La Generalitat insta a la calma ante la suspensión de la ley de atención sanitaria a ‘sin papeles’

VALENCIA. Apenas 24 horas después de la ansiada reunión del president, Ximo Puig, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Tribunal Constitucional anunció la suspensión cautelar de la atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’, al admitir a trámite el recurso del Ejecutivo sobre la ley de sanidad universal valenciana.

Tras el varapalo que supone esta decisión para el Consell de Puig y para las personas en situación irregular –cerca de 5.400 se han beneficiado desde la implantación de la medida- el gobierno valenciano trata de tranquilizar los ánimos. Desde la Generalitat aseguran que se buscarán otras vías para garantizar que las personas en situación irregular sigan siendo atendidas por el sistema sanitario valenciano, aunque por el momento no ha adelantado el marco legal.

Sí explicó el president que mientras se estudia el camino legal dará la orden para que todos los centros sanitarios continúen atendiendo a todas las personas como se ha hecho hasta ahora. A efectos prácticos los inmigrantes 'sin papeles' no tendrán problemas para ser atendidos en los centros de salud, aunque se desconoce qué ocurrirá con las tarjetas sanitarias.

La medida de la consellería de Sanidad implica la asistencia en centros de salud, atención en hospitales y el tratamiento farmacológico, como al resto de usuarios del sistema de salud público valenciano.

Según aseguran desde la Generalitat, la suspensión afecta al marco legal, no a la prestación del servicio. Es decir, el TC estudiará si el decreto ley aprobado por el Consell invade las competencias del Gobierno estatal, no la atención sanitaria. Se trata de un problema de forma y no de fondo. El delegado de Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, instió en que desde Moncloa se planteó este recurso por una cuestión de competencias, al entender que es al Ejecutivo central a quién corresponde “por la Constitución” establecer a quién se presta el servicio y las prestaciones.

Puig también advirtió que la primera medida que tomará el Consell al respecto será recurrir esta decisión del Constitucional que se dio a conocer un día después de su reunión con Mariano Rajoy.

Mientras tanto, el Consell estudiará una nueva fórmula legal para regular la atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’. Aunque el recurso del Constitucional no ha pillado desprevenido al gobierno bipartito. Según el president, la suspensión ya se veía venir desde que el Gobierno central interpuso el recurso -sabían que "iba a llegar esta sentencia", declaró Puig- así que ya habían puesto a trabajar la maquinaria de Sanidad para que no causara problemas a los afectados.

Poco duró el optimismo del encuentro con el presidente, ya que la decisión del Alto Tribunal supone suspender una de las primeras medidas del nuevo Consell que preside Puig: devolver las tarjetas sanitarias a más de 30.000 personas inmigrantes, tres años después de que el gobierno del PP nacional dejara fuera del sistema a las personas inmigrantes irregulares.

Siguiendo la línea analgésica, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, recordó que el decreto ley de universalidad de la atención sanitaria fue avalado por la Abogacía General de la Generalitat y fue validado en Les Corts "con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios” y ningún voto en contra.

Además, el Consell se apoya en los casos de Navarra y País Vasco, en los que el Ejecutivo de Rajoy también recurrió normas similares ante el Constitucional, pero que finalmente levantó la suspensión reconociendo el derecho de toda persona a recibir una atención sanitaria integral.