La Generalitat busca liderar un 'lobby' en Bruselas para defender la agricultura mediterránea

BRUSELAS. Mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunía en Bruselas con la comisaria de Comercio Internacional, Cecilia Malmström, a escasos metros, en la plaza Schuman, un grupo de agricultores belgas protestaba contra el Tratado de Comercio con Mercosur, que liberará de aranceles europeos los productos alimentarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Precisamente este es el motivo por el que el president visitó este jueves a la comisaria de Comercio Internacional de la Unión Europea. En la reunión, estaba presente también el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, con quien la Generalitat tiene muy buenas relaciones.

La preocupación porque este Tratado comercial acabe por arrinconar la maltrecha producción citrícola valenciana ha movido también al Gobierno valenciano a proponer una "conferencia internacional" entre los países productores de cítricos del sur de  la Unión Europea que suponga el comienzo de un lobby agrícola ante las instituciones europeas.  Se trataría, explicó Puig, de una "alianza entre países con problemas comunes" y que contaría con el apoyo e impulso de la Comisión Europea. "Necesitamos que haya un planteamiento general de defensa de la agricultura mediterránea", declaró Puig a la prensa ante las puertas del edificio de la Comisión. Y añadió que "se necesitan soluciones integrales más allá de Mercosur", puesto que "el sector de los cítricos se ve acosado por distintas cuestiones".

En este sentido, el president recordó el "daño" que ha hecho al campo valenciano, en la reciente campaña, la rebaja de aranceles de la naranja sudafricana. También señaló Ximo Puig el peligro procedente de los cítricos procedentes de Egipto, en especial, que no cumplen con las garantías que se les exigen para entrar en el mercado europeo. También alertó de la falta de control en el puerto de Rotterdam, puerta de todos los productos agrícolas en la Unión, procedentes de terceros países. "Creemos que no hay suficiente vigilancia en las aduanas de Rotterdam", lamentó Puig, que añadió que la falta de vigilancia pone en riesgo la reciprocidad entre países exportadores e importadores.

De otro lado, Puig tampoco quiso olvidar "el veto ruso a las naranjas" y otras frutas mediterránea, debido a las sanciones de la Unión Europea por la invasión de Crimea. El cierre de este mercado ha supuesto un daño añadido a las exportaciones de cítricos valencianos, además de la dificultad para reclamar compensaciones ante la Unión por parte de una representación de productores agrícolas valencianos completamente dividida. Esta es una tarea que queda pendiente y a la que puede coadyuvar la Ley de Estructuras Agrarias.

Existe el temor de que el Tratado con Mercosur, anunciado hace una semana tras casi 20 años de negociaciones, termine por arrasar la producción citrícola y ganadera europeas ante la falta de competitividad respecto de los productos norteamericanos, con menos costes labores y escasas garantías fitosanitarias, además del uso de hormonas. El proceso de ratificación de los Estados, no obstante, aún tiene un margen de dos años para introducir enmiendas y salvaguardas que sirvan de garantía a los productos valencianos.

No propondrá un veto

El President Puig afirmó que no se plantea proponer al Estado español el veto a este acuerdo, que ha sido bien acogido tanto por la patronal valenciana como por la Cámara de Comercio de Valencia a pesar del castigo a la agricultura. "No estamos con un planteamiento de veto en nada, sino para iniciar campañas proactivas en defensa de los cítricos y de su consumo, tanto interno como externo". 

Esta es la principal preocupación que trasladó el president Puig a la comisaría Malsmtröm, quien presumiblemente dejará su cargo el próximo mes de octubre, cuando se elija el nuevo gobierno de la Comisión Europea. Tanto la comisión, como el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de cada Estado miembro deberán ratificar el Tratado antes de que entre en vigor, probablemente en 2021.

Por último, tras la reunión de Puig con el director de la Agencia Europea para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME, en inglés), se acordó que Valencia acogería en junio de 2020 el encuentro español de la Red Europea de Empresas. Según la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, que acompañó al president junto con el secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat, Joan Calabuig, "hay 11.000 millones de euros presupuestos por la Unión Europea para los próximos siete años para el sector de la pequeña y mediana empresa".