindicatos más representativos, anunció este miércoles que el TSJCV ha admitido a trámite ese recurso.

A juicio de estas organizaciones, el Consell otorga a UGT y CC OO "beneficios económicos que son privilegios exorbitantes, por los cuales se sitúan en mejor posición, lo que rompe cualquier principio de competitividad igualitaria".

El recurso alerta de la vulneración de los artículos 7.18 y 28.1 de la Constitución. Fuentes de Intersindical explicaron este miércoles a Valencia Plaza que en los próximos días decidirán si se solicita la suspensión cautelar del reglamento recurrido. Por el momento, Cierval, UGT y CC OO ya han cobrado el 50% de los 5,2 millones previstos para todo 2015.