Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Fiscalía ha presentado un recurso contra la sentencia del conocido caso Alquería, por la que la Audiencia de Valencia absolvió al expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y a los otros trece acusados. A todos ellos los exculpó de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental que les atribuían la Fiscalía y las acusaciones (Acción Cívica contra la Corrupción y el PP).
La investigación, coordinada por el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y Anticorrupción, se centraba en las contrataciones supuestamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra –anteriormente Imelsa–, encargada de la gestión de las brigadas forestales y actualmente liquidada.
Tras las elecciones de 2015 y con la entrada del PSPV y Compromís en la Diputación, los dos cogerentes –Josep Ramon Tíller y Agustina Brines– diseñaron una nueva estructura para la empresa que plasmaron en un organigrama con áreas de dirección. Cada una de ellas fue ocupada por una persona de confianza de los partidos en un reparto equilibrado entre ambas formaciones según representación. Así, formalizaron a partir de noviembre de 2015 la contratación, como personal de alta dirección, de siete personas sin que la selección se sometiera a los principios de publicidad y libre concurrencia. Hubo varios informes en contra.
Para los responsables de los contratos, estas personas reunían las condiciones y conocimientos precisos para el desempeño del puesto de trabajo y sus salarios se ajustaban a la legalidad. Pero los investigadores de la causa no lo consideraron así y sostuvieron que la cobertura de las áreas con perfiles afines a los partidos políticos y, específicamente, a Jorge Rodríguez –quien dijeron que tenía conocimiento de todo– supuso un perjuicio para las arcas públicas. El magistrado, en su auto de procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), lo cifró en 1,1 millones de euros y de ahí el presunto delito de malversación. En su opinión, se infringió la legalidad en la "cabal y correcta aplicación de los fondos públicos" sin que se cumplieran los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El juicio sobre estos hechos, que fueron negados por todos los investigados a lo largo de las sesiones y por los que la Fiscalía y las acusaciones pedían 8 años de prisión para algunos de ellos, finalizó el pasado noviembre. En mayo llegó la esperada sentencia, dos días después de las elecciones y con absoluciones al completo al entender la Audiencia de Valencia que no se cometió ningún delito.
"No podemos tener como acreditado que la nueva estructura de Imelsa, con la creación de nuevas áreas, obedeciera a la necesidad o voluntad de contratar a determinadas personas como una forma de pagar favores o conceder prebendas. Consideramos, más bien, que el orden fue inverso. Se dotó a Imelsa de una nueva estructura que, con más o menos acierto, no estamos en condiciones de valorarlo, se consideró más eficaz para el cumplimiento de los fines sociales. Se buscaron personas que fueran capaces para el desempeño y, no menos importante que su capacidad, formación y profesionalidad, que pudieran merecer la confianza del equipo directivo. No es extraño que estas personas fueran políticamente próximas a los partidos del gobierno de la Diputación y del gobierno de Imelsa, pues, en definitiva, se trataba de desarrollar acciones que, dentro del objeto social de la mercantil, tienen un marcado carácter político, pues la empresa no es sino un ente instrumental de la Diputación para la implementación de sus políticas", señalaba la sentencia.
Las acusaciones de Acción Cívica y del PP han renunciado a presentar recurso. Pero la Fiscalía sí lo ha hecho.
