La Fiscalía pide que Sánchez de León vuelva a declarar como testigo en el caso Valmor

VALENCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que cita a la ex vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, para que vuelva a declarar como testigo en la investigación del caso Valmor. La solicitud llega después de que la exconsellera de Turismo Lola Johnson, declarase recientemente ante la jueza que instruye el caso de la Fórmula 1 a petición propia que la responsabilidad de la compra de Valmor fue de vicepresidencia de la Generalitat.

Es decir, de José Ciscar, Vicente Rambla y Paula Sánchez de León, quienes eran plenamente conocedores de la situación real de Valmor desde 2008, cuando los responsables de la empresa explicaron su preocupación ante las pérdidas económicas que suponía el evento deportivo, según la declaración de la exconsellera de Turismo.

La petición de la Fiscalía se produce después de la declaración a petición propia en el juzgado de la exconsellera de Turismo Lola Johnson, investigada en este caso. Johnson, en su comparecencia del pasado 15 de junio, afirmó que fue el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra quien dio la orden de comprar Valmor y que ofreció todos los detalles sobre la decisión al resto de miembros del Consell en diciembre de 2011.

Asimismo, indicó que todo el proceso relacionado con la F1 lo capitaneó Vicepresidencia del Consell --cargo que ocuparon Vicente Rambla, José Ciscar y la propia Sánchez de León-- ya que era este departamento quien se encargaba "transversalmente" del asunto y tenía las competencias.

En su declaración, según señalaron fuentes conocedoras, fijó en octubre de 2011 la celebración de una reunión en Vicepresidencia convocada por la exconsellera Sánchez de León, solicitada por Valmor, donde la empresa reconoció que atravesaba una mala situación y que necesitaba una solución, lo que llevó finalmente a la compra.

En su declaración ante Fiscalía como testigos tanto Sánchez de León como José Ciscar señalaron que Johnson no informó de que Valmor tuviera deudas cuando se planteó su compra al pleno del Consell por la cantidad simbólica de un euro, asumiendo la deuda millonaria que la mercantil arrastraba.