Luisa Salvador, alcaldesa de El Puig de Santa María. Foto: ESTRELLA JOVER.VALÈNCIA. La Fiscalía considera que existen "indicios de la comisión de delito de prevaricación" contra Luisa Salvador, alcaldesa de El Puig de Santa María, por lo que estima oportuno continuar con el procedimiento judicial por este supuesto delito. A su vez, el órgano superior solicita que se siga instruyendo el caso por "presuntos delitos de malversación" contra la acusada.
El juzgado de primera instancia nº 3 de Massamagrell ha asumido la tesis de la Fiscalía, de modo que la primera edil socialista podría sentarse en el banquillo, ya que se está a la espera de que dicte el auto de procedimiento abreviado.
Así, para la continuidad del proceso, el fiscal ha pedido la copia del expediente sobre la revocación de la anterior interventora municipal, el histórico penal de la alcaldesa y la certificación del acta de admisión de la funcionaria, "informando si la incorporación fue efectiva y su duración, o en su caso, se produjo inmediato cese en el puesto". Lo último que se sabía de la causa era que la primera edil había declarado como investigada el pasado mes de febrero en los juzgados de Massamagrell.
Los hechos se iniciaron el año pasado, cuando el Partido Popular y Ciudadanos denunciaron a Salvador por presunta prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Ambas formaciones acusaban a la alcaldesa del PSPV-PSOE de revocar la comisión de servicio de la interventora municipal tras ésta informar de presuntas irregularidades en el pago a un trabajador del ayuntamiento "por productividades que no se justificaban". Tanto los populares como los naranjas apuntaban que la alcaldesa pidió a la interventora que cambiara el informe y, al negarse, el gobierno local decidió no renovar su comisión de servicios.
Desde el equipo de gobierno de Salvador alegaron que la interventora no continuaba con la comisión porque ya llevaba más de dos años en el cargo y que "hay una sentencia que va en contra de que este tipo de comisión de servicios se prolonguen tanto", de modo que negaron que su cese estuviera relacionado con el parte.
En el informe se explicitaba que se había llevado a cabo "el abono de horas extraordinarias, gratificaciones y productividades de una forma irregular, en ocasiones sin justificación horaria, en otras ocasiones sin justificación de los informes técnicos preceptivos o en su caso no ajustados a lo que establece la ley" durante el ejercicio 2018. Fue a partir de este hecho cuando el grupo popular y el de Ciudadanos recurrieron a la Fiscalía. Ahora, les ha dado la razón, por lo que la investigación contra la primera edil de El Puig continuará.
