VALÈNCIA. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado que la Generalitat Valenciana confía en llegar a un "acuerdo satisfactorio" con el Gobierno en sus discrepancias a la Ley autonómica de Presupuestos de 2019 y la conocida como ley de acompañamiento a estas cuentas, en relación a varios cambios incluidos para "garantizar unos mínimos indispensables" a los funcionarios.
Así lo ha afirmado en su comparecencia en Les Corts, a petición del PP, para explicar los acuerdos alcanzados entre el Estado y la Generalitat. Soler ha descartado la urgencia de dar explicaciones en verano sobre un "trámite casi sistemático desde hace años" y ha hecho hincapié en el cumplimiento de "la más estricta legalidad".
Respecto a las comisiones bilaterales, ha defendido el "deber general de cooperación" al que están sometidos el Gobierno y las comunidades como "un procedimiento habitual y voluntario para evitar la conflictividad procesal". En el caso de la Comunitat, "siempre lo ha utilizado de forma efectiva, llegando a acuerdos con el Estado cuando ha habido alguna discrepancia", mientras ha criticado la falta de diálogo y negociación de anteriores gobiernos del PP.
En primer lugar, el titular de Hacienda ha explicado las "apreciaciones técnicas" formuladas por el Gobierno en marzo a la Ley 27/2018 de Medidas Fiscales de la Generalitat -la conocida como ley de acompañamiento-, en relación a modificaciones en los artículos 40 (coordinación de policías locales), 69 (ley de caza) y 70 (medidas administrativas), así como en la disposición adicional quinta del plan de salud bucodental.
Este grupo Estado-Generalitat se reunió el 25 de junio para estudiar los aspectos técnicos de la norma, hasta llegar a un acuerdo hace una semana, el 16 de junio. Sobre el artículo de policías locales, Soler ha situado las discrepancias en el real decreto de jubilación anticipada y la necesidad de cubrir las plazas vacantes, con el objetivo de que los ayuntamientos pudieran nombrar funcionarios interinos de forma temporal, hasta final de año y sin poder llevar armas de fuego.
Frente a ello, ha vuelto a cargar contra la negativa de "PP, Ciudadanos y los independentistas" al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 y a la tasa de reposición de policías locales pudiera superar el 115%. También ha insistido en la voluntad del Consell de que sean cuerpos profesionalizados, para lo que en julio aprobó el decreto de selección con reserva de puestos para mujeres.
En los cambios en la ley valenciana de caza, el nuevo artículo pretendía dar respuesta al aumento de aves migratorias, ante lo que el conseller ve "fácil solución" por la moratoria temporal de la caza de estas especies que establece desde 2018 el Plan de Acción Europeo de la Tórtola.
En el artículo 70 de tasas, los cambios pretendían regular las sanciones de calidad agroalimentaria, de forma "literal" al decreto de 1996. Ante un posible "solapamiento" de la norma autonómica sobre la posterior estatal de 2015, la Generalitat consideró que se podía reevaluar la regulación y establecer las infracciones "en una futura ley de calidad agroalimentaria, siempre dentro del respeto de competencias".
Y en cuanto al plan bucodental, las modificaciones del Consell pretendían igualar los complementos específicos de los odontólogos de las unidades de apoyo en Atención Primaria a los de los especialistas, "una mejora salarial para recompensar su labor, muchas veces no reconocida". Sin embargo, el Estado determinó que "no era posible aplicarlo por razones técnicas presupuestarias", al superar el límite de incrementos salariales del 2,25% tras la prórroga de los PGE de 2018.
En segundo lugar, ante las discrepancias a la Ley 28/2018 de Presupuestos de la Generalitat para 2019, el titular de Modelo Económico ha vuelto a achacar la postura del Ministerio de Hacienda a "apreciaciones técnicas", lo que motivó la apertura de una comisión "dentro de los tiempos habituales", con una reunión la semana pasada. "Las dos administraciones han puesto de manifiesto la buena disposición de llegar a un acuerdo satisfactorio", ha aseverado.
La sesión se centró en el artículo 34 (retribuciones del personal público), mediante el que "autorizar excepcionalmente incrementos salariales adicionales" a entidades como Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), una empresa que Soler ha lamentado que "sufrió consecuencias dramáticas con los anteriores gobiernos del PP" mientras el Consell aprobó la Ley de Seguridad Ferroviaria "tras el grave accidente de metro de 2006" en València que dejó 43 muertos y 47 heridos.
Ha prometido que el Botànic "continuará buscando fórmulas para unas retribuciones salariales justas", ya sea para ampliar plantilla o mejorar el servicio nocturno o la frecuencia de Metrovalencia y el TRAM d'Alacant, con el fin de "asegurar los mínimos indispensables" en funcionamiento y seguridad.
La comisión también ahondó en la disposición 11 de pago atrasado de la Ley de Presupuestos, una figura a la que "la Generalitat ha recurrido desde finales de los años 90 hasta 2011", cuando "muchos de estos contratos continúan todavía en vigor, generando obligaciones de pago", ha criticado el conseller en referencia al anterior Consell del PP, con "gastos de contratos de obra con cláusulas de pago atrasado por 532.986 euros que continúan lastrando los presupuestos".
La disposición 26, de carrera profesional horizontal de funcionarios universitarios, se introdujo en 2014 como una medida de "justicia social", de forma progresiva hasta llegar al 100% en 2019. Y en cuanto a la 30 (complementos específicos de médicos forenses), el incremento quedó absorbido en abril por la distribución del 0,25% de masa salarial adicional, con 270.000 euros destinados a la Conselleria de Justicia, por lo que "el Ministerio no tendrá ninguna objeción".
De forma global, Soler ha remarcado que la reunión Estado-Generalitat tuvo lugar la semana pasada y que el trabajo conjunto continúa, mientras ha cargado contra el PP por "bloquear instrumentos para resolver los problemas de los valencianos" y que lo haga "con un historial como el suyo". Ha añadido que las discrepancias del Gobierno ahora son técnicas cuando en anteriores etapas eran "ideológicas".
Por parte de los 'populares', el diputado Rubén Ibáñez ha lamentado que "la ficción seguirá en las cuentas valencianas" al seguir como conseller de Hacienda y ha criticado que comparezca en verano cuando lo pidieron el 25 de abril. A esto ha sumado que "es el segundo año que pasa lo mismo en las dos leyes, con unos presupuestos absolutamente hinchados" por la partida reivindicativa de 1.325 millones para el cambio de financiación autonómica.
A pesar de ello, ha asegurado que en el Consell "han pasado de la reivindicación a la sumisión ante Pedro Sánchez y se han quedado absolutamente sin voz". "A (Ximo) Puig -'president'_se le hace la boca pequeña y no se le oye; pero también es un problema de Compromís, tan dados a gritar con fuerza a la hora de defender lo valenciano", ha enfatizado.
Por ello, el grupo del PP ha registrado este mismo martes en Les Corts una Proposición No de Ley (PNL) para que sea obligatorio que los miembros del Consell rindan cuenta de las comisiones bilaterales con el Gobierno, al inicio y al final, para que "las leyes no se cierren por la puerta de atrás".
