La Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo da a conocer las funciones que tendrá este órgano y que se activará el próximo año
VALENCIA. La Generalitat ha decidido impulsar una Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), que tendrá por objeto garantizar esta libertad ciudadana reconocida tanto en el Estatut d'Autonomia como en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). El órgano se pondrá en funcionamiento en 2017. Este anuncio se ha realizado en el marco de la celebración del Día de los Derechos Lingüísticos de las valencianas y de los valencianos, que será el próximo domingo 4 de diciembre.
El Estatut d'Autonomia y la LUEV explicitan el derecho de la ciudadanía a usar cualquier de las dos lenguas oficiales y el derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación por utilizarlas. También la ‘Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias’ compromete a facilitar y promover, en diferentes ámbitos de la vida pública y privada, el uso de las lenguas que las distintas comunidades autónomas con lengua propia diferente del castellano del Estado reconocen como oficiales.
El director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, ha explicado que “la creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos viene dada por el contexto de desequilibrio lingüístico que sufre el valenciano y que se ve reflejado en las quejas de personas que sufren un agravio por usar su lengua que anualmente registran y tramitan instituciones de carácter público y entidades cívicas” y ha añadido que “la ODL, servirá de canal para enmendar los hechos objeto de denuncia y ayudará a restablecer en la sociedad la normalidad de usos que corresponden al valenciano como lengua oficial”.
La ODL atenderá las quejas y las sugerencias que se formulen en materia de derechos lingüísticos. Con esta finalidad, ofrecerá a la ciudadanía un mecanismo que resuelva sus demandas de una manera ágil y eficaz, frente a los recursos administrativos o la vía judicial. Esto será sin perjuicio de que pueda utilizar otras vías previstas en el ordenamiento, y que además atienda situaciones de discriminación lingüística que ultrapasen el ámbito de los usos administrativos. Para tramitar estos escritos, la ODL asumirá el papel de mediadora entre la parte reclamante y la parte que ha originado los hechos denunciados, poniéndose en contacto, no solo con las instituciones públicas sino también con las personas físicas y jurídicas de carácter privado que han perjudicado con su actuación los derechos de la ciudadanía, para que tengan ocasión de enmendarla. Además, en una segunda fase, la ODL ofrecerá en la parte infractora el apoyo y los recursos adecuados para evitar que este tipo de comportamientos se reproduzcan en el futuro.
La ODL atenderá tres tipo de peticiones: los escritos que la ciudadanía presenta en la ODL para hacer saber que sus derechos lingüísticos han sido vulnerados; sugerencias de la ciudadanía con la intención de contribuir a la salvaguardia de los derechos lingüísticos en la sociedad y, especialmente, para mejorar la atención lingüística de los servicios; y consultas para obtener asesoramiento sobre los derechos lingüísticos y sobre la normativa que los ampare.
Hay que señalar que la ODL elaborará una memoria anual sobre sus actuaciones y también sobre el número y la naturaleza de las quejas, las sugerencias y las consultas que recoge, tramita y resuelve, de la que dará cuenta al Consell de la Generalitat, a las Cortes Valencianas y al conjunto de administraciones públicas con sede en la Comunitat Valenciana. La memoria tendrá carácter público y estará disponible para la ciudadanía en soporte digital.