VALENCIA, (EP). La Generalitat ha detectado que la anterior Conselleria de Infraestructuras, Transporte y Medio Ambiente del Consell del PP recibió del Ministerio de Fomento 16,5 millones de euros en ayudas a la vivienda que nunca se han pagado a los beneficiarios.
La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, ha lamentado que "tras encontrar en los cajones y sin resolver miles de expedientes de ayudas a la vivienda por un importe de 60 millones" se ha trabajado para sacar a la luz "todo lo que hay detrás de todo este desbarajuste" y se ha constatado que el anterior equipo dirigido por la consellera Isabel Bonig "justificó indebidamente ante el Ministerio ayudas por importe de más de 16,5 millones".
Una cifra que, ha asegurado Torró, "es provisional, desgraciadamente" ya que se siguen analizando los datos y "es previsible que aumente". Asimismo, ha denunciado que se trataba de "expedientes de ayudas a personas que aún no han visto ni un euro, pero que la anterior consellera justificó ante el Ministerio como resueltos y pagados".
Ha indicado que la conselleria dirigida por Bonig justificó ante el Ministerio 7,8 millones de euros "con las famosas resoluciones 501, sobre las que, en ese momento, el Gobierno valenciano del PP ni había reconocido el derecho, ni había pagado, ni iba a pagar nunca". De hecho, estas resoluciones fueron reconocidas por la consellera María José Salvador en los primeros días del nuevo Gobierno.
Por otro lado, también se ha comprobado que otros 8,7 millones de euros se justificaron con expedientes que los servicios territoriales de la conselleria dejaron de tramitar ante la instrucción de la anterior consellera de denegarlos, cualquiera que fuera la fase en que se encontraba la tramitación, ha dicho. Es decir, "se justificó con expedientes que no tenían resolución de concesión de ayuda y menos aún que estuvieran pagados".
Por todo ello, la Conselleria de Vivienda ha remitido toda esta nueva información a Intervención General para que sea valorada y determine las actuaciones que deban llevarse a cabo para la defensa de los intereses públicos, incluyendo, en su caso, la exigencia de responsabilidades por parte de quien haya podido ser responsable de cualquier actuación irregular.
Estas ayudas corresponden a la promoción de viviendas protegidas en venta y alquiler, ayudas a inquilinos, adquisición de vivienda, rehabilitación y suelo, que están incluidas en los planes estatales de los periodos 2005-2008 y 2009-2012. De hecho, el Ministerio y la Generalitat firmaron un convenio en el que se establecía una cofinanciación de las ayudas entre las dos Administraciones.
En los convenios firmados se especificaba que el Ministerio ingresaría anticipadamente la parte de las ayudas previstas correspondientes a su aportación y que, posteriormente, la Generalitat justificaría el pago efectivo de las mismas, una vez pagadas las ayudas.
En este sentido, Rebeca Torró ha destacado que "mientras la anterior consellera firmaba la instrucción para resolver desfavorablemente las ayudas o no las reconocía, se estaban utilizando estos mismos expedientes para justificar el dinero recibido ante el Ministerio y se estuvieron justificando indebidamente casi hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno valenciano, de hecho, la última reunión fue 10 días antes de la toma de posesión del nuevo president".
Por ello, la directora general de Vivienda se pregunta "dónde está el dinero recibido por el Ministerio para unas ayudas que nunca llegaron a los ciudadanos, muchos de ellos en una situación desesperada".
Para Torró, "lo más grave de todo es que no han cobrado, pero su dinero sí que los transfirió el Ministerio a la Generalitat. Aunque resulten sorprendentes sus expedientes sin respuesta, fueron utilizados por la anterior consellera para pedir y para cobrar un dinero que nunca lo han utilizado para pagar las ayudas a la vivienda".
"Estamos ante un caso sangrante, producto de la caótica y negligente gestión del PP valenciano y que va a tener, seguramente también, consecuencias económicas muy graves para la castigada Hacienda valenciana".
