VALÈNCIA, (EP). La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha iniciado el desarrollo normativo de la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en la Comunitat Valenciana, conocida como 'ley trans', según ha indicado el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, tras la reunión de trabajo preparatoria.
Así se pone en marcha el proceso participativo entre las diferentes consellerias implicadas para establecer criterios e indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la ley y garantizar los derechos de igualdad y no discriminación de las personas trans.
A la reunión han asistido representantes de la Administración autonómica con competencias en los temas a tratar, concretamente, de las áreas de Igualdad e Inclusión, de la Agencia de Seguridad y Emergencias, de la Abogacía, de Hacienda, de Justicia, de Educación e Investigación, de Cultura y Deporte, de Sanidad y Salud Pública, y del Servef.
En la reunión de trabajo se ha establecido el contenido de la ley que debe desarrollarse en el decreto de reglamento, así como los indicadores por artículo para preparar el documento que sirva para realizar la evaluación del cumplimiento de la norma.
Asimismo, se han tratado las medidas contempladas en la ley que implican gastos y se deben presupuestar en el ejercicio siguiente a la entrada en vigor, es decir, en el presupuesto de 2018.
En la reunión, además, se ha abordado la nueva Ley LGTBI, iniciando el proceso para incluir propuestas y contenidos de forma transversal entre las diferentes consellerias y departamentos de la Generalitat.
La Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género Trans en la Comunitat Valenciana, aprobada el 30 de marzo en les Corts y publicada el pasado 11 de abril, es la primera ley elaborada por el equipo de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en colaboración con las consellerias con competencias en educación, sanidad, justicia y trabajo.
En la ley se regula el reconocimiento legal del derecho a la identidad de género de toda persona en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales y, como concreción de dicho reconocimiento, garantiza que no se las patologice.
La norma regula los derechos de las personas trans en ámbitos tan diversos como el educativo, el sanitario, el social o el administrativo con la finalidad de establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento de su nacimiento.
