La Generalitat abrirá una consulta para regular las VTC con un decreto-ley sin indemnizaciones

VALÈNCIA. (EP). La Generalitat ha trasladado a las asociaciones del taxi de la Comunitat Valenciana que abrirá una consulta pública para abordar la regulación de las licencias de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) a través de un decreto-ley del Consell, con medidas que "no supongan indemnizaciones a ninguno de los sectores afectados".

Así lo ha explicado el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, a representantes de la Asociación Gremial de Auto-Taxis de Valencia, la Confederación de Autónomos del Taxi, USO, Asociación de Taxistas de la Comunitat Valenciana, la Asociación Empresarial de Auto-Taxis de la Comunitat Valenciana y Élite Taxi.

El objetivo es "hacer todo lo que está en la mano de la administración para restablecer el equilibrio roto entre las licencias de taxi y las de VTC", ha subrayado el responsable autonómico de Transporte, informa la Generalitat en un comunicado.

Para ello, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, publicará en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) una consulta previa para solicitar la opinión y participación de las organizaciones más representativas del sector y así estudiar las actuaciones que se pueden realizar.

En este contexto, el directo general ha subrayado que la Generalitat "velará por la seguridad jurídica y aplicará medidas que no comporten ningún tipo de indemnización para ninguno de los sectores afectados".

"El desequilibrio producido en este sector puede incidir en el deterioro general en la prestación del servicio y un incremento de los problemas de movilidad por la congestión del tránsito y ambientales", ha afirmado Domingo, una situación que la Generalitat quiere evitar para "velar por el interés general de los usuarios para poder garantizarles un servicio de calidad".

Cabe recordar que el decreto-ley impulsado por el Gobierno central ha habilitado a las autonomías a actuar en la gestión de las VTC de ámbito inteurbano y a los ayuntamientos a abordar esta cuestión en el urbano. De esta forma, el Ejecutivo habilita a las comunidades a modificar ciertas condiciones de explotación de las VTC en relación a las condiciones de precontratación, captación de clientes, solicitud del servicio, recorridos mínimos y máximos, servicios horarios obligatorios y especificaciones técnicas de vehículos.

El mismo decreto reconoce a los ayuntamientos su competencia en todo lo que tenga relación con los servicios de VTC en el ámbito urbano, sobre dominio público viario gestión del tránsito urbano o protección del medio ambiente.